La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez del caso Neurona reabrir la línea de investigación al partido político Podemos por si destinó parte del dinero de su Caja de Solidaridad, oficialmente destinada a fines sociales, a pagar gastos de algunos miembros del partido "para operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos".

Dicha caja se compone de las donaciones que los cargos electos del partido, por normativa interna, donan de su sueldo. El abogado José Manuel Calvente, expulsado de la formación y denunciante de las presuntas irregularidades internas que dieron pie a la apertura de una causa por presunta financiación irregular contra el partido de Pablo Iglesias, alertó en su denuncia de la asignación de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad a una asociación denominada #404 Comunicación Popular.

El abogado indicó que en dicha asociación, dedicada a "comunicar iniciativas del movimiento popular a la defensa de los Derechos Humanos", estaba Christian Luis Navarro Marrero. Afirmó que este asistente en España para Podemos en el Parlamento Europeo y vinculado a la diputada Idoia Villanueva en realidad trabajaba para Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular y diputado en el Congreso. Planteó así una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad de Podemos por parte de Mayoral.

El juez archivó tras investigar la Policía

El instructor de la causa, Juan José Escalonilla, encargó a la Policía Judicial adscrita a los Juzgados madrileños de Plaza de Castilla que investigara a la persona física o jurídica que hubiera tras la asociación #404 Comunicación Popular que solicitó 50.000 euros de la Caja de Solidaridad de Podemos.

La Policía, en un oficio, indicó que "la mayoría de las personas que forman parte de la asociación se trata de miembros de Podemos, ostentando algunos cargos dentro de dicho partido" y que la asociación recibió tres transferencias de 10.000 euros en septiembre de 2019, marzo de 2020 y junio de 2020. Es decir, 30.000 euros en total.

El juez pidió a Podemos que aclarase si había concedido dicha solicitud de 50.000 euros a la asociación ante su fondo de solidaridad, a lo que la formación no dio respuesta. Con la petición de archivo de la Fiscalía de esta parte de la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 acordó sobreseerla. Consideró que "ningún indicio existe de que dicha asociación no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de “Podemos”, pudiendo provenir de la Caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad". Expuso también que "no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a Fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad".

"Confirman la existencia de indicios de delito"

El partido político Vox, acusación en la causa, recurrió dicha resolución en apelación y la Sección 30 de la Audiencia Provincial le dio la razón, obligando al juez a reabrir la investigación al partido por presunta administración desleal. Los magistrados Carlos Martín Peizoso, Juan José Toscano y Fernando de la Fuente, en un auto del 16 de febrero al que ha tenido acceso El Independiente, consideran que las diligencias mencionadas "lejos de desvanecer el fumus boni iuris, han venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito" por parte de Podemos.

Destacan que éstas han servido para constatar que la asociación #404 Comunicación Popular solicitó 50.000 euros a Podemos con cargo a su Caja de Solidaridad, que éste le transfirió 30.000 euros y que parte de las personas que forman parte de la asociación son miembros de Podemos, "algunos con cargos relevantes". También que "Podemos no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros".

Así, los magistrados concluyen que "es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa Asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 y de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos 8/2007, para operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos. Resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, la/s persona/s que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores. Es por eso que procede estimar los recursos".

Personación de la ex senadora Celia Cánovas

Por otro lado, la misma sección de la Audiencia en otro auto del 16 de febrero al que también ha tenido acceso este diario ha admitido la personación de la ex senadora de Podemos Celia Cánovas como perjudicada en la investigación.

Cánovas denunció ante el instructor Juan José Escalonilla no saber cuál había sido el destino de hasta 25.000 euros que donó a la Caja de Solidaridad del partido por normativa interna para que se destinaran a proyectos sociales. En su escrito de denuncia, la exsenadora -enfrentada ahora a los altos cargos de la formación- detalló que en el año 2018 realizó dos transferencias de 3.000 euros a dicha caja y posteriormente el partido le devolvió un justificante como si hubiera donado 5.000. Un hecho que levantó sus sospechas de delito.

La Fiscalía interesó que no se admitiera su solicitud calificando de "desorbitado" su planteamiento. El juez rechazó tenerla por perjudicada al no haber una investigación por tales hechos. Ahora que la Audiencia ordena al juez indagar en el destino de los fondos de la Caja de Solidaridad, también admite el recurso de Cánovas e insta al instructor a que acepte su personación.