"No se ha trasladado ninguna propuesta concreta a Igualdad". Así de tajantes se muestran en el Ministerio de Irene Montero respecto a la futura y controvertida ley trans en alusión a vicepresidencia primera. La batalla sigue instalada entre este departamento y Carmen Calvo, que centraliza la estrategia de los ministerios socialistas sobre este asunto. Se refieren en Igualdad a la petición que, aseguran, ha trasladado Montero a Calvo para que "nos hiciera llegar una propuesta escrita y concreta sobre la que discutir respecto a sus objeciones, pero no nos llega", se quejan. Parece que hablan mucho, aseguran fuentes próximas de ambas, pero el acuerdo está aún muy lejos de producirse.

En vicepresidencia primera replican que Igualdad pone "excusas de mal pagador" porque "ya se han intercambiado muchos papeles" y "saben perfectamente" cuáles son las objeciones. Insisten en que el texto que se conoció "es un borrador de Igualdad, no del Gobierno", pendiente de informes de otros ministerios para dotarla de la seguridad jurídica que requiere un asunto "complicado y complejo".

"Si hay voluntad de acuerdo, se cierra el pacto en horas", dicen en Igualdad

El escollo lleva siendo el mismo desde hace mes y medio, esto es, la autodeterminación de género. Aducen en vicepresidencia que en ningún país de nuestro entorno sirve con la manifestación de la simple voluntad, "sino que todos exigen requisitos" de tipo administrativo. Aseguran no estar hablando ni de informes médicos ni psicológicos esto es, la despatologización de la transexualidad, conforme al criterio de la OMS, que la sacó hace más de tres años del listado de enfermedades mentales.

Montero aspiró a que su ley pasara por la mesa del Consejo de Ministros el pasado martes y todo apunta a que tampoco lo hará el próximo, 2 de marzo. En todo caso, dicen en el entorno de la ministra que "si hay voluntad de acuerdo, se cierra el pacto en horas", pero el sector socialista del Gobierno no tiene prisa.

Igualdad se aferra tanto a la proposición de reforma de la ley de 2007 de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas como a un informe del Ministerio de Justicia sobre la misma que reproducimos íntegro. Avala la "autodeterminación de género" que ahora se cuestiona. Dicha reforma comenzó a discutirse en 2017 y concluyó con un acuerdo de las principales fuerzas políticas en 2018, pero finalmente la convocatoria electoral de abril de 2019 hizo que decayera.

Vicepresidencia arguye que todos los países de nuestro entorno "exigen requisitos"

El informe de la Dirección General de los Registros y del Notariado, al que ha tenido acceso El Independiente, no sólo valora "favorablemente" la proposición de ley, "por cuanto la despatologización de la percepción del sexo de las personas transexuales supone un avance en la protección de la integridad personal de todas ellas, y por tanto de sus derechos fundamentales".

Además considera poco fundamentadas las dudas que en su momento manifestaron algunos grupos "sobre la necesidad de disponer de suficientes garantías jurídicas y de asegurar la estabilidad de los datos consignados en el Registro Civil, por cuanto la realidad no demuestra la existencia de casos de cambios o retrocesos".

Es, precisamente, el argumento sobre la falta de "garantías jurídicas" el que usa más a menudo Carmen Calvo. Incluso, ya entonces este informe avalaba que las personas mayores de 16 años pudieran efectuar la solicitud por sí mismas, mientras que los menores entre 6 y 16 años debían contar con el asentimiento de sus padres o tutores. Además, proponía una salvaguarda "teniendo en cuenta la ilimitada facultad que se concede a la persona de modificación de su nombre y, por tanto, de su identidad", de modo que los poderes públicos "puedan acceder a esa información (...) bajo el debido régimen de responsabilidad y trazabilidad".

Sin embargo, desde Justicia replican que se trató de un documento de trabajo interno que no prejuzgaba la posición del Ministerio, entonces dirigido por la actual Fiscal General del Estado, María Dolores Delgado. "No obligaba ni al ministro, ni al Parlamento, ni a nadie porque no era un elemento decisorio" sino la opinión "de un director general", que es quien firma el texto.

Respecto al informe que sí debe emitir el Ministerio de Juan Carlos Campo del borrador de Irene Montero, señalan que "se está trabajando en ello con vicepresidencia e Igualdad", al tiempo que huyen de la polémica. En Igualdad aseguran que tienen muy "buena sintonía y dinámica de trabajo" con Justicia, pero Calvo, se quejan, "controla todo el proceso" y lo que llega o deja de llegar a la mesa del Consejo de Ministros.