El pasado 9 de marzo el juez García Castellón dictó orden de detención internacional para los empresarios guineanos Cándido Nsue y Crispin Edu, tras no comparecer en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que instruye el conocido caso Villarejo. Los dos ciudadanos ecuatoguineanos tenían que responder en calidad de investigados por la supuesta contratación de los servicios del comisario Villarejo para investigar a uno de los hijos del dictador guineano, Gabriel Mbega Obiang, hijo de su segunda esposa, con el fin de perjudicarle en la sucesión a la presidencia del país, en favor del otro aspirante, Teodoro Nguema Obianng, Teodorín, hijo de su primera mujer. Villarejo llamó a este encargo proyecto KING. Sin embargo, ninguno de los guineanos se presentó a la declaración. Los dos habían solicitado hacerlo por videoconferencia pero el juez les denegó dicha posibilidad. 

La defensa de uno de los prófugos, Cándido Nsue, ha recurrido en apelación la decisión del juez García Castellón. Según este escrito -al que ha tenido acceso  El Independiente-, se desprende que el cuñado de Obiang se encuentra en Guinea y esa es una de las razones para no haberse presentado a la declaración del pasado día 9, pues “no podemos olvidar la dificultad de viajar en los tiempos actuales, máxime cuando están restringidos los vuelos entre España y Guinea”.

En el recurso se apela a que se cumplan los protocolos y las directrices del Consejo General del Poder Judicial,  dictados para hacer frente a la pandemia y con el estado de alarma aún en vigor. “A nadie se le puede obligar a poner en riesgo su vida, máxime cuando se ha admitido la declaración por videoconferencia en otros supuestos”. 

La defensa del cuñado de Obiang insiste en su escrito en que la declaración por videoconferencia es absolutamente viable en el presente supuesto, “ya que tanto la Audiencia Nacional como la Embajada de España en Guinea cuentan con medios audiovisuales”.

La defensa también carga contra la postura de la Fiscalía, contraria a la declaración por videoconferencia “a pesar del decreto de junio de 2020 de la Fiscal General del Estado que prima el derecho a la salud de todas las personas que se relacionan con la administración de justicia para evitar situaciones de contagio”. 

Tampoco entiende la defensa la decisión del juzgado de proceder a la detención de su cliente en Dubai las pasadas navidades, a pesar de haberse puesto a disposición del juzgado. Por último, el abogado defensor insiste en que la presencia física de su cliente sería en estos momentos estéril, toda vez que aún no se ha levantado el secreto del sumario, “resultando evidente que mi patrocinado se acogerá a su derecho a no declarar”.

El conocido como sumario Villarejo se inició precisamente en Guinea, cuando el empresario y abogado Francisco Menéndez, que trabajaba en la empresa guineana de hidrocarburos GEPETROL -y que encargó el proyecto KING al comisario- le denunció posteriormente por medio de un ex agente del CNI.