Un año después la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vuelve a estar marcada por la polémica. Tanto el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero como las organizaciones feministas ya habían hecho un llamamiento éstos días a "tomar las calles" de nuevo, eso sí, con medidas de seguridad, y la Delegación del Gobierno de Madrid, centro neurálgico de las protestas feministas, respondió ayer a esas peticiones y decidió autorizar manifestaciones de hasta 500 personas en toda la región. La decisión ha desatado reacciones de todo tipo e, incluso, división dentro de las distintas formaciones políticas.

Sin ir más lejos, fuentes del PSOE de Madrid cuestionan de puertas para adentro la celebración de estas movilizaciones ya que, aunque se haya puesto un límite de asistentes, "va a ser muy difícil controlar que las medidas se cumplen de manera adecuada" y "no compensa" generar un "foco de conflicto y de polémica" de estas características en tiempos de pandemia. "¿De qué sirve reivindicar la causa feminista con poco más de 500 personas en las calles? ¿No sería más efectivo buscar otras fórmulas, como salir a los balcones o promover otras iniciativas?", se preguntan en las filas socialistas madrileñas, que temen que la autorización a estas movilizaciones se termine volviendo en contra tanto del Gobierno como de las propias organizaciones feministas. "Terminarán arrepintiéndose" porque "se podría haber evitado la polémica y aún así defender la causa", zanjan.

El delegado de Gobierno de Madrid y también secretario general del PSOE en la región, José Manuel Franco, justificó ayer en una entrevista radiofónica para Onda Madrid que, de ningún modo, habrá una protesta masiva en la capital como la que se vivió hace un año y que, en cualquier caso, se ha seguido "a rajatabla" las recomendaciones de la Consejería de Sanidad que "desaconseja las concentraciones de más de 500 personas". La polémica, desde luego, está servida, porque fuentes del departamento que en Madrid dirige Enrique Ruiz Escudero consultadas por El Independiente niegan la mayor sobre esta afirmación. "Se lo ha inventado", defienden. "Estudiamos el riesgo real de cada una según se vaya a organizar" y respecto a las del 8-M se han emitido hasta el momento tres informes "desfavorables" que desaconsejan su celebración, aunque recuerdan que la potestad para autorizarlas o no corresponde a la Delegación del Gobierno.

La polémica sobre la celebración o no este año del 8M en las calles se activó justo cuando Vox propuso hace unos días declarar el 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus, a lo que la ministra de Igualdad respondió con un contundente mensaje: "A Vox no le gusta el feminismo. Este 8M, más feminismo que nunca". El asunto ha desatado todo tipo de críticas, especialmente a raíz de la polémica que suscitó la misma convocatoria el año pasado: el Gobierno autorizó y alentó las movilizaciones masivas tan sólo una semana antes de decretarse el cierre total del país por la presencia de un virus que ya estaba descontrolado en España. Los contagios se multiplicaron días después de la concentración: Carmen Calvo, Irene Montero, Carolina Darias y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, todas ellas presentes en la cabecera de la manifestación en Madrid, dieron positivo a los pocos días.

Ese mismo fin de semana de 2020 se celebraron otros eventos masivos en la capital, desde partidos de fútbol hasta un multitudinario mitin de Vox, pero lo cierto es que, hasta la fecha, se ha venido utilizado la negativa de Moncloa a cancelar entonces los actos por el 8-M por distintas fuerzas políticas, especialmente Vox y PP, para condenar la gestión "criminal" de un Gobierno que "no supo anticiparse". De hecho, un informe publicado por Fedea en abril de 2020 ya afirmaba que, de haberse adelantado una semana el confinamiento, se habrían reducido hasta un 60% de los contagios. Un año después, España se adentra en un escenario de calma tensa tras días registrándose importantes descensos en los contagios pero con una advertencia de parte de los expertos: bajar de nuevo la guardia podría activar una cuarta ola de coronavirus cuando apenas se ha superado la tercera.

Críticas en el PP y división en Ciudadanos

Tras conocerse la noticia, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, pidió la prohibición de estas manifestaciones aunque estén acotadas a 500 personas, al considerarlas un "foco de transmisión y riesgo". El regidor reclamó ayer al Ejecutivo aprender "por una vez" de sus errores y llevar esta vez una mayor "prudencia", sobre todo después del episodio que se vivió en marzo de 2020, y recordó que a estas alturas "ya se han suspendido numerosísimos eventos" por la realidad de la pandemia.

En esta misma línea se han pronunciado otros cargos del PP, que se preguntan por ejemplo por qué se están cancelando eventos como la Semana Santa pero se permiten concentraciones el 8M. Y en la Comunidad de Madrid, fuentes cercanas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no dudan en tildar la decisión de "irresponsabilidad".

La decisión de la Delegación del Gobierno ha generado, no obstante, un encontronazo dentro de las filas de Ciudadanos. Begoña Villacís se ha posicionado con el alcalde de Madrid y llegó a tildar ayer de "grandísima irresponsabilidad" la celebración de concentraciones acotadas a 500 personas. "Desde luego, conmigo que no cuenten", aseveraba la vicealcaldesa. "Nadie entiende por qué no puede haber más de dos convivientes de dos unidades familiares en una casa, no puede haber más de seis personas sentadas en una mesa, pero sí puede haber 500 personas sin ningún tipo de regulación ni protocolo", zanjaba.

Las declaraciones de la dirigente de Ciudadanos chocó de lleno con lo que sostuvo el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y compañero de filas, Ignacio Aguado, que confirmó su asistencia "aunque tiren piedras" o "nos escupan". A su juicio, siempre que se garanticen las medidas de seguridad y las concentraciones estén avaladas por el Ministerio de Sanidad, la decisión le parece "correcta" y "legítima". "Es importante reivindicar los derechos siempre siguiendo las pautas que marquen las autoridades sanitarias", defendía.