El comisario José Manuel Villarejo amenaza con nuevas revelaciones tras recuperar la libertad después de casi tres años y medio en prisión preventiva por su responsabilidad en los hechos que investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en la macrocausa Tándem. Su excarcelación se produce nueve meses antes de que arranque el primero de los juicios a los que tendrá que enfrentarse.

Después de 1.214 días en el centro penitenciario de Estremera (Madrid), el juez Manuel García-Castellón decretó este miércoles libertad provisional para Villarejo al haberse señalado la primera vista oral (diciembre de 2021) después de que se cumplan los cuatro años (noviembre de 2021) que como máximo prevé la ley para permanecer en prisión preventiva. El encausado ha tenido que entregar el pasaporte, no podrá abandonar el territorio nacional y tendrá que comparecer cada día en el juzgado para acreditar que sigue en España.

A su salida de la prisión, el agente encubierto que realizó trabajos secretos para todos los gobiernos de la democracia desde las ya denominadas 'cloacas del Estado' lanzó una advertencia: "Mañana declararé y será muy interesante". En una breve declaración ante los periodistas, Villarejo mantuvo que había estado preso "por hablar" y anunció que, "a partir de ahora", va a tratar de defenderse.

Las palabras del comisario que ha hecho tambalear los cimientos del Estado con las conversaciones que grabó durante años de forma subrepticia a políticos, empresarios, la ex amante del rey emérito Corinna Larsen o la fiscal general del Estado, Dolores Delgado -muchas de las cuales han salido a la luz mientras él estaba privado de libertad- sonaron a amenaza. Desde hace meses viene aireando su voluntad de hablar acerca de todo lo que conoce por sus casi 35 años de servicio en el Cuerpo Nacional para gobiernos de "diferentes ideologías".

Así lo expuso a principios del pasado mes de noviembre en un escrito-denuncia de 105 páginas enviado al juez García-Castellón, en el que que decía ‘arder en deseos’ de declarar voluntariamente sobre actuaciones de las que fue testigo o en las que intervino como funcionario policial durante su dilatada carrera profesional y que no se investigan en ninguna de la treintena de piezas separadas en que se ha ido desgajando el sumario de la caso Tándem desde su apertura en el otoño de 2017.

Datos para "un mínimo de 100" piezas

Según el antiguo agente encubierto, los hechos que él conoce permitirían la apertura de 25 piezas más, "sin perjuicio de ir ampliando un testimonio hasta un mínimo de 100". Entre ellas cita la Operación Cataluña contra el independentismo, el "espionaje en saunas sexuales" de la familia política de Pedro Sánchez, el "pago con coca a informadores antiterrorismo" en procedimiento instruidos por Grande-Marlaska durante su etapa como magistrado de la Audiencia Nacional y otros datos que "se tratan de ocultar".

"Mantenerme convenientemente en prisión para que al estar atado y amordazado ante la sociedad no pueda exponer todo lo que conozco y que con suerte termine silenciado para siempre, en modo alguno va a garantizarlos que al final la verdad termine saliendo a la luz", defendió Villarejo en el citado escrito, en el que volvió a vincular su detención con un intento de evitar que pudiera revelar lo que hizo "para los distintos gobiernos".

Recuperada ya la libertad, Villarejo podrá ya comparecer ante la comisión del Congreso sobre la 'Operación Kitchen'

El policía ya jubilado tiene una cita este mismo jueves, cuando está citado a declarar ante el juez por el encargo que le hizo el abogado Antonio Chávarri para que espiara al empresario del deporte Joaquín Molpeceres sobre un concurso de acreedores. El comisario está investigado como supuesto líder de una red de agentes corruptos que, aprovechando su puesto en el Cuerpo Nacional de Policía y de los datos confidenciales a los que podían acceder gracias a esta condición, se habrían enriquecido colaborando en la fabricación de dosieres de "inteligencia" para grandes empresas -algunas de ellas cotizadas del Ibex-35- y en los que se presentaban los trapos sucios de la competencia.

La condición de funcionarios de todos ellos es clave para el presunto delito de cohecho en el que habrían incurrido por utilizar datos bancarios, telefónicos o de las bases judiciales o policiales en los dosieres por los que el grupo Cenyt -controlado por el comisario- cobró millones de euros mientras aquél permanecía en activo en el Cuerpo Nacional. La macrocausa que instruye la Audiencia Nacional tiene 30 piezas de investigación, una por cada una de las empresas que contrataron sus servicios. Sólo por las tres primeras por las que irá a juicio se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de más de 100 años de prisión.

Este grupo de agentes con Villarejo a la cabeza también está siendo investigado por poner en marcha, presuntamente, una operación de Estado para mantener a Mariano Rajoy al frente del Gobierno tras estallar el caso Gürtel. Según la investigación del Juzgado Central de Instrucción 6, el comisario jubilado -con el beneplácito de su superior Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía- habría captado como confidente al chófer del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas para que recuperara documentos y lápices de memoria en manos de éste sobre la caja B de la formación política y que supuestamente comprometían a su presidente y a otros dirigentes.

Este operativo policial se desarrolló entre 2013 y 2015, se sufragó con fondos reservados del Estado y, según los indicios recabados por el juez, tras él habría estado el Ministerio del Interior. De ahí que su entonces titular, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, estén investigados.

Precisamente la próxima semana arrancará en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre la operación Kitchen en la que está prevista la declaración de Bárcenas y también de Villarejo, con quien se reunión en prisión el grupo parlamentario de Vox antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretara su excarcelación. Dados sus deseos de hablar y ahora que puede comparecer físicamente, el comisario retirado aprovechará presumiblemente la caja de resonancia que supondría su comparecencia en la Cámara Baja.