La Ley sobre financiación de los partidos políticos que estaba vigente cuando Luis Bárcenas asegura que entregó un sobre con 60.000 euros en efectivo a la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre permitía donaciones de una misma persona física o jurídica por importe máximo anual de 100.000 euros, cantidad que se rebajó a la mitad cuando se modificó la norma ocho años después.

El ex tesorero del Partido Popular ha declarado este miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, en una de cuyas piezas separadas se indaga en la posible financiación irregular del Partido Popular con aportaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Entre los investigados en este procedimiento se encuentran los ex presidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Luis Bárcenas ha mantenido que él entregó personalmente un sobre con 60.000 euros a Aguirre y que dicho dinero procedía de una donación que había realizado el presidente de la constructora madrileña ya liquidada Ploder Uicesa, Luis Gálvez. La entrega se habría producido entre 2007 y 2008, según ha indicado el ex tesorero popular. La ex presidenta madrileña se ha apresurado a desmentirlo y ha anunciado una querella contra el ex tesorero.

En los papeles que reflejan la contabilidad B del PP apareció vinculado el nombre de este empresario a una supuesta donación de 50.000 euros realizada el 22 de febrero de 2008. Fue por este motivo por lo que el juez Pablo Ruz -entonces instructor del caso Bárcenas- citó a declarar como testigo a Luis Gálvez, que lo negó.

De haberse producido la donación como mantiene el antiguo tesorero popular, su importe no excedía en todo caso el umbral que permitía la entonces vigente Ley sobre financiación de partidos políticos vigente. Ésta ha sufrido dos modificaciones desde que vio la luz la primera regulación a principios de julio de 1987, en la segunda legislatura de Felipe González como presidente del Gobierno.

Diez millones de pesetas, tope en 1987

En su artículo cuatro, la primera norma prohibía a las formaciones políticas recibir aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica "superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año", cifra hoy equivalente a 60.101 euros. Tampoco eran legales las donaciones de empresas que prestaran servicio o fueran proveedores de alguna administración pública ni las aportaciones anónimas que excedieran el 5 % de la cantidad anual asignada en los Presupuestos Generales del Estado como subvención a los partidos políticos.

El 5 de julio de 2007, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la nueva Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos, al entender el legislador que el texto aprobado 20 años antes no garantizaba "de manera adecuada la suficiencia, regularidad y transparencia" de la actividad económica de estas formaciones. Con ello se daba cumplimiento al requerimiento que al menos desde 2001 venía formulando el Tribunal de Cuentas.

La nueva ley prohibió las donaciones anónimas, pero elevó hasta los "100.000 euros" -sin incluir las aportaciones en especie de bienes inmuebles- el tope máximo que podían recibir los partidos de una misma persona física o jurídica. De forma expresa, la norma vetaba también que terceras personas pudieran asumir el coste de las adquisiciones de bienes, obras, servicios u otros gastos generados por los partidos políticos en el desarrollo de su actividad.

La norma permitía aportaciones de hasta 100.000 € en 2008, cuando Bárcenas anotó la supuesta entrega del constructor Gálvez

Fue la regulación que se mantuvo hasta el 1 de abril de 2015, cuando entró en vigor la actual Ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Cuando el texto se publicó en el BOE, la instrucción del caso Gürtel llevaba ya varios años en instrucción y el ex tesorero del PP se encontraba en prisión preventiva.

"De acuerdo con el sentir social y el compromiso suscrito por la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados durante el mes de febrero de 2013, en el momento presente se hace necesaria la adopción de una ley que incluya nuevas medidas de vigilancia de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, con la que se avance aún más en la transparencia y control al que han de estar sometidos", detalla el preámbulo.

Con esa reforma, la cuantía máxima que un partido político podía recibir de una misma persona se rebajaba a "50.000 euros", incluyéndose como novedad la prohibición de las donaciones "finalistas". Como exigencia añadida, las aportaciones dinerarias superiores a 25.000 euros y las de los bienes inmuebles tendrían que ser notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación.

Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes permanecen imputadas en el caso Púnica desde septiembre de 2019 por su presunta responsabilidad en la financiación irregular del PP de Madrid. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional las llamó al procedimiento accediendo a la petición que había realizado la Fiscalía Anticorrupción, que mantenía que empresarios le habían costeado al Partido Popular actos de campaña correspondiente a tres procesos electorales (2007, 2008 y 2011) para sortear el tope permitido a cambio de la posterior adjudicación de contratos públicos.