Miércoles 10 de marzo. 09.10h de la mañana. La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados acaba de comenzar. Pablo Casado e Inés Arrimadas permanecen sentados en sus respectivos escaños. El primero interpela a Sánchez sobre el voto en contra de Podemos a levantar la inmunidad a Carles Puigdemont. La segunda dirige una pregunta sobre ayudas a pymes y autónomos a Nadia Calviño. Pero la cabeza de ambos no está en la Carrera de San Jerónimo, sino en el Palacio de San Esteban. Las primeras informaciones sobre un supuesto pacto entre PSOE y Ciudadanos para presentar una moción de censura contra el PP en la Región de Murcia encienden todas las alarmas. El revuelo es evidente. Los teléfonos empiezan a sonar. El murmullo crece. Los pasillos de la Cámara Baja se llenan de pasos apresurados. El terremoto político acababa de comenzar.
Inés Arrimadas ya tenía el primer 'golpe' contra los populares agendado. De hecho, su número dos, Carlos Cuadrado, se había desplazado la noche anterior a Murcia para atar todos los flecos de la operación y que los seis diputados de Ciudadanos en la Asamblea regional firmasen un documento para que la portavoz autonómica de Ciudadanos en Murcia, Ana Martínez Vidal, asumiese la presidencia en sustitución de Fernando López Miras, con el respaldo del PSOE y de Unidas Podemos. El mismo guion debía aplicarse en el Ayuntamiento de Murcia. Lo que ignoraba Arrimadas en ese momento es que también estaba firmando el inicio de la disolución de Ciudadanos.
Pablo Casado también conocía el partido que estaba a punto de jugarse no sólo en Murcia, sino también en el resto de las autonomías donde el PP compartía poder con Ciudadanos. Y se guardaba varios 'ases' en la manga que desbarataba de arriba a abajo el plan de la presidenta de la formación naranja: si Arrimadas se atrevía a retar al PP en Murcia, habría elecciones en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso había amagado en más de una ocasión con un adelanto electoral por la complicada relación con su vicepresidente, Ignacio Aguado, y la sombra de una moción que había planeado desde el inicio de la legislatura sobre la Puerta del Sol. Y así fue. En ese momento, Casado no sólo estaba dando luz verde a la apertura de urnas en Madrid, sino a la voladura definitiva de Ciudadanos.
Las horas y minutos que siguieron al registro de la moción en Murcia fueron especialmente tensos en la sede de Génova -en ese momento, la ruptura con Ciudadanos puso también en el punto de mira el equilibrio de los ejecutivos autonómicos en Castilla y León y Andalucía-, pero mucho más en la Puerta del Sol y en la Asamblea de Madrid. En la primera, para estupor de los consejeros allí reunidos en el habitual Consejo de Gobierno de los miércoles, Díaz Ayuso comunicó su decisión de pulsar el botón de adelanto electoral, al filo de las 11:00h de la mañana. La presión se trasladó a la Asamblea. Y allí, Más Madrid y el PSOE registraron sendas mociones de censura para tratar de parar los pies a la presidenta madrileña. Y Ciudadanos, según ha podido comprobar El Independiente de varias fuentes parlamentarias, también hizo el amago de presentarla, aunque tanto el equipo de Ignacio Aguado como el de Inés Arrimadas lo negaron posteriomente.
"Esa mañana todo era desconcierto, la desinformación más absoluta. A los diputados se nos convocó a una reunión por la mañana para firmar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso", relata un diputado regional de la formación liberal. La decisión, no obstante, se había tomado a contrarreloj y finalmente se desestimó. "No había planteamiento previo de presentar una moción, no había conversaciones con el PSOE. Fue una reacción visceral a lo que estaba sucediendo", comenta otra fuente, presente en la mencionada reunión. Una vez se tuvo conocimiento de que Más Madrid y el PSOE habían presentado sendas mociones, la estrategia de Aguado era presentar la suya propia para no votar las de la izquierda. "Era una estrategia cortoplacista y muy ciega y, finalmente, no se presentó", argumentan.
Los nervios y la tensión no fueron a menos. Tanto, que varios dirigentes -Marta Marbán y Sergio Brabezo, ya ex diputados de la formación liberal pero presentes en la Asamblea aquella mañana- han llegado a denunciar las "presiones" de aquel día para firmar a toda prisa los papeles de la moción. "Nos convocan a todos a media mañana. Yo llego la penúltima al despacho de la Asamblea, porque vivo en un pueblo a las afueras. Según entro, me dicen que firme un documento. Veo firmas, pero no sé de qué se trata. Admito que me puse nerviosa y le empiezo a gritar a mis compañeros: ¡pero qué habéis firmado!", relata a El Independiente Marta Marbán, que presentó su renuncia como diputada regional tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del pasado lunes.
