La Comisión de Salud Pública, en la que tienen asiento los portavoces de todas las comunidades y la ministra de Sanidad, pactó este jueves las líneas maestras a seguir para frenar la expansión del virus de cara a Semana Santa. La Comunidad de Madrid se presentó a la cita con fuertes reticencias respecto a la posibilidad de cerrar perimetralmente sus fronteras, que es precisamente uno de los puntos básicos que quedaron fijados dentro de un plan que se estima mucho más estricto que el estipulado en anteriores ocasiones: además de la prohibición de los desplazamientos entre comunidades, el comité fijó el toque de queda de 22:00 a 6:00 durante las fiestas y la limitación de reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro personas. No obstante, Sanidad incluye como recomendación la no celebración de encuentros sociales entre no convivientes en domicilios privados.

Las limitaciones, que estarán en vigor entre el 26 de marzo y el 9 de abril, se estiman mucho más estrictas que las que el Gobierno decretó durante las fiestas navideñas, pese a que en la actualidad la incidencia acumulada a nivel nacional es casi un 40% menor respecto a entonces. En concreto, el pasado 2 de diciembre, momento en que quedó aprobado el documento marco del Ministerio de Sanidad para Navidad, la incidencia a 14 días era de 251,61 casos por cada 100.000 habitantes -con Melilla, La Rioja, País Vasco, Asturias, y Castilla y León a la cabeza-, mientra que ahora el cómputo nacional apenas supera los 153 casos.

"Sabemos que no todas las semanas del año son iguales en términos de movilidad, y sabemos por la experiencia acumulada en los pasados meses cómo han impactado en el aumento de la transmisión", explicaba la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. En otras palabras: el Gobierno quiere evitar los errores que se cometieron en anteriores ocasiones, en referencia a la tercera ola que vino a consecuencia de la relajación de las medidas en Navidad, a pesar que desde el Ministerio de Sanidad se responsabilizó del desbocado aumento de los contagios a la ciudadanía. "Lo hemos pasado, quizá, mejor de lo que deberíamos haberlo hecho", dijo el director del CCAES, Fernando Simón.

Entonces, con unos datos epidemiológicos notablemente peores, Sanidad abrió la mano y permitió los desplazamientos entre comunidades autónomas a familiares y "allegados"; un máximo de diez personas en encuentros sociales, tanto públicos como privados; y un toque de queda ampliado hasta las 1:30 horas de la madrugada en las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 al 1 de enero. En contraposición, el departamento que dirige Carolina Darias insta ahora a los territorios a "no bajar el nivel de alerta" aunque "los indicadores sean favorables", que responde a la decisión conjunta de sacrificar de forma definitiva la Semana Santa.

Ayuso desafía el cerrojazo: "No tiene sentido"

Aunque algunas autonomías, como Galicia y Andalucía, son partidarias de actuar con "cautela" y "prudencia" de cara a Semana Santa y observar de cerca la evolución de los datos, lo cierto es que sólo la Comunidad de Madrid ha roto por el momento ese "consenso" alcanzado entre Sanidad y las comunidades, cuyo acuerdo quedará definitivamente ratificado en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del próximo 11 de marzo. "Necesitamos una respuesta de país", defendió el miércoles Carolina Darias, en respuesta al clamor mayoritario de fijar un marco común que, sin embargo, no ha recogido las peticiones de Madrid sino que "las conclusiones estaban ya tomadas", según lamentan fuentes del ejecutivo madrileño.

Y es que el documento supone una enmienda a la totalidad al criterio que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro en los últimos días: se estipula el cierre perimetral, se reduce el toque de queda a las 22.00h -Ayuso lo mantiene a las 23.00h y se planteaba incluso flexibilizarlo si la evolución seguía siendo descendente- y se baja de seis a cuatro el número de personas permitidas en los encuentros sociales. "Es un retroceso para las medidas actuales que tiene Madrid", denunciaban fuentes del ejecutivo madrileño.

Ayuso mantiene en pie su desafío al Ejecutivo pese a la presión gubernamental y autonómica, después de haber recibido enormes críticas por parte de líderes que, como Ximo Puig, le han acusado de ir siempre "en dirección contraria" a la pandemia. "Con el toque de queda actual y sin cerrar la Comunidad de Madrid la situación esteá yendo bien, y no veo improcedente que un ciudadano de otro rincón de España venga a su capital a mover la economía si lo hace respetando las normas sanitarias", declaró Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Sin embargo, si el acuerdo queda ratificado el próximo miércoles en la Interterritorial por aplastante mayoría, todo apunta a que Madrid se verá obligada a acatarlo.

Fuentes de la Consejería de Sanidad lamentan que el plan del Ministerio "no tiene sentido", y arguyen que los cierres perimetrales estrictos que llevaron a cabo algunas comunidades autónomas, precisamente como la Comunidad Valenciana, "no impidieron una tercera ola" e, incluso, registraron "peores datos de contagios" que los de la Comunidad de Madrid con medidas más laxas. Y subrayan la incoherencia de que, frente al resto de restricciones, el Gobierno sólo desaconseje las reuniones en los domicilios privados cuando "Madrid lo tiene prohibido desde hace semanas" porque "en base a nuestros datos, el 80% de los casos se producen en las viviendas".

A última hora de la tarde y una vez conocida la posición del Ministerio de Sanidad, Ayuso volvió a cargar las armas contra Moncloa. "No puede ser que el mismo Gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos, ahora cierre así España estando mucho mejor", escribió en Twitter, en coherencia con la estrategia de compatibilizar en todo momento salud y economía que ha seguido Ayuso y que choca, de nuevo, no sólo con el criterio del Gobierno, sino con el del resto de autonomías.