"Toda esta patraña verá la luz en el momento que tenga la posibilidad de defenderme. Hoy empieza para mí el kilómetro cero". El desgaste físico sufrido en prisión no ha apocado el ánimo de José Manuel Villarejo, que sale desafiante de Estremera: "Voy a desenmascarar a todos". Mientras se ofrece al juez del caso Tándem para declarar acerca de todos los hechos que conoce por su prolongada carrera en la Policía, la prioridad del comisario jubilado más famoso de España será ahora preparar el primero de los numerosos juicios a los que previsiblemente tendrá que enfrentarse por su responsabilidad en los hechos que se investigan en esta macrocausa y donde intentará jugar sus bazas para poner en solfa la instrucción que dirige el juez García-Castellón.

Villarejo y su abogado, Antonio José García Cabrera, se volcarán en tratar de demostrar que el caso está viciado de inicio, como consideran. Su defensa girará en torno a las razones de nulidad que aprecian en la causa desde que comenzó a instruirse, incluyendo supuestas irregularidades en la cadena de custodia de los documentos que se requisaron durante los registros y que han permitido a los investigadores abrir nuevas piezas.

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que detuvieron al antiguo agente encubierto y a su socio Rafael Redondo el 3 de noviembre de 2017 se incautaron de ingente material documental e informático. Villarejo grabó sin su permiso durante años a todos los políticos, empresarios, periodistas y compañeros del Cuerpo Nacional con los que se reunió, como está revelando la instrucción del procedimiento.

El comisario jubilado, en libertad tras casi tres años y medio, tratará ahora de hacer ver que la instrucción está viciada desde el comienzo

Dichas grabaciones estaban guardadas en unos discos duros que los agentes requisaron de su domicilio, llevaron al juzgado y sacaron de allí para analizarlos. No pudieron hacerlo al estar encriptados con complicadas claves de seguridad y los remitieron primero al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) -dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital- y después al Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al CNI. De momento, no se ha podido acceder a todo el material.

La defensa de José Manuel Villarejo, y la de otros investigados, se queja de que nadie les puede asegurar que el contenido de estos discos -base indiciaria contra ellos- no se ha alterado durante el proceso. Por ello, consideran rota la cadena de custodia de dichos documentos, una de las bazas que se reserva para tratar de desmontar la causa cuando empiecen a enjuiciarse los hechos.

Será a mediados del próximo mes de diciembre, fecha en que la Sala de lo Penal ha señalado el primero de los juicios. En el trámite de cuestiones previas, el comisario retirado planteará previsiblemente las razones de nulidad que aprecia en la causa. Así, alegará que se trata de una investigación "prospectiva", puesto que el motivo por el que fue detenido -la realización de un supuesto trabajo de espionaje para el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional- no tiene nada que ver con el resto de razones por las que se le mantiene imputado.

Villarejo, además, destacará que la Policía Nacional le detuvo gracias a la información que proporcionó contra él Francisco Menéndez, conocido como Pagafantas, un empresario que reconoció haber enviado a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia anónima con datos empresariales del antiguo agente encubierto a instancias de un hombre vinculado al Centro Nacional de Inteligencia que le prometió ayudarle con una investigación por delitos fiscales.

Organización criminal, la clave de bóveda

No será la causa principal la primera que se enjuicie en esta macrocausa, sino tres piezas conjuntas -las denominadas Iron, Land y Pintor- en las que se dilucida si José Manuel Villarejo y otros procesados pudieron cometer delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y/o extorsión en grado de conspiración por servicios prestados por su entramado empresarial (Grupo Cenyt) a clientes privados mientras él seguía en activo como funcionario policial.

Entre los ilícitos que se juzgarán no figura el de organización criminal, imputación que figura en el auto de 5 de noviembre de 2017 que decretó prisión provisional sin fianza para él -entonces no se había desgajado aún el sumario en piezas separadas- y que la Fiscalía Anticorrupción defiende sin el menor atisbo de duda. La última vez que lo ha invocado ha sido en su petición de excarcelación del policía ya jubilado para argumentar el "riesgo de fuga" que sigue apreciando y la necesidad de adoptar medidas cautelares que dificulten que el encausado se sustraiga a la acción de la Justicia en vísperas de la vista oral.

Esa supuesta organización criminal que lideraría José Manuel Villarejo se sustancia en la pieza matriz –relativa a la prestación de servicios de información e inteligencia por encargo de los guineanos Cándido Nsue Okomo y Crispín Edu Tomo Maye, vinculados a la petrolera Gepetrol (Proyecto King)- y es clave para el futuro de este procedimiento penal.

Ésta es otra baza que tiene Villarejo. Es muy posible que, en el trámite de cuestiones previas al inicio del juicio, su defensa cuestione la competencia de la Audiencia Nacional al entender que entre los delitos por los que ha formulado acusación el Ministerio Público no figura ninguno de los que la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva en su artículo 65 a este órgano jurisdiccional.

Será un asunto que deberá resolver la Sala y que ya se habría despejado si se hubiera enjuiciado primeramente la causa matriz y existiera un pronunciamiento sobre este particular en forma de sentencia. "Ha habido un interés por forzar el mecanismo de la organización criminal cuando hubiese sido muchísimo más efectivo que se hubieran ido desarrollando las causas de manera separada y entonces se podría condenar por delitos concretos", señalan a este diario fuentes jurídicas conocedoras del caso Tándem que piden anonimato.

