La Fiscalía de Cataluña se ha querellado por desobediencia contra el presidente del Parlament en la pasada legislatura, el republicano Roger Torrent, y los miembros de JxCat y ERC en la Mesa por tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.

En su escrito, la Fiscalía Superior de Cataluña pide a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cite como investigados a Torrent y a sus compañeros independentistas en la Mesa en la pasada legislatura -Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC)-, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, al desoír supuestamente los mandatos del Tribunal Constitucional.

Según la Fiscalía, Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa tramitaron dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general del Parlament y a sabiendas de que el TC se lo había prohibido.

El ministerio público ha interpuesto la querella ante el TSJC ya que tanto Torrent como Capmdepadrós volvieron a ser elegidos diputados del Parlament en las elecciones autonómicas del pasado 14 de febrero, por lo que mantienen su condición de aforados.

En su escrito, los fiscales José Joaquín Pérez de Gregorio y Assumpta Pujol resaltan que el 10 y el 16 de octubre de 2019 el Constitucional notificó personalmente a Torrent y a los miembros de la Mesa sendas providencias en que les notificaba personalmente "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria" que supusiera "ignorar o eludir" la suspensión de la resolución aprobada el 9 de noviembre 2015 por el Parlament sobre el inicio del proceso independentista.

Pese a ello, según la Fiscalía, Torrent, el entonces vicepresidente primero de la Mesa Josep Costa y el entonces secretario primero Eusebi Campdepadrós tramitaron una resolución presentada el 22 de octubre de 2019 por los grupos de JxCat, ERC y CUP en que el Parlament reiteraba "tantas veces como lo quieran los diputados...la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político".

Esa misma resolución también incluía en otro apartado un punto en que se exponía que el Parlament "reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía".

La querella resalta que los querellados desestimaron el 29 de octubre de 2019 las peticiones de reconsideración planteadas por la oposición y tramitaron la resolución con estos dos puntos, que se votaron y aprobaron en el Pleno del Parlament del 26 de noviembre, con una enmienda posterior en que "se rechazaba expresamente" la suspensión acordada por el Constitucional.

Y todo ello lo hicieron, según la Fiscalía, "pese a conocer" que el Constitucional había acordado suspender la admisión de esta resolución, de acuerdo con su orden de impedir o paralizar cualquier iniciativa que desarrollara la hoja de ruta independentista fijada el 9 de noviembre de 2015.

Una vez aprobada la resolución por el pleno del Parlament, el Constitucional acordó en enero de 2020 estimar el incidente de ejecución promovido por el Gobierno contra los acuerdos de la Mesa que permitieron tramitarla, por lo que quedó anulada, y dedujo testimonio contra Torrent, Costa y Campdepadrós.

De hecho, en julio de 2019 el Parlament ya había aprobado una resolución previa en que se "reiteraba la reprobación de S.M. El Rey", un texto que fue finalmente anulado por el Constitucional, que ya advirtió entones a Torrent y a los miembros de la Mesa de que debían impedir la tramitación de iniciativas vinculadas a la hoja de ruta del procés.

La querella de la Fiscalía incluye además la tramitación por pare de la Mesa, en este caso también por parte de la secretaria cuarta Adriana Delgado, de otra resolución, también en octubre de 2019, en este caso promovida únicamente por la CUP, en que el Parlament expresaba su voluntad de "ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".

Según la Fiscalía, pese a las "expresas advertencias de ilegalidad" de este punto por parte del secretario general del Parlament, de la oposición de los demás miembros de la Mesa y "a sabiendas" de lo ordenado por el Constitucional, los querellados acordaron admitir a trámite la propuesta el 29 de octubre, desestimaron las peticiones de reconsideración y la incluyeron para el debate y deliberación del pleno del 12 de noviembre de 2019.

La resolución fue finalmente sometida a votación y aprobada por el pleno, aunque el 11 de febrero de 2020 el Constitucional estimó también el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, la anuló y dedujo testimonio contra Torrent, Costa, Campdepadrós y Delgado.