"Fue todo muy rápido. Entro al despacho y me presionan para firmar una documentación que proponía a Aguado como candidato. Pregunto, ¿qué es esto? No me dicen nada, sólo no, no, fírmalo rápido. Si quieres que estemos unos meses más, tienes que firmar aquí", afirma por su parte Sergio Brabezo, ex portavoz adjunto de Cs en la Asamblea. Fuentes del entorno del ex vicepresidente regional califican las palabras de ambos dirigentes, pero sobre todo de Brabezo, de "intoxicación". Otras fuentes de la formación liberal cercanas a la dirección nacional acusan a Brabezo de "oportunismo" y de "traicionar" los principios del centro político por "buscar un hueco al lado de Díaz Ayuso".
Caos en el Senado, fractura en el Congreso... y Toni Cantó
Pero la 'semana horribilis' de Ciudadanos no había hecho más que comenzar. El adelanto electoral en Madrid fue un movimiento inesperado, pero la pesadilla comenzaría verdaderamente hace justo una semana, el pasado viernes, cuando Fernando López Miras -con Teodoro García Egea- dio la vuelta al órdago lanzado por los liberales en la Región de Murcia y convenció a tres diputados díscolos de Ciudadanos para que se rebelasen contra las directrices de Inés Arrimadas y votasen en contra de la moción. De poco sirvieron los ataques contra la "corrupción" del PP y el "transfuguismo" de estos diputados por parte de diferentes portavoces de Ciudadanos. La estrategia política de Arrimadas había sido un fracaso: en pocas horas, el partido liberal había perdido los gobiernos de Murcia y de Madrid, por no hablar de que Ciudadanos venía de perder otros 30 diputados en las elecciones autonómicas catalanas, feudo por excelencia de los liberales.
El enfado y el malestar interno supuraba. La decisión que había desatado el caos más absoluto había sido unilateral. El Comité Ejecutivo Nacional del pasado lunes fue entendido por muchos dirigentes del partido como una ventana de oportunidad para enmendar los errores, redefinir la estrategia y, sobre todo, asumir responsabilidades. Pero la decisión de Arrimadas de paliar los daños únicamente abriendo el 'núcleo duro' del partido a las voces territoriales provocó una auténtica cascada de deserciones, empezando por el ya ex coordinador de las Cortes Valencianas, Toni Cantó, que pidió la dimisión de toda la cúpula del partido, incluida la de Arrimadas e, incluso, pidió el voto para Isabel Díaz Ayuso.
A él le siguieron más bajas, como la de los citados parlamentarios autonómicos madrileños, Sergio Brabezo y Marta Marbán. También abandonaron el barco naranja diferentes cargos locales, como el alcalde de Robledo (Albacete), Cristian Cuerda; o Jordi Obón, ex consejero de distrito en Barcelona. Pero la sangría de un partido roto no se detendría ahí. Las siguientes deserciones se producirían en Congreso y Senado. En la Cámara Baja, la salida del diputado Pablo Cambronero dejaría el mermado grupo parlamentario de Ciudadanos en 9 diputados, ya que pasa al Grupo Mixto. También ha renunciado Marta Martín, aunque en su caso sí renuncia al acta. Las fugas en el Senado, por contra -primero con Fran Hervías y después con Ruth Goñi y Emilio Argüeso, ambos de la cuerda del ex secretario de Organización de Cs que maneja ahora los hilos en Génova-, dejan a Ciudadanos sin grupo propio en la Cámara Baja, lo que también provoca una importante merma económica en las arcas del partido de más de medio millón de euros anuales.
El partido liberal tiene una última oportunidad para demostrar que sigue vivo en las elecciones autonómicas de Madrid. Si logra superar la barrera del 5% del voto, logrará representación y podría ser necesario para volver a formar Gobierno con Isabel Díaz Ayuso, aunque ésta opta por mirar a su flanco derecho para llegar a futuros pactos. Arrimadas se ha decidido a no dar por perdida la guerra: Ignacio Aguado ha dado un paso al lado, y será Edmundo Bal, abogado del Estado y hombre fuerte del partido liberal, el encargado de librar la que puede ser la última gran batalla de Ciudadanos.
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