La prohibición de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional terminará cuando lo haga el actual estado de alarma, esto es, el 9 de mayo, según el acuerdo al que han llegado el Ministerio de José Luis Ábalos y vicepresidencia segunda en su negociación de la nueva ley de vivienda, según fuentes del sector socialista del gobierno.

El acuerdo pasa por no dar continuidad "a las medidas excepcionales establecidas como consecuencia del Estado de Alarma, sino que pretende perfeccionar la existentes y reguladas actualmente en la ley de Enjuiciamiento Civil", indican en su texto de acuerdo. Eso se traduce, por ejemplo en la incorporación de una disposición para que se comunique a los servicios sociales los procedimientos en los que se esté enjuiciando la comisión de un posible delito de usurpación de personas en situación de vulnerabilidad, si bien, "en este caso no se produciría la suspensión en el proceso de desahucio", subraya el documento pactado.

Lo que se hará fundamentalmente es reforzar el papel de los servicios sociales "para que estos puedan atender rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social". Estos servicios podrán ofrecer soluciones habitacionales, ya sean en el ámbito municipal, autonómico o de recursos del Estado del Plan de Estatal de Vivienda, también las que puedan acordarse con otras administraciones o, incluso, con el sector privado.

La nueva ley obligará a los juzgados adelantar la notificación a los servicios sociales a un momento procesal previo al lanzamiento, concretamente, "al momento de admisión de la demanda". Es una notificación de oficio, de forma que no será necesario el consentimiento del demandando, aunque puede acudir por propia iniciativa a los servicios sociales si así lo estima oportuno.

Se refuerza el papel de los servicios sociales

Se trataba, sin duda, de uno de los grandes escollos de la negociación aunque sigue pendiente la que es la madre de todas las batallas, esto es, el control de los precios del alquiler, donde siguen sin alcanzar un acuerdo. Este jueves por la mañana volvieron a reunirse la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.

Desde el Ministerio de Ábalos se felicitan de lo "fructífero" de la reunión y el hecho de que haya sido acordada, "a falta de algunos ajustes, la propuesta planteada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.