En las famosas agendas de Villarejo figuran dos anotaciones que a primera vista sorprenden por el nombre del interlocutor al que se refiere el comisario. No es otro que el abogado Gonzalo Boye, uno de cuyos clientes más significativos es el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Las fechas de esas anotaciones son también altamente sugerentes. La primera nota está fechada en junio de 2016. La segunda, tres meses después, en octubre de ese mismo año.

Un año en el que la situación política en Cataluña empezaba a tener tintes preocupantes y en las que el comisario, junto con otros miembros de la llamada “policía patriótica”, había puesto en marcha lo que se conoce con el nombre de “operación Cataluña” con el fin de desprestigiar y sacar los trapos sucios de los dirigentes nacionalistas, una operación negada hasta ahora sistemáticamente por la Fiscalía y los jueces. Por lo tanto, la aparición de Gonzalo Boye en las notas del comisario en dicho año están llamadas a sorprender, sobre todo si analizamos su contenido. La primera nota dice lo siguiente:  

CHINO 

Hablo C/ Jefe, reunión. C/Gonzalo.

-Sí, en Boadilla.

-Chino chungo, espía CNI, etc.

- Abogado muy bien, todo ok, lo que necesite. 

El “chino chungo” al que se refiere la nota no es otro que Y.W.L., el considerado hombre fuerte de la trama de supuesto blanqueo de capitales liderada por el empresario Gao Ping, que dio origen al inicio de la Operación Emperador en 2012. En esa supuesta trama de blanqueo fueron también imputadas numerosas personas, entre otras, policías y guardias civiles que supuestamente facilitaban información a la red china a cambio de favores. Y.W.L., como otros cargos policiales, fue absuelto de la investigación por dicha presunta red de corrupción policial. El Tribunal Supremo confirmó, en julio de 2017, su absolución rechazando el último recurso de la Fiscalía contra la sentencia exculpatoria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En cierto modo, era un anticipo de lo que años después, en 2017, se empezó a sustanciar en la conocida como causa Tándem o causa Villarejo, y en la que también se investiga una red policial que trabajaba para el comisario colaborando en sus informes, facilitando información sensible o poniendo a su disposición determinados medios técnicos. 

Tampoco se puede perder de vista que, durante la investigación de esta supuesta trama de blanqueo chino, se puso en el centro de la diana al banco andorrano BPA, y a su filial el Banco de Madrid, como receptores del dinero negro que luego se transfería a China, a las cuentas del padre de Gao Ping. Y esa sería una de las causas aducidas para la intervención de la entidad bancaria, junto con las de que la banca andorrana era un lavadero del dinero de las mafias rusas o de altos dirigentes venezolanos, causas finalmente diluidas. Tampoco se puede perder de vista el interés que desde el punto de vista policial y político tenía en aquellos momentos la banca andorrana como supuesta receptora y conocedora del dinero, supuestamente ilegal, de los dirigentes nacionalistas catalanes.  

YWL fue defendido prácticamente desde el principio por el bufete de abogados de Villarejo. Cuando le tilda en la nota de “espía del CNI”, se refiere a uno de esos episodios confusos de toda la Operación Emperador y que, sin duda, está en el origen o contribuyó a sellar la enemistad de Villarejo con los agentes secretos.

Según el relato de YWL, que llegó a denunciar los hechos en un juzgado, agentes del CNI le presionaron para que delatara a determinados policías, especialmente al entonces comisario de Barajas, Carlos Salamanca, amigo íntimo de Villarejo. El ciudadano chino llegó a grabar a una agente del CNI haciéndole tales proposiciones y el despacho de Villarejo logró grabar el dispositivo exterior que daba cobertura a la agente. El CNI quedó al descubierto pero fuentes conocedoras del caso afirman que Yongping era en realidad confidente de distintos cuerpos policiales. 

También en la Operación Emperador se dan cita el fiscal anticorrupción José Grinda y el comisario Villarejo, dos enemigos irreconciliables si atendemos los continuos ataques de los que ha sido objeto el fiscal por parte del policía. Actualmente el fiscal Grinda  tiene puesta una demanda de protección del honor contra el que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Peláez, que tras su fallecimiento ha trasladado a sus herederos. Peláez acusó a Grinda de pederastia, hecho que nunca se ha podido demostrar.

Segunda nota con referencia a Boye

Tal y como publicó en su día El Independiente, el despacho de Villarejo emitió una factura a YWL en enero de 2016 por los servicios prestados, de algo más de 150.000 euros. 

En octubre de 2016 está fechada la segunda nota en la que Villarejo se refiere a Gonzalo Boye. Este es su contenido:

- Llamar a Gonzalo Boye.

- Pactemos.. (100.000 euros) Crudo, sin plazos.

- Gonzalo me puede pasar una minuta de 25.000 euros. Fórmula. 

