El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha concedido un plazo de diez días hábiles al Ministerio del Interior para que detalle cuántos policías nacionales residen en viviendas oficiales y cuánto supone para el erario el alquiler, mantenimiento o limpieza de dichos inmuebles, dado que se trata de "información pública" y su conocimiento ayudaría a saber "cómo se manejan los fondos públicos".

En una resolución fechada este miércoles, el organismo que vela por la transparencia en las instituciones públicas ha estimado la reclamación que formuló este redactor a finales del pasado mes de noviembre después de que el departamento que dirige Grande-Marlaska hubiera recurrido al silencio administrativo para no ofrecer los datos requeridos.

Interior tampoco ha respondido al CTBG cuando le ofreció la posibilidad de formular alegaciones, lo cual ha motivado el reproche de Transparencia. "Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante", censura.

Grande-Marlaska recurrió al silencio para no ofrecer los datos solicitados por 'El Independiente' e ignoró al Consejo de Transparencia

La petición se dirigió el pasado 19 de octubre a Interior a fin de conocer el número de funcionarios y empleados de libre designación del Cuerpo Nacional de Policía que residen en viviendas que son propiedad del Estado o cuyo alquiler paga la Administración central, así como el rango o el cargo del puesto desempeñado y el coste mensual que comporta el arrendamiento, mantenimiento y limpieza de dichos inmuebles para el presupuesto público.

De forma expresa se hacía constar en la solicitud que no se requería la identidad de los inquilinos para no incurrir en alguno de los límites al derecho de acceso a la información que la Ley de Transparencia prevé en su artículo 14. Ni siquiera bajo esta premisa el Ministerio del Interior ha consentido facilitar los datos que se le habían pedido.

Transcurrido el mes para responder que fija la norma y no obtener contestación se interpuso la reclamación ahora resuelta por el CTBG, que vuelve a dejar en evidencia la falta de transparencia del departamento que dirige Grande-Marlaska. Sin ir más lejos, el pasado año recibió 75 resoluciones en contra, más que ningún otro ministerio.

De entrada, el CTBG no tiene dudas de que los datos solicitados constituyen una "información pública" tal como se describe en el artículo 13 de la citada ley: "Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

Transparencia no pasa por alto el hecho de que la Administración no haya invocado ninguna de las causas de inadmisión o límites al acceso legalmente previstos, al tiempo que recuerda que aquéllas tan sólo son de aplicación -como ha establecido la doctrina tanto del CTBG como de los tribunales- en situaciones excepcionales y si está justificado "de manera clara e inequívoca".

"Ejes de la acción política"

"La información solicitada en este caso sirve para conocer cómo se manejan los fondos públicos, razón por la cual entronca directamente con la finalidad que persigue la ley", concluye el organismo. La norma alude a la transparencia y al acceso a la información pública como los "ejes fundamentales de toda acción política".

"Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos", proclama el preámbulo.

El Ministerio del Interior tiene ahora hasta el próximo 11 de marzo para atender el requerimiento del Consejo de Transparencia y proporcionar la información ante la que guardó silencio inicialmente o bien recurrir esta resolución ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses.