La Dirección General de la Policía ha impuesto una sanción de cuatro días de suspensión de empleo y sueldo a una subinspectora que, obligada a guardar cuarentena durante la pasada primavera ante la sospecha de que podía haberse contagiado por coronavirus, se quejó de que el Cuerpo ni le ofrecía asesoramiento médico ni le facilitaba la realización de la prueba para saber si estaba o no contagiada.

La Policía considera que la funcionaria ha cometido una falta leve por haber realizado supuestamente unas declaraciones a El Independiente "sin autorización". El castigo se produce sin que la dirección tenga la certeza plena de que la agente -cuya identidad no se revela en la información- fue quien habló directamente con este diario, que se ha negado a revelar sus fuentes cuando el instructor del procedimiento quiso conocer el pasado verano si se había entrevistado a dicha persona.

Tampoco ha tenido la confirmación ni por la propia agente ni por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización a la que pertenece la funcionaria que ha sido suspendida de funciones y que ha intentado sin éxito que no se consumara la sanción al no existir "ningún tipo de prueba" que lo sustentara.

"Repercusión informativa"

"Debido a la situación excepcional de la covid 19, era un tema que tenía mucha repercusión informativa por la prensa y cualquiera de los compañeros o familiares a los que contó la situación vivida en el mes de marzo de 2020 pudo haber filtrado los datos al periodista, ya que multitud de compañeros le llamaban para consultar información relacionada con los protocolos de la covid-19 puesto que había mucha desinformación por el desconocimiento de la enfermedad y las medidas a seguir", razonó el SUP en sus alegaciones.

En vísperas de que este caso se analizara el pasado 10 de febrero en la Comisión de Personal y Proyectos Normativos, este redactor -autor de la información- presentó escrito al instructor en el que le recordaba que acogiéndose a su derecho a no revelar las fuentes se había negado a confirmar la identidad de la persona sobre la que aludía el texto y se preguntaba si lo que realmente buscaba la Dirección General de la Policía era una "respuesta ejemplarizante" que sirviera de aviso para que "no trasciendan aspectos relativos al funcionamiento del Cuerpo".

El SUP, sindicato al que está afiliada la agente, ya ha anunciado que recurrirá la sanción en los tribunales

Ni las explicaciones del sindicato, ni la versión ofrecida por la subinspectora, ni las alegaciones expuestas por el periódico han disuadido a la Dirección General de la Policía de imponer a esta funcionaria el castigo más elevado para las faltas leves que prevé la Ley orgánica del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía: la horquilla prevista en la norma es de uno a cuatro días de suspensión de empleo y sueldo. A ella han decidido apartarla por cuatro días.

"Esta sanción es una auténtica aberración y vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que la Dirección General de la Policía acuerda el castigo sin tener constatación fehaciente de que ha sido ella la que ha hecho esas declaraciones", señala Roberto González, vocal del SUP en el Consejo de Policía y quien ha defendido el expediente para que no sancionaran a esta subinspectora. El sindicato ha confirmado que recurrirá la decisión ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, donde está seguro de que logrará revocar la sanción.

El Independiente se hizo eco el pasado 31 de marzo del testimonio de una agente destinada en Barcelona en el que se quejaba de que llevaba dos semanas en su domicilio porque presentaba síntomas que presentaba y desde el Cuerpo no se le había ofrecido ninguna ayuda: "Después de hacer presión con la minuta y en los chats del trabajo, un día me llamaron desde los servicios médicos de la Dirección General de la Policía y la doctora me dijo que ella no tenía capacidad para hacer nada, que llamara a mi médico de cabecera y que otra cosa no podía hacer. Ellos fiscalizan el tema de las bajas y de que todo se está haciendo bien; parece más una Inquisición que un servicio médico porque no me han ayudado ni asesorado en nada".

Falta de test de diagnóstico

Cuando se publicó esa noticia, España vivía la primera ola de la pandemia y los sindicatos policiales criticaban de forma reiterada que no se hacían test a los funcionarios que sospechaban haberse contagiado y la falta de material de protección con la que estaban haciendo su trabajo los agentes, en primera línea para hacer cumplir las restricciones de movimientos establecidas en el decreto que reguló el estado de alarma.

De hecho, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y la comisaria principal Pilar Allué tendrán que declarar como investigados en un procedimiento penal como posibles autores de delitos contra la seguridad e higiene al no haber proporcionado material de protección a la plantilla frente al coronavirus.