No ha sido una buena semana para Ada Colau. Superada la crisis de seguridad por las protestas contra la detención de Pablo Hasél, se abren ante Colau cuatro frentes judiciales. El primero, el de las subvenciones del Ayuntamiento, por las que la Fiscalía ha abierto una investigación. La alcaldesa de Barcelona tendrá que explicar ante la justicia y ante el pleno municipal los 3,4 millones de euros en subvenciones recurrentes, sin concurso público, a entidades como Observatori DESC, la PAH e Ingenieros sin Fronteras, después de que la Fiscalía admitiera a trámite una querella por estas ayudas.

No es el único problema judicializado en el horizonte de la alcaldesa. El conflicto por la Casa Buenos Aires amenaza a su número dos, Janet Sanz, mientras el regidor de Medio Ambiente, Eloi Badia, corre el riesgo de ser denunciado por delito medioambiental.

La investigación abierta por la Fiscalía sobre los 3,4 millones de euros en subvenciones a entidades afines -la cuna política de Colau y su equipo, que antes de llegar al gobierno local habían trabajado en esas entidades- es sin duda el principal frente. Por ello, BeComú y los socialistas aceptaron este miércoles en evite de la oposición y acordaron la presentar un informe de "evaluación del código ético y de conducta del Ayuntamiento de Barcelona en materia de cumplimiento del código".

Nadie habla de momento de delito, pero todos reclaman a Colau y su equipo que expliquen tanta ayuda directa a sus entidades amigas. La impulsora de la resolución, Eva Parera, aseguró en comisión que "no queremos hacer juicios paralelos" pero reclamó disipar cualquier sombra de duda sobre la gestión municipal.

Janet Sanz, imputada

La admisión a trámite de la querella por parte de la Fiscalía de Barcelona no ha sido la única mala noticia judicial para la alcaldesa en los últimos días. La semana empezaba con su actual número dos en el consistorio, Janet Sanz, declarando en un proceso en el que esta imputada por los delitos de prevaricación delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y obstrucción a la justicia, por su intervención para impedir la venta de la Casa Buenos Aires, permitir su okupación y la posterior expropiación del inmueble.

Se trata de un edificio modernista situado en el barrio de Vallvidrera de Barcelona, una privilegiada localización en la falda del Tibidabo, que era propiedad de la Congregación religiosa de los Padres Paúles. La congregación acordó la venta del edificio al fondo London Private Company, los demandantes.

Rescate a los okupas de la Buenos Aires

El fondo, integrado por varias familias catalanas, a pesar del nombre, proyectaba la construcción de un hotel del lujo. En 2018 la Congregación, tras firmar la opción de compra, pide permiso para derruir el edificio, pero el Ayuntamiento se opone e inicia los trámites para incluirlo entre los edificios catalogados de Barcelona. Durante el proceso, el edificio es okupado, según los denunciantes con el beneplácito del consistorio.

Finalmente, el consistorio acordó expropiar el edificio para destinarlo a vivienda social, una decisión que la oposición local, excepto ERC, tachó de "rescate" a los okupas. Pero no hubo acuerdo en el precio, que los propietarios elevaban muy por encima de los 3,5 millones de euros ofrecidos por el Ayuntamiento. Fue entonces cuando interpusieron la querella contra Sanz, que este lunes aseguraba haber actuado en defensa del interés público protegiendo un edificio catalogado de su demolición.

Badía, acusado de tapar dos casos de acoso

El tercer frente judicial de los comunes en Barcelona lo afronta el regidor Eloi Badia, por el proyecto de construir vivienda social en uno de los escasos parques del barrio de Vallcarca. La asociación de vecinos del barrio ha anunciado la intención de presentar una querella contra el regidor por "prevaricación y delito medioambiental" contra el regidor de medioambiente de Colau.

Es la última carta de la asociación, que en noviembre propuso al consistorio sustituir la construcción de dos bloques de viviendas sociales en la zona verde por la compra de viviendas ya construidas en el barrio, que la propia asociación se comprometía a buscar, a cambio de conservar el parque de la Ronda de Dalt.

Badía tiene que resolver, además, la denuncia de acoso realizada por dos trabajadoras de Parcs i Jardins. Una denuncia de la que la alcaldesa se limitó a afirmar que "se hará un seguimiento del caso" y que los sindicatos acusan a Badia de haber intentado "tapar".

Enséñame las bragas

Decenas de personas se manifestaron en febrero ante el Ayuntamiento exigiendo su cese después de que el Instituto Municipal de Parques y Jardines fuera condenado en diciembre a indemnizar a dos trabajadoras por acoso machista de su encargado.

Una de las víctimas relató que le había pedido que le enseñara las bragas, además de preguntarle si sabía hacer "un francés". La otra empleada aseguró que el acusado entraba al vestuario de mujeres sin avisar y les ofrecía ayuda para que se cambiasen de ropa. El juez negó que los hechos pudiesen ser considerados “acoso sexual” pero sí consideró probada una conducta de “acoso por razón de género”, por la que condenó al Ayuntamiento a pagar 15.000 euros a cada una de las víctimas.

Alarcón, denunciada por las licencias de motos de alquiler

Entre las filas socialistas del gobierno municipal no son inmunes. La regidora de movilidad, Rosa Alarcón, vio en febrero como la Fiscalía abría diligencias de investigación para determinar si existe delito en su actuación y la de Manuel Valdés López, gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, a la hora de conceder las licencias y favorecer, presuntamente, a algunos de los operadores. Aunque los hechos denunciados arrancan del mandato anterior.

El conflicto arranca del concurso municipal para ordenar la concurrencia de varias empresas dedicadas al alquiler de motos y patinetes vía aplicaciones online. Una de las empresas que optaron al concurso acusa a los gestores municipales de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, acusaciones que ahora investiga la Fiscalía.

Recriminan la Ayuntamiento haber actuado en favor de Ecooltra y Acciona. Dos empresas "que gozan de una posición de dominio abusivamente privilegiada", según los denunciantes. Ambas operan en Barcelona desde 2016 y saltaron al ámbito de la movilidad eléctrica compartida, en concreto al de las motos, "de forma ilegal gracias a la actuación fraudulenta de determinados empleados públicos del Ayuntamiento de Barcelona, que les han permitido circular y aparcar sus vehículos eléctricos sin exigirles licencias y sin pagar tasas por la ocupación lucrativa de las calles de Barcelona".