Nuevo desacuerdo en torno al control del precio de los alquileres. La enésima reunión de esta mañana entre vicepresidencia segunda y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para sacar adelante la ley de vivienda ha vuelto a encallar en el mismo punto, esto es, cómo poner coto a los precios abusivos de los arrendamientos. El negociador de José Luis Ábalos, David Lucas, secretario general de Vivienda, y la de Pablo Iglesias, Ione Belarra, secretaria de Estado de la Agenda 2030 y futura ministra, han decidido seguir hablando, aunque poco o nada se ha avanzado en las últimas semanas sobre la propuesta de Ábalos que los morados califican de "flagrante incumplimiento".

Lucas se ha presentado con un texto que nada dice de imponer un límite a los precios, sino que insisten en mejorar el marco fiscal y en la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y definición de vivienda vacía, que tampoco comparten los socios de Gobierno.

El ministerio de Transportes defiende la validez de su oferta cuya filosofía, en contra de lo defendido por Unidas Podemos, es estimular la oferta, "partiendo de la consideración de que en España la propiedad de vivienda de alquiler corresponde muy mayoritariamente a pequeños propietarios, en su mayor parte particulares, para los que el alquiler de vivienda no es una actividad económica principal", frente a los grandes tenedores o fondos de inversión.

Al departamento de Ábalos no le vale la experiencia de países que como Alemania o Francia han intervenido directamente los precios, pues ha contraído la oferta y dificultado el acceso a la vivienda, arguyen.

Encontronazo por los grandes tenedores

Entre los mecanismos que propone y ha rechazado Podemos están la incorporación de más viviendas al mercado del alquiler e incentivar fiscalmente las bajadas de precio. Además, los propietarios de viviendas vacías verán recargos en sus facturas de IBI, aunque para ello se necesita el concurso de los ayuntamientos. Según este modelo, se considerará gran tenedor al propietario del 1 por ciento de las viviendas de alquiler de las zonas tensionadas y no a los que tiene más de cinco inmuebles, como pretendía el sector morado del Gobierno.

En definitiva un nuevo choque de trenes para una ley que Pablo Iglesias quería culminar antes de dejar la vicepresidencia para presentarse a las elecciones autonómicas madrileñas. "No se cumple el pacto en cuanto a la reducción de precios", insisten en Unidas Podemos aunque habrá nuevas reuniones de tipo técnico.