La negociación afronta ya la letra pequeña, la última fase. Ambos Gobiernos acumulan meses de negociación, primero con el Ministerio de Carolina Darias y ahora con el de Miquel Iceta y con ambos la sintonía es plena. Fuentes del Gobierno vasco reconocen que todo apunta a que se pueda cumplir el plazo del 31 de marzo fijado para que Euskadi asuma la competencia de gestión de prisiones.

Un paso que sin embargo está generando cierta incertidumbre entre los casi 800 funcionarios que trabajan en los tres centros penitenciarios vascos: Zaballa, Basurto y Martutene. La inquietud radica por un lado en el desconocimiento que a apenas un mes de que se pueda completar la transferencia tienen sobre cómo será su futuro laboral, sus condiciones. Por otro, por el riesgo que perciben de que la asunción de la competencia por parte de la Administración vasca, de manos de la estatal, se complete sin subrayar un “relato justo y real” del pasado vivido por un colectivo como el de los funcionarios de prisiones durante los años de violencia de ETA.

Fuentes consultadas por ‘El Independiente’ señalan que persiste una gran inquietud ante la posibilidad de que oculto por el éxito de un acuerdo y de la necesidad de iniciar un nuevo tiempo en la política carcelaria en Euskadi, quede “distorsionado” el pasado padecido por este colectivo. Recuerdan que los funcionarios de prisiones estuvieron durante años en el punto de mira de ETA y fue uno de los más amenazados por la banda. “Hay que poner más el foco en lo que han sufrido los funcionarios de prisiones, fueron víctimas directas, han sufrido, ellos y sus familias. Han tenido que ocultar cuál era su trabajo. Por eso creemos que es necesario poner el foco en ello, más que en el debate de si es adecuado o no un acercamiento de los presos”.

Estos trabajadores no cuestionan que se pueda trasladar a los presos de la banda, como se hace semanalmente desde el verano de 2018. Sin embargo sí detectan algunos episodios de falta de sensibilidad sobre el modo en el que les puede afectar. Subrayan casos que evidencian esa falta de sensibilidad por parte de Instituciones Penitenciarias. Recuerdan que en diciembre pasado se llegó a autorizar el traslado del preso de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’ a la prisión de Logroño, pese a que ordenó el secuestro de José Antonio Ortega Lara cuando era funcionario del centro penitenciario riojano. El malestar de los compañeros de Ortega Lara en la cárcel logroñesa hizo que finalmente Instituciones Penitenciarias modificara su decisión y acordara el traslado de ‘Kantauri, gravemente enfermo, a la cárcel de Pamplona.

Custodiar a 'sus verdugos'

Reclaman que además de fijar el modo en el que se van a transferir las infraestructuras, los recursos materiales y humanos también se asegure el modo en el que pueda avanzar en los próximos meses la política de acercamientos de los presos de la banda terrorista para que no se repitan episodios como los de ‘Kantauri’: “Las víctimas deben sentirse seguras de que no tendrán que custodiar a sus propios verdugos”, aseguran las fuentes consultadas.

Por el momento las negociaciones marcha por muy bien camino. Desde el Gobierno vasco se asegura que aspectos como el régimen penitenciario, el modo en el que se asegurará el funcionamiento de las tres cárceles está cerrado de desde finales de año. Ese día a día de los alrededor de 1.300 presos de las cárceles vascas se regirá en gran medida desde las Juntas de Tratamiento, a partir de marzo en manos de la Administración vasca. Decisiones que en cualqueir caso seguirán estando sometidas a la ley general penitenciaria.
Respecto al personal, los algo menos de 800 funcionarios aún desconocen las condiciones en las que se hará la subrogación del personal. Todo apunta a que en una primera fase se hará efectiva la transferencia de la gestión penitenciaria y posteriormente, en un periodo transitorio que se estima pueda prolongarse seis meses, se abordaría la actualización de las condiciones laborales.

En este sentido, se ha comenzado a dar pasos en aspectos como la normalización lingüística. La Administración del Estado analizó a finales del año pasado el nivel de conocimiento de euskera que tienen los trabajadores de las cárceles vascas. La necesidad de acreditar perfiles lingüísticos y de asegurar un servicio público en las dos lenguas oficiales es una exigencia en el conjunto de la Administración pública vasca y que se ampliará a ámbito penitenciario.

Precisamente, Podemos Ahal Dugu cuestionó al Gobierno por el modo en el que iba a asegurar que los presos internos en las cárceles vascas iban a poder tener asegurado su acceso al aprendizaje de euskera, después de que se anunciara que no se renovaría por parte del Estado el convenio con HABE, la red de euskaltegis.

Seguridad jurídica

La consejera de Gobernanza y Autogobierno, Olatz Garamendi, afirmó ayer que las negociaciones avanzan a buen ritmo y que confía en poder cerrarlas “cuanto antes”. En el cronograma pactado entre ambos Ejecutivo la cesión de la competencia de gestión de prisiones figuraba en el bloque de materias pendientes de transferir -de acuerdo al Estatuto de Gernika de 1979- antes de finalizar marzo. Garamendi recuerda que es importante que los acuerdos blinden la “seguridad jurídica” de la asunción de la competencia.

Euskadi se hará cargo de la gestión de las cárceles después de que el Gobierno de Pedro Sánchez comenzará a reconducir la política de dispersión de presos de ETA aplicada por el Estado desde que el PSOE la instaurara en 1989. Desde el verano de 2018 Interior ha acercado a 147 reclusos de la banda a prisiones vascas o cercanas a Euskadi. Hasta la semana pasada, 38 cumplían condena en cárceles vascas o navarras. Semanalmente, habitualmente los viernes, Instituciones Penitenciarias da a conocer nuevos acercamientos, -entre cinco y seis por semana-, de reclusos, así como progresiones de grado.

La posibilidad de que a medio plazo la asunción de la gestión carcelaria por parte del Gobierno vasco también incluya incrementar el traslado a centros vascos, más próximos al entorno del preso, es real. Incluso desde el Gobierno vasco no se descarta y se trabaja ya en planes específicos dirigidos a la resocialización de los presos de ETA. Lo hace con planes de acceso preferente a las políticas de ayudas sociales, laborales, de acceso a vivienda o incluso de percepción de una renta de garantía de Ingresos en los casos en los que se cumplan determinados requisitos, entre ellos un desmarque de la violencia.

Mayor capacidad

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu se ha mostrado siempre partidario de instaurar un nuevo modelo penitenciario en el que se refuercen las políticas de resocialización. Este aspecto también está siendo abordado en las negociaciones en marcha para dibujar los programas de clasificación, tratamiento y rehabilitación que se quiere implantar a la población de 1.300 internos. Euskadi quiere ampliar las denominadas “prácticas restaurativas” en las política penitenciarias, así como el acceso de los reclusos a derechos sociales.

Una vez completada la transferencia, la Administración vasca tendrá autonomía para la elaboración de los informes sobre los presos y de los que dependen aspectos como las progresiones de grado o los beneficios penitenciarios.

Actualmente las cárceles vascas tendrían capacidad para absorben un mayor número de reclusos pero la tendrán incluso algo más en apenas dos años. Para la primavera de 2023 la prisión de Martutene, en San Sebastián, será sustituida por una moderna cárcel que se construirá en el barrio de Zubieta. Si Martutene, que data de 1948, cuenta con 260 internos, Zubieta duplicará esa capacidad. A ella se sumará la cárcel de Basauri, con 350 reclusos, y la prisión de Zaballa, en Álava, con capacidad para 700 internos.