Una maniobra en un principio de carácter autonómico ha terminado rompiendo el débil equilibrio que mantenían los dos bloques en que permanecía dividida la política nacional. La moción de censura contra Fernando López Miras en Murcia, orquestada al más alto nivel entre Moncloa y la dirección de Ciudadanos y anunciada en la mañana del miércoles, provocó un seísmo inmediato que terminó con un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid para el próximo 4 de mayo y con una amenaza real para la continuidad del resto de ejecutivos autonómicos, en que PP y Ciudadanos gobiernan en coalición.

Díaz Ayuso apostó fuerte. No esperó que a que Ciudadanos amagase siquiera con presentar una moción junto al PSOE que la desalojase del poder tras el episodio murciano. El anuncio de la disolución de la Asamblea y de adelanto electoral pilló a traspiés tanto a Ignacio Aguado, ya cesado como vicepresidente, como a la propia Arrimadas. Y ambos, junto a la izquierda madrileña, han lanzado una ofensiva a la desesperada para parar los pies a una Isabel Díaz Ayuso que, no obstante, también se juega el tipo en unos comicios en que necesitará una alianza postelectoral con Vox y deberá fagocitar prácticamente todo el espacio electoral de Ciudadanos para tener oportunidad de volver a gobernar.

La presidenta madrileña firmó el decreto a las 12:25 horas del miércoles para disolver la Asamblea y convocar elecciones. Así lo ha certificado el secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Fabio Pascua, en un documento al que ha tenido acceso El Independiente. En el decreto, se dispone la convocatoria electoral para el próximo 4 de mayo, en que se elegirán 136 diputados, cuatro más que en 2019.

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Media hora después de que Ayuso firmase el documento -concretamente a las 13:03 horas de la mediodía-, PSOE y Más Madrid registraban sendas mociones de censura, con Ángel Gabilondo y Mónica García como candidatos, respectivamente. Ambas formaciones han amagado durante meses con presentar una moción de censura contra Díaz Ayuso, pero nunca llegó a hacerse efectiva por la negativa de Ciudadanos a secundarla. Ahora, la izquierda madrileña, amparada por la formación naranja, ha abierto toda una batalla que podría tener como próxima parada los tribunales de Justicia, ante la negativa de las citadas formaciones a acatar la decisión de Díaz Ayuso, con el objetivo de paralizar la convocatoria electoral.

Estas formaciones se amparan en que la ley electoral de la región establece que la disolución parlamentaria no entra en vigor "hasta el día siguiente de su expedición" y, por tanto, las mociones de censura presentadas contra Díaz Ayuso tienen plena validez. No obstante, tanto fuentes del entorno de la presidenta regional como juristas consultados por El Independiente afirman que la iniciativa de Más Madrid y del PSOE no tiene recorrido y que las urnas están aseguradas. ¿Por qué? De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 5/1990 de 17 de mayo, Reguladora de la Facultad de disolución de la Asamblea de Madrid, se establece como único impedimento a la disolución parlamentaria el hecho de que en ese momento "se encuentre en tramitación una moción de censura", y no es el caso porque ni se habían presentado las iniciativas de Gabilondo y García ni estaban en tramitación. La ley no dice en ningún caso que no pueda disolverse la Asamblea al mismo tiempo en que se tramita una moción.

Las citadas fuentes advierten, además, de la incoherencia en la que incurre la izquierda madrileña en la defensa de su posición, ya que con este planteamiento no habría posibilidad alguna de que se pudiera producir nunca un adelanto electoral, puesto que la oposición podría registrar una moción de censura en las horas que pasan desde la firma del decreto hasta la publicación en el BOCM. Ninguna ley, ni nacional ni autonómica, establece que la tramitación posterior de una moción de censura invalide de alguna manera la entrada en vigor de una disolución parlamentaria acordada previamente y deliberada en Consejo de Gobierno.

A pesar de ello, todo apunta a que la izquierda se mantendrá en sus trece y llevará el embrollo jurídico hasta sus últimas consecuencias, en un intento desesperado por evitar la apertura de urnas. Ayer mismo, la Mesa de la Asamblea de Madrid, presidida por Juan Trinidad (Cs), decidió admitir a trámite las mociones de censura registradas por PSOE y Más Madrid, mientras desde el PP se advertía al dirigente de Ciudadanos que podría estar incurriendo en "prevaricación" por no acatar la disolución parlamentaria. El equipo de Ayuso argumentaba, además, que los acuerdos "no son válidos" porque la Mesa se había convocado "de manera irregular, sin tiempo y sin documentación". Desde la presidencia de la Mesa se argumenta que no había recibido el decreto de convocatoria electoral formalmente hasta las 16:10 horas y, para entonces, el órgano ya había decidido admitir a trámite las iniciativas de Más Madrid y del PSOE.

Ni Errejón, ni Gabilondo han dado un paso atrás en su ofensiva. De hecho, el líder de la oposición en Madrid, Ángel Gabilondo, reivindicó en la noche del miércoles que descarta toda posibilidad de una convocatoria electoral. "La Asamblea no está disuelta en modo alguno", suscribía tras la celebración de una Junta de Portavoces Extraordinaria que, sin embargo, suspendía de facto la celebración del habitual pleno de los jueves en la sede parlamentaria regional.

El PP entra en campaña

Mientras la izquierda se centra en su ofensiva y pese a la batalla judicial que se abre entre las distintas formaciones de la Asamblea de Madrid, en el PP se da por sentado que habrá elecciones el próximo 4 de mayo, y comienzan a repetir el mantra ya convertido en lema electoral: "O socialismo o libertad".

La dirección nacional del PP reunió además anoche de forma extraordinaria a su Comité de Dirección para empezar a preparar desde este momento la campaña de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid y firmar la ruptura efectiva de todos los puentes con Arrimadas.