Ninguna de las empresas vinculadas al comisario José Manuel Villarejo estaba autorizada para prestar servicios como detectives privados, según ha certificado el Ministerio del Interior en un informe aportado a la causa que instruye la Audiencia Nacional por los trabajos realizados por el grupo controlado por el antiguo agente encubierto a numerosas empresas del país.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, libró un oficio el pasado 26 de noviembre a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional para que recabase certificado de la Unidad Central de Seguridad Privada -dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana- respecto a si alguna de las compañías relacionadas con el comisario ya retirado estaba homologada para realizar actividad de seguridad privada.

En concreto, el juzgado facilitó una relación formada por 29 empresas, entre las que se encuentran las que facturaron servicios a grandes empresas del Ibex-35 como el BBVA (investigado en una pieza separada como persona jurídica). Es el caso de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), la matriz del grupo. También figuraban en el listado otras empresas investigadas en este procedimiento, caso de Stuart&Mckenzie SL, Servicios de Investigación y Detección SL y Cenyt Consultoría Organizacional SL.

"Ninguna de las mercantiles relacionadas (...) están inscritas ni lo han estado en el Registro Nacional de Seguridad Privada para realizar la actividad de seguridad privada", ha acreditado la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en un informe emitido el pasado 9 de diciembre y notificado ahora a las partes, al que ha tenido acceso El Independiente. Este oficio ha sido aportado tanto a las actuaciones que se instruyen en la causa matriz como a otras 11 piezas separadas.

Cuando compareció como investigado el 10 de julio de 2019 ante el juez García-Castellón en el marco de la instrucción de la pieza separada en la que se investigan los encargos millonarios que le hizo el BBVA a su entramado empresarial, Villarejo mantuvo que su grupo "no tenía prácticamente a nadie" para llevar a cabo los seguimientos con los que abortar la "OPA hostil" de la constructora Sacyr al banco y que tuvieron que subcontratar dichos servicios a un "despacho de detectives".

"Prácticamente sin infraestructura"

¿Qué infraestructura cualificada tiene su grupo, Cenyt, para hacer estos seguimientos?, le preguntó el fiscal Miguel Serrano durante su interrogatorio. "No teníamos prácticamente a nadie, subcontratamos a algún despacho de detectives de la época", replicó el comisario ya jubilado. Éste no recordaba a qué concreta empresa de investigadores privados le encargaron el servicio que su empresa no podía prestar por falta de medios.

Pese a la insistencia del fiscal, el comisario hoy preso dijo no recordar a qué firma de detectives subcontrataron porque trabajaban con "bastantes despachos" para hacer los seguimientos a los integrantes del llamado ‘grupo hostil’ -Luis del Rivero; el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián; el empresario Juan Abelló y el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas- para propiciar el fracaso de la operación, pero sí descartó que hubieran contratado a policías que estuvieran en activo en aquellos momentos en el Cuerpo Nacional.

José Manuel Villarejo declaró que el tráfico de llamadas para conocer los movimientos de los promotores de esa operación se los proporcionaba a su empresa el entonces jefe de seguridad de Amena, José Domingo Río, y que, salvo el control al que sometieron durante "uno o dos días" a Arenillas, "prácticamente no hubo ningún tipo de seguimiento".

La instrucción también ha puesto de manifiesto que Villarejo desarrolló trabajos privados "sin la previa solicitud de compatibilidad e infringiendo las prohibiciones legales establecidas en la normativa de incompatibilidades que afectan a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía". El polémico policía, por contra, sostiene que sus actividades empresariales "eran conocidas por los mandos policiales competentes", como reconocieron los últimos tres DAO con los que trabajó (Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino) en escritos enviados al juez.