Transparencia y ejemplaridad. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, volvió a apelar el pasado viernes a estos dos términos para defender a Felipe VI e insistir en que una cosa es la actuación "incívica" del Rey emérito y, otra muy distinta, la salud de la institución. Lo decía a preguntas de los periodistas tras conocerse la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I. Pero Moncloa espera algún gesto más de Zarzuela para apuntalar estas palabras, por ejemplo, que don Felipe se abra a realizar una declaración de patrimonio donde consigne todos los bienes a su nombre, señalan fuentes gubernamentales.

Los medios consultados recuerdan que los miembros del Ejecutivo, secretarios de Estado, altos cargos de la Administración General, diputados nacionales y autonómicos, senadores, diplomáticos y delegados del Gobierno, por poner unos ejemplos, deben hacer consignar su patrimonio al acceder al cargo público o electo. Pero no está incluida ahí la jefatura del Estado. Incluso se apunta a que dicha declaración debería afectar a todos los miembros de la Familia Real, cada vez más mermada, pero de la que sigue formando parte Juan Carlos I, hoy en el ojo del huracán.

Pasos en pos de la transparencia desde 2015

Sería un paso más de los muchos que ha ido dando la institución desde que se produjo el hecho sucesorio. Las cuentas de la Casa Real ya son públicas, además, en 2015  firmó un convenio con Hacienda de modo que las mismas son sometidas anualmente a un informe de auditoría por parte de la Administración General del Estado.

Ese mismo año se redactó una normativa reguladora sobre los regalos que reciben los miembros de la Familia Real, se endurecieron las condiciones de contratación para que se inspirara "en los principios de concurrencia, transparencia, eficiencia, agilidad, simplicidad y coordinación" y el personal de Zarzuela está sometido a un Código de Conducta del Personal.

En esa hipotética declaración de patrimonio se deberían explicitar las propiedades que se posean, las participaciones societarias, el dinero depositado en cuentas corrientes o las hipotecas inmobiliarias, si las hubiera, además de ir consignando cualquier variación que se fuera produciendo.

Por ejemplo, a través de la declaración de bienes y de rentas de Pedro Sánchez depositada en el Congreso en noviembre de 2019 -pocos días después de las elecciones del 10-N- consta el sueldo que recibió entre enero y mayo de 2018 como líder del PSOE 30.261 euros y, a partir de junio, ya como presidente del Gobierno hasta finales de año (35.299). Declara la propiedad de dos pisos y de dos plazas de garaje, los 16.666,66 euros por derechos de autor -quizá por su Manual de Resistencia- y los 86.242 euros que debía entonces al banco por préstamo hipotecario, entre otras cuestiones.

Se trata de una información pública a la que tienen acceso los ciudadanos a través de la página web del Congreso.

Retirada del título de Rey emérito y salida de la Familia Real

Oficialmente Moncloa no opina sobre unas decisiones que "competen a la Casa Real", aunque insisten en que todo lo que ésta decida, si es que decide algo, "tendrá nuestro apoyo". Son pocas las voces que públicamente en el PSOE se atreven a pedir a Felipe VI que dé un paso más. Este es el caso del diputado vasco Odón Elorza, quien en entrevista con El Independiente, defendió esa declaración de Patrimonio que ahora se apunta como una de las medidas más adecuadas para elevar el nivel de ejemplaridad y de transparencia del que habla siempre Sánchez.

Pero no solo, porque Elorza cree que Felipe VI tendría que retirar el título de Rey emérito a Don Juan Carlos "por comportamientos inmorales o el hecho mismo de defraudar a Hacienda". El sector morado del Gobierno comparte esta misma opinión, aunque en su caso la pervivencia de la Monarquía parlamentaria no está precisamente entre sus objetivos.

Nada más conocerse la noticia de la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, escribía en Twitter que "la pregunta no debería ser por qué nosotros no aplaudimos ciertas cosas, sino por qué aplauden los demás", en alusión a su gesto de brazos caídos tras el discurso del monarca con motivo del 23-F, celebrado el pasado martes en el Congreso.

Y su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, insistía en sus críticas a la calidad democrática en España: "Juan Carlos I confiesa que ha defraudado 4 millones de euros mientras era jefe del Estado y representaba a España e intenta regularizarlos para evitar el delito fiscal una vez que lo han descubierto. Y aún habrá quien nos quiera vender que esto es normalidad democrática".