La Guardia Civil tiene 2.228 viviendas inhabitables por su estado de conservación

Goteras, desconchones en paredes, humedades, azulejos caídos, nidos de aves, tuberías viejas, puertas sin pomos... El número de pabellones de la Guardia Civil que tienen actualmente la consideración de "inhabitables" debido al pésimo estado de conservación en que se encuentran se ha multiplicado por cuatro en los últimos tres años, un periodo en el que las asociaciones profesionales no han dejado de reclamar inversiones a fin de que se reformen estos inmuebles para que puedan ocuparse.

De acuerdo con la información facilitada por la Dirección General en contestación a una petición tramitada a través del Portal de la Transparencia, el Cuerpo tiene repartidas por las 50 provincias y las dos ciudades autónomas un total de 36.329 viviendas, de las que se están utilizando hoy el 69 % (25.107). Del parque total, 2.228 están inhabitables, algo más del 6 %.

Lejos de ponerse freno a esta situación, los datos reflejan claramente que el deterioro ha seguido avanzando en los últimos años. En respuesta a una pregunta escrita del grupo del PSOE en el Congreso, el Gobierno de Rajoy cifró el 6 de octubre de 2017 en 534 pabellones los que se encontraban inutilizados. Ello representaba el 1,57 %, ascendiendo entonces la cifra total a 33.843 (946 menos que ahora).

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"Llevamos muchos años denunciando el estado lamentable en que se encuentran muchos pabellones, cuyas obras de reparación deben costearse en la gran mayoría de las ocasiones los guardias civiles. Esta situación se mantiene mientras miles de compañeros se encuentran en lista de espera para ocupar una vivienda, con la dificultad añadida que supone hallar acomodo en poblaciones rurales pequeñas", critica el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona. Esta organización llama también la atención sobre el hecho de que se escatime presupuesto para reformas de viviendas cuando las solicitan guardias y por el contrario a los altos mandos "se les entregan en perfectas condiciones".

La orden general que regula la adjudicación, ocupación, administración, conservación y desalojo de estas viviendas -en vigor desde 2005- atribuye a la Dirección General unas "obligaciones irrenunciables" tanto para garantizar que los inmuebles presenten unas "condiciones dignas de habitabilidad" como en materia de "conservación y reparación" de los mismos. Son los beneficiarios los que asumen el compromiso de sufragar los gastos que supone la utilización ordinaria del pabellón, según detalla la norma.

Asturias y Cádiz, a la cabeza

Desglosados los datos por provincias, Asturias es la que presenta un mayor número de pabellones inutilizados: 162 de los 1.072 que están distribuidos por toda la comunidad. El Principado ha desplazado a Cádiz (143), que era la que más tenía (136) cuando el PSOE hizo la citada pregunta parlamentaria estando en la oposición.

Hay otras tres provincias andaluzas entre las diez con más viviendas inhabitables: Jaén (122), Córdoba (90) y Sevilla (67). Completan el escalafón en estas primeras posiciones Cáceres (118), Madrid (97), Girona (91), Zaragoza (74) y Murcia y Tarragona con 57. El reverso de la moneda se registra en Ceuta y Melilla, con ninguna. Y en Álava, Bizkaia y Teruel sólo hay una sin uso debido a su estado de mantenimiento, según los datos facilitados por la Guardia Civil.

En cinco provincias, el parque total de viviendas supera el millar. Son los casos de Madrid (3.406), Cádiz (1.295), Barcelona (1.271), Sevilla (1.245) y Valencia (1.172). Por encima de 900 pero sin llegar a 1.000 hay otras tres: Toledo (954), Navarra (946) y Granada (912).

"La necesidad de invertir en la conservación de pabellones o en hacer convenios con diputaciones o ayuntamientos es una de nuestras reivindicaciones. Se trata de vivir dignamente y de que los ciudadanos sean atendidos en instalaciones dignas, no en dependencias obsoletas y más propias del siglo pasado. La falta de presupuesto para reparar los mismos da lugar a que muchos de ellos se den por inhabitables", lamenta el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Juan Amado.

La Guardia Civil tiene 36.329 pabellones, de los que tan sólo están ocupados en la actualidad el 69%

La queja es unánime por parte de todas las asociaciones profesionales. "La Guardia Civil es el cuerpo de seguridad con mayor despliegue en el territorio nacional, y en muchos municipios se hace imprescindible que los guardias y sus familias tengan las mejores condiciones. Siempre hemos estado en desacuerdo con cerrar cuarteles, estos deben de dotarse de la plantilla necesaria para dar un servicio cercano y con la calidad que el ciudadano merece, completando las plantillas de las unidades. Algunos de nuestros acuartelamientos se ubican en inmuebles centenarios y se han descuidado más de lo deseable", apunta Fran Pajuelo, portavoz de Aprogc.

En esta línea insiste la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. "Tenemos cerca de 2.000 acuartelamientos y muchos van acumulando una antigüedad importante sin que hayan tenido el mantenimiento que necesitan. El Gobierno debe ser consciente de que mantener tal número de acuartelamientos requiere de una dotación presupuestaria adecuada, de la que venimos careciendo a lo largo de los años. Si de verdad están preocupados por la España 'vaciada' tienen que demostrarlo con hechos, manteniendo adecuadamente las instalaciones que dan servicio en todo el territorio. Y si, por el contrario, no quieren mantenerlos adecuadamente, que los cierren y se lo expliquen claramente a la población", reta Francisco García Ruiz, presidente de Unión de Oficiales.

"La necesidad de la existencia de los pabellones está fuera de toda duda. El concepto de cercanía que ofrece la Guardia Civil en los pequeños acuartelamientos repartidos por el ancho de la geografía española sólo se podrá mantener mientras se conserven estas viviendas. Pero éstas deben estar en unas condiciones mínimas de habitabilidad si de verdad queremos seguir contando con esa policía benemérita y vocacional tan cerca de nosotros", destaca Martín Mendieta, de la Asociación Profesional de Cabos (APC).

En enero de 2019, meses después de la llegada de Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, el Consejo de Ministros aprobó una inversión de 600 millones de euros para la reforma y construcción de comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil en el periodo 2019-2025. De esa cantidad, 275 millones corresponden a instalaciones del Instituto Armado, sin que hasta el momento -a diferencia de la Policía Nacional- haya trascendido las actuaciones que se van a ejecutar.