El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) considera que los viajes oficiales realizados por Iván Redondo en su condición de director del gabinete de la Presidencia del Gobierno constituyen "información pública" y no hay impedimento alguno para que se dé a conocer a la ciudadanía, por lo que le da un plazo de diez días hábiles a fin de que facilite los datos que trata de ocultar.

En una resolución fechada el pasado viernes, el CTBG estima la reclamación que había presentado este redactor después de que La Moncloa hubiera recurrido al silencio administrativo para no revelar la citada información. Redondo emula así a Pedro Sánchez, que está demostrando un gran esmero para que no se conozcan detalles de sus desplazamientos como presidente del Ejecutivo.

El pasado 22 de octubre se dirigió petición a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a fin de conocer todos los desplazamientos oficiales realizados por Iván Redondo desde que el Consejo de Ministros acordó el 14 de enero de 2020 su nombramiento como director del gabinete de Sánchez. La solicitud requería también las fechas, los motivos de los viajes y los medios de transporte en que se llevaron a cabo los trayectos.

Presidencia del Gobierno dejó pasar el mes de plazo que establece la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sin ofrecer respuesta, en línea con la actitud mostrada ante peticiones similares recibidas en los últimos meses en relación con gastos del jefe del Ejecutivo. Sencillamente despreció la solicitud, sin molestarse siquiera en invocar alguno de los límites al acceso que prevé la citada norma para justificar la decisión de no facilitarlos.

Transparencia dice que es "información pública" y le da diez días a La Moncloa para que detalle los viajes de Redondo

Tampoco atendió el ofrecimiento que le hizo el Consejo de Transparencia para presentar alegaciones cuando instruía la reclamación, circunstancia sobre la que este organismo llama la atención en su resolución: "Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante".

El CTBG no tiene dudas de que los datos solicitados constituyen "información pública" en el sentido que se describe en el artículo 13 de la ley: "Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

Transparencia no pasa por alto el hecho de que la Administración no haya invocado ninguna de las causas de inadmisión o límites al acceso legalmente previstos, sin que tampoco haya apreciado la "concurrencia objetiva" de ninguna razón que lo justificara en el supuesto de que la Presidencia del Gobierno hubiera recurrido a ese argumento.

"Control de la acción pública"

El organismo recuerda que ya han sido numerosas las ocasiones en las que se ha pronunciado ante reclamaciones presentadas por ciudadanos que habían intentado sin éxito conocer los viajes realizados por Pedro Sánchez y otros ministros. La doctrina asentada es que el conocimiento de esos desplazamientos oficiales sirve para el "control de la acción pública" y para saber cómo "se gasta el dinero público", lo que entronca directamente con el espíritu de la Ley de transparencia.

En las resoluciones sobre esta materia, el CTBG suele esgrimir otra razón de peso: otros ministros sí han aportado los datos cuando se le han requerido, lo que demuestra que no hay razón alguna para que no se pueda conocer puesto que de lo contrario aquéllos lo habrían invocado. Como informó este diario, Carmen Calvo (Presidencia del Gobierno, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática), Teresa Ribera (Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) no tuvieron reparos en ofrecer la relación de desplazamientos, los motivos, las fechas y el medio de transporte utilizado, los mismos datos que se ha requerido a Iván Redondo.

Transparencia no sólo ha amparado las peticiones de este tenor sino que incluso ha avalado el derecho de la ciudadanía a conocer los viajes privados realizados por Pedro Sánchez con medios públicos, encontrando el refrendo de los tribunales. El pasado 18 de noviembre, el Juzgado Central Contencioso-Administrativo 2 desestimó el recurso que la Abogacía del Estado interpuso contra la resolución por la que el CTBG estimó la reclamación presentada por una ciudadana que había intentado conocer los medios de transporte oficiales utilizados por Pedro Sánchez entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019 en sus desplazamientos privados por España, condenando a la Administración al pago de las costas procesales.

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, a cuyo frente se encuentra Félix Bolaños, tiene ahora hasta el próximo 12 de marzo para atender el requerimiento del Consejo de Transparencia y proporcionar la información sobre los desplazamientos de Iván Redondo o bien recurrirlo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses. A la vista de otros precedentes, más factible es que no opte por un camino ni otro y termine incumpliendo la resolución, lo que no conlleva castigo al no incluir la Ley de transparencia un régimen sancionador.