Estas fuentes llaman la atención sobre el hecho de que la causa principal permanezca "paralizada desde hace meses" pese ser el "núcleo fundamental" del procedimiento mientras se han ido abriendo nuevas piezas separadas. "Quizá fruto de su falta de experiencia en macrocausas, hay un error de planteamiento de los fiscales en la estrategia y estructura de la investigación. Se han dejado llevar por las grabaciones de Villarejo y el desarrollo mediático y no han ido a lo mollar", enfatizan.

Villarejo, en libertad 40 meses después

Casi 40 meses después de su detención e ingreso en prisión, Villarejo ha salido esta semana en libertad provisional después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretara su excarcelación -y rechazara posteriormente el recurso de súplica interpuesto por Anticorrupción- dado que el primer juicio está señalado en una fecha posterior (13 de diciembre de 2021) al cumplimiento de los cuatro años (3 de noviembre de 2021) que la ley fija como máximo de estancia en prisión preventiva.

Con esos pronunciamientos, el Ministerio Fiscal se apresuró el pasado miércoles a solicitar al juez que instruye la macrocausa la "inmediata" puesta en libertad del antiguo agente encubierto, pese a seguir apreciando que existe un "elevado" riesgo de fuga y de reiteración delictiva por el horizonte penal al que se enfrenta. De haberse apurado el plazo el plazo de los cuatro años, Villarejo hubiera quedado en libertad absoluta el próximo 3 de noviembre, sin posibilidad de que se le pudieran aplicar las medidas cautelares que ha acordado ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional: retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y comparecencia diaria para acreditar que sigue en España.

En paralelo, la Fiscalía dispondrá de margen para volver a pedir eventualmente prisión provisional para Villarejo cuando eleve las conclusiones definitivas al final del primer juicio alegando que se ha incrementado el riesgo de fuga ante el escenario de una posible sentencia condenatoria. En esta primera vista se enfrenta a una petición de penas por parte de la acusación pública que suma 99 años.

Una treintena de piezas

Después de casi tres años y medio de instrucción, el caso Tándem se ha desgajado hasta el momento en una treintena de piezas y suma más de un centenar de imputados, algunos en varias a la vez. No todas presentan el mismo avance y hay varias en las que se ha decretado el sobreseimiento provisional, como la relativa a una supuesta revelación de secretos por parte de funcionarios policiales (la número 11) y la correspondiente al encargo no materializado de la constructora Grupo San José a las empresas de Villarejo (la número 16).

También se ha archivado la rama del caso en la que se investigaba si Corinna Larsen contrató al comisario retirado para espiar a su asistente en España (la número 5). Los audios de las conversación que Villarejo mantuvo con la ex amante de Juan Carlos I durante un encuentro en Londres en 2015 han sido determinantes para que el fiscal suizo Yves Bertossa impulsara la investigación sobre el patrimonio que el hoy emérito presuntamente ocultaba en el país helvético. En efecto dominó, los avances de esas pesquisas han llevado al Ministerio Público español a iniciar una investigación indagatoria prejudicial que puede terminar en querella contra el padre del rey por posibles delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Entre las piezas que el instructor ha tratado de impulsar en los últimos meses se encuentra la relativa al encargo millonario que el BBVA (la número 9) -en tiempos de Francisco González en la Presidencia- le hizo a Villarejo, que facturó por esos servicios más de 10,28 millones de euros. También la conocida como Kitchen (la 7), el operativo puesto en marcha por el Ministerio del Interior en la etapa de Fernández Díaz para robar presuntamente a Luis Bárcenas documentación comprometedora para altos cargos del PP. Tanto el ex titular de Interior como su número dos, Francisco Martínez, se encuentran imputados.

Hay otras en las que no se practican diligencias desde hace meses. Es el caso de la relativa a las comisiones rogatorias, donde el instructor y Anticorrupción tratan de averiguar las sociedades y activos que Villarejo tiene en el extranjero. En este contexto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha pedido colaboración a las autoridades judiciales de Panamá, República Dominicana, Uruguay, Suiza, Reino Unido, Isla de Man y Hong Kong para tratar de seguir el rastro al dinero que el polémico policía obtuvo con los servicios que se investigan en este procedimiento.

Una de las últimas piezas en abrirse (la número 28) tiene que ver con un supuesto intento de venta de documentación confidencial que Villarejo acumulaba después de su jubilación en el Cuerpo Nacional, lo que motivó registros el pasado 23 de octubre tanto en su vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) como en la celda que ocupaba en el centro penitenciario de Estremera. En estas diligencias figuran también como imputados su esposa, Gemma Alcalá; dos ex compañeros en prisión (Javier Ruiz y Alfonso Pazos) y la esposa del segundo.

La amenaza de Villarejo

"Voy a desenmascarar a todos", declaró Villarejo a los periodistas tras prestar declaración este jueves en la Audiencia Nacional. A principios del pasado mes de noviembre, el antiguo agente encubierto envió un escrito-denuncia al juez en el que decía ‘arder en deseos’ de declarar voluntariamente sobre actuaciones de las que fue testigo o en las que intervino como funcionario policial durante su dilatada carrera profesional y que no se investigan en ninguna de las piezas.

Según el antiguo agente encubierto, los hechos que él conoce permitirían la apertura de 25 piezas más, "sin perjuicio de ir ampliando un testimonio hasta un mínimo de 100". Entre ellas cita la Operación Cataluña, el plan impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para tratar de minar al independentismo y bajar el suflé soberanista. Pese a los indicios que han ido aflorando, como el pago a Mossos d’Esquadra con fondos reservados al igual que se hizo con el antiguo chofer de Luis Bárcenas, ni el juez ni los fiscales asignados al caso ven motivos para investigar los hechos en una pieza separada.