El Ministerio del Interior licita contra reloj la contratación del desarrollo tecnológico que permita la implantación a nivel nacional del Sistema de Entradas y Salidas (EES por sus siglas en inglés) y poder cumplir así los requerimientos de la Comisión Europea para la mejora del control de fronteras en los estados miembros. El proyecto acumula un retraso de más de 14 meses sobre el calendario inicialmente previsto por el departamento que dirige Grande-Marlaska.

Con un presupuesto de 13,61 millones de euros (impuestos incluidos), la Secretaría de Estado de Seguridad ha publicado el anuncio previo para la contratación del sistema completo -incluido el software, el hardware y los desarrollos necesarios para su explotación- que permita la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de registro electrónico de entradas y salidas y su conexión al sistema central del EES (Proyecto Entry/Exit System). Apurado por los plazos, el departamento que dirige Grande-Marlaska ha optado por la tramitación "urgente" y licitación "con negociación".

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el 30 de noviembre de 2017 un reglamento por el que se establecía un sistema para registrar los datos de entrada y salida y denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los estados miembros. Éstos tienen hasta mayo de 2022 para poner en marcha este procedimiento.

El sistema EES incluirá información sobre las fechas y lugares de entrada y salida de nacionales de terceros países, junto con datos de carácter personal y biométricos (fotografía y huellas digitales) y las denegaciones de entrada que eventualmente pesen sobre dicha persona. Esta nueva herramienta debe contribuir a reducir los retrasos en los controles fronterizos, asegurar una identificación fiable de las personas que superan la duración de estancia autorizada y reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo, uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan actualmente los estados en materia de seguridad.

En cumplimiento de esta normativa comunitaria, el Ministerio del Interior sacó a licitación en noviembre de 2019 la contratación de los desarrollos tanto del sistema conector del interfaz uniforme nacional con el sistema central como de la adaptación e integración en los sistemas de que disponen tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. El pliego de cláusulas administrativas que reguló aquel concurso señaló el 15 de enero de 2020 como fecha de inicio de la ejecución del contrato, fijándose en 24 meses el plazo para completar los trabajos.

Detalle del calendario previsto para ejecutar el contrato en los pliegos que regularon la licitación anterior.

El procedimiento administrativo se desarrolló, pero no llegó a la fase de adjudicación. El pasado 4 de febrero, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó la resolución de desistimiento como paso previo a sacar una nueva licitación, cuyo presupuesto máximo (13.612.500 euros) triplica el coste del anterior (4.100.000 euros). En todo caso, está previsto que la actuación se financie con fondos europeos.

Interior alega que no ha tenido más opción que renunciar a adjudicar el procedimiento anterior -al que concurrieron las empresas Ednon SL, El Corte Inglés (Iecisa) y Serikat Consultoría e Informática SA por dos de los tres lotes en que se dividió- debido a la "inconsistencia manifiesta" que se ha producido entre el sistema tecnológico que se describía en los pliegos de prescripciones técnicas y el diseño que se comunicó hace seis meses a las autoridades europeas. El defecto ya no es subsanable, aduce.

En su artículo 65, el reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo obligaba a los estados miembros a notificarles qué autoridades nacionales se considerarán responsables del tratamiento de los datos personales en el EES; quiénes tendrían acceso al sistema para introducir, rectificar, completar, suprimir, consultar o buscar datos, y cuáles serían los puntos de acceso central. El número dos de Grande-Marlaska comunicó por carta estos datos a la Dirección General de Interior de la Comisión Europea el pasado 1 de septiembre.

Según detalla Rafael Pérez en la resolución de desistimiento, parte de la información expuesta en dicho escrito no concuerda con el contenido de los pliegos, redactados más de un año antes. Así, el punto de acceso central no corresponde a la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS) -dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad- sino a la Policía Nacional, Cuerpo que será también responsable del tratamiento de los datos personales.

Interior preveía que la empresa encargada del desarrollo tecnológico empezara a ejecutar el contrato en enero de 2020 y todavía no lo ha adjudicado

Asimismo, la Guardia Civil no aparece ya en la carta enviada a la Unión Europea con la consideración de autoridad competente en materia de inmigración -tratamiento que sí se le confería en el pliego que reguló la licitación- sino como una "mera autoridad designada" que podrá consultar el sistema de entradas y salidas a través del punto de acceso central para prevenir e investigar delitos graves y de terrorismo.

El área de Normativa e Informes del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, a cuyo frente se encuentra el comisario José Antonio Rodríguez 'Lenin' desde la llegada de Grande-Marlaska a Interior, emitió un informe el 27 de febrero de 2020 en el que defendía que la designación de las autoridades nacionales incluidas en el Reglamento EES debía corresponder "en exclusividad" a la Policía Nacional. Tan sólo reconocía como competente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en lo relativo a los visados y al punto de acceso central. Los responsables políticos del ministerio asumieron a pies juntillas esa propuesta.

'Lenin' relega a la Guardia Civil

Desde la llegada de Lenin al Gabinete de Coordinación y Estudios en julio de 2018 existe la percepción en algunos sectores de la Guardia Civil que en muchas de sus decisiones ha tratado de primar a la Policía Nacional -Cuerpo del que causó baja el pasado 11 de marzo al cumplir los 65 años, la edad máxima- frente al Instituto Armado, que había ocupado dicha responsabilidad desde la creación de este órgano técnico en la década de los años 80. Así, al comisario se le responsabiliza de que se recortara a los guardias civiles la cantidad inicialmente pactada para el segundo tramo de la equiparación salarial en beneficio de los policías nacionales.

Con el anuncio previo en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Ministerio del Interior dio a finales de la pasada semana el primera paso para la adjudicación de la empresa tecnológica que desarrolle el nuevo sistema de registro electrónico de entradas y salidas y su conexión al sistema central del EES, que estará alojado y gestionado por la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA).

En dicha comunicación no se especifica el plazo que tendrán las compañías interesadas para presentar sus ofertas, pero sí se señala el 1 de julio próximo como fecha prevista para el inicio del proceso de adjudicación. Entonces quedarán menos de diez meses para que se alcance la fecha en que los estados miembros deban tener operativa esta plataforma, concebida para mejorar el control de las fronteras en la Unión Europea.