El tono de la nota apunta a alguna especie de acuerdo entre el comisario y Boye para pagar 100.000 euros, más otros 25.000 en concepto de minuta.

La explicación de Boye: recomendó a su cliente denunciar al bufete

Pero la versión de Gonzalo Boye es absolutamente divergente con el sentido de esa nota. El abogado afirma que YWL llegó a su despacho a través de un cliente que conocía al ciudadano chino y que le recomendó sus servicios. Boye pidió la venia a Villarejo y reconoce que se reunió con él. Y se habló de la factura de los 150.000 euros emitida por Villarejo. Según cuenta Gonzalo Boye a El Independiente, él recomendó a su cliente que no pagara dicha factura por abusiva y que denunciara al bufete de Villarejo.

Acudieron al Colegio de Abogados de Madrid para que se hiciera un dictamen de honorarios, y aquel determinó que la minuta debería ascender, como máximo, a 9.000 euros. Y se inició un procedimiento en un juzgado de Móstoles. Boye afirma que en un momento determinado Villarejo le propuso “levantar el dinero a mi cliente”, es decir, hacerle pagar 100.000 euros. “Si yo me allanaba, él me daría dinero”, afirma Boye. 

“Afortunadamente, nada más salir de esa reunión llamé a mi cliente para explicarle la situación, y por suerte había otro compañero abogado conmigo que fue testigo de todo esto. Tengo todo documentado. Tengo las dos sentencias, la de primera instancia y la de apelación, donde se desestiman las pretensiones de Villarejo de cobrar esa cantidad a mi cliente y donde se nos da razón en costas, costas que no hemos podido cobrar porque el bufete de Villarejo está actualmente embargado por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, en el procedimiento de la causa Tándem. Soy uno de los pocos que ha ganado a Villarejo en los tribunales”, señala Boye.

Con la venia llegó la absolución de todos

Una vez asumida la defensa por Gonzalo Boye, se celebró el juicio de la pieza “Funcionarios”, una pieza separada de la causa “Emperador” en la que estaban imputados dos comisarios de la Policía Nacional, un inspector, varios agentes e YWL. Previamente se habían caído de la imputación el comisario Salamanca y el jefe de la Brigada de Extranjería, Miguel Ángel Gordo.

Según recuerdan los fiscales del caso, ellos creyeron que si cambiaba la defensa del ciudadano chino, también cambiaría la estrategia de defensa, es decir, que Gonzalo Boye les ofrecería un pacto para su cliente a cambio de reconocer determinados delitos. Pero no fue así. Según estos fiscales, Boye se erigió en cabecilla de todos los demás abogados y fue muy duro e incisivo. En realidad, la suerte de todos los funcionarios dependía de la postura que adoptara Yongping, “pero parece que todos estaban de acuerdo en unir su destino a la estrategia de Boye”, afirma un fiscal del caso. 

Finalmente, el Tribunal compuesto por Fernando Grande-Marlaska, Nicolás Poveda y Ramón Saéz absolvió a todos los imputados, aunque con un voto particular muy duro del magistrado Sáez. El Tribunal Supremo confirmó posteriormente la absolución. 

Nueve años de instrucción

Con la exoneración de todos los funcionarios implicados, quedaba muy tocado un sumario que también ha visto cómo se han ido cayendo personas inculpadas en la supuesta trama de blanqueo por el sistema de compensación, esto es, personas que tenían dinero en paraísos fiscales y a los que la red china de blanqueo facilitaba dinero en efectivo en España. Luego ellos lo devolvían desde sus cuentas opacas haciendo transferencias a cuentas en China. Muchos de ellos pudieron regularizar su situación con la amnistía fiscal del gobierno del PP en 2012. 

No obstante, queda por celebrarse, en teoría, el juicio contra algo más de cincuenta investigados a los que la Fiscalía Anticorrupción sigue imputando de determinados delitos como organización criminal, blanqueo de capitales, coacciones o cohecho. Sin embargo, la repercusión de este caso trasciende las fronteras españolas, pues su devenir está íntimamente ligado al del procedimiento que sigue en Andorra contra varios ejecutivos del BPA (Banca Privada Andorrana) por blanqueo de capitales.

Si finalmente la Audiencia Nacional no aprecia más que fraude fiscal, la causa en Andorra se deshará como un azucarillo, dado que el “delito antecedente”, en este caso el fraude fiscal, no es causa suficiente para imputar a los ejecutivos de un banco en Andorra. Otra cosa es que se demostrara que el dinero que en teoría se lavaba por la red china era dinero del crimen. Entonces sí habría causa en el país vecino.

A día de hoy todo parece estar en el aire. Incluso la Audiencia Nacional parece no tener mucha prisa en despejar un caso cuyas consecuencias serían imprevisibles en el supuesto de que se demostrara que no hubo delito de blanqueo.