"No se puede retirar todas las herramientas sin dar alternativas, el cuerpo a cuerpo es más peligroso". Quien así habla es el secretario general del Sindicato de Mandos de los Mossos d'Esquadra (SICME), Jordi Silva, que no oculta su preocupación por el preacuerdo alcanzado por ERC y la CUP para la formación del nuevo gobierno catalán tras las elecciones celebradas el pasado 14 de febrero. El malestar es extendido en gran parte del Cuerpo, especialmente entre los integrantes de la Brigada Móvil (Brimo).

El acercamiento de posturas entre ambas formaciones políticas establece como punto prioritario la revisión del modelo policial catalán y, como cuestión previa, la suspensión del uso de proyectiles de foam en actuaciones de orden público. Se trata del último elemento disponible para los mossos a la hora de mantener la distancia ante manifestantes violentos, después de que el Parlament prohibiera el uso de pelotas de goma a finales de 2013.

"Si nos eliminan las herramientas, nos estarán llevando al cuerpo a cuerpo, con una diferencia sustancial de efectivos: menos agentes que manifestantes. Como esto va a generar más lesiones en policías y manifestantes, tenemos muy claro que será fruto de esta lamentable e irresponsable decisión y nos reservamos el derecho a acudir a los tribunales para hacerles responsables de las lesiones que se puedan producir", defiende el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David Miquel.

La regulación catalana permite también el uso de agua a presión y de gases lacrimógenos, utilizados para disolver los violentos enfrentamientos con manifestantes en octubre de 2019, en la "batalla de Urquinaona". Jordi Silva rechaza ambas opciones. En el caso del camión lanza-agua, porque la tanqueta de la que dispone la Policía de la Generalitat "es un vehículo ya obsoleto", utilizado en octubre de 2019 más para abrir las barricadas levantadas por los manifestantes que para disolverlos.

En cuanto al gas pimienta, el portavoz del SICME recuerda que es un medio que impide discriminar entre los concentrados. Ante grupos de manifestantes organizados y violentos "cada vez mejor equipados" rechaza el uso de unos gases que perjudicarían a los menos preparados. "Sería peor que las pelotas de goma, dudo que nos permitan utilizarlo", expone.

Moneda de cambio política

Más allá de las herramientas a disposición de los Mossos, en el Cuerpo preocupa la influencia que puede tener la CUP en el próximo gobierno autonómico, en el que los antisistema aspiran a entrar. "Sin entrar en política, si su premisa es disolver a los Mossos sí nos preocupa" reconoce Silva.

"Es la primera vez en la historia que los Mossos se convierten en moneda de cambio política en la negociación de una investidura", se lamenta la portavoz de Fepol, Inma Vidues. Una situación que ha generado enorme malestar en el Cuerpo, reconoce. "Esperaremos a que se conforme el nuevo ejecutivo para tener un interlocutor válido", añade con prudencia.

La suspensión de los proyectiles de 'foam' y la revisión del modelo policial, entre las prioridades que plantea la CUP

Los antisistema han fijado como prioridades en la negociación del próximo Gobierno no sólo la prohibición de los proyectiles de foam, sino también la disolución de la Brimo y la Arro -unidades antidisturbios- así como prohibir, a corto plazo, su intervención en desahucios. ERC ha cedido de momento con el uso de las pelotas de foam, pero queda sobre la mesa también el compromiso de crear una comisión ad hoc en el Parlament para revisar, de nuevo, el modelo policial.

"No nos oponemos a la revisión del modelo", asegura Silva, que reclama que esta revisión se realice de la mano de expertos, comparando con los métodos de otras policías europeas y, sobre todo, con mucha "reflexión". En términos similares se expresa Vidues.

"Estamos abiertos al debate permanente", señala la portavoz de Fepol, que recuerda que hace menos de un año se aprobó una auditoría interna -precisamente a raíz de los violentos disturbios de 2019- que concluía que "no tenemos medios suficientes para garantizar la distancia y evitar el cuerpo a cuerpo". Esa auditoría se hizo pública en julio de 2020, concluyendo que "las herramientas disponibles no fueron suficientes para contener las movilizaciones más violentas, evidenciando la necesidad de nuevas estrategias en el orden público".

Desde el SPC, más que el desmantelamiento de la Brigada Móvil interpretan que lo que la CUP propugna es seguir "delimitando" las herramientas que puede usar una unidad policial de opinión pública contra grupos violentos. "En el fondo nos necesitan. Cuando rodean el Parlament y van a por ellos, entonces bienvenida es la Brimo", razona David Miquel. Y añade: "Dudamos mucho que quieran eliminar las unidades de orden público, porque si eso pasara tendrían que hacerse cargo de los disturbios en caso de que se pasara la Policía Nacional o la Guardia Civil".