La exsenadora de Podemos Celia Cánovas, que denunció al partido por presunta administración desleal y está personada en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid contra éste, acusa a la formación de presentar al juez "hechos tergiversados" en escritos y documentos para "ocultar información, confundir al instructor y entorpecer la investigación".

Cánovas ha recurrido la decisión del magistrado -que tiene investigado al partido como persona jurídica por la supuesta desviación ilegal de fondos electorales- de archivar una de las líneas de investigación del denominado caso Neurona. Se trata de la investigación por el cobro de supuestos sobresueldos por parte de la gerente de la formación, Rocío Esther Val, y del tesorero, Daniel De Frutos. El instructor rechazó el pasado 11 de marzo que el partido de Pablo Iglesias incurriera en ilegalidades porque sus responsables económicos cobraran dos complementos salariales de 210 y 400 euros, como denunciaron los abogados expulsados de la formación José Manuel Calvente (quien fuera responsable de Protección de Datos) y Mónica Carmona (de Cumplimiento Normativo).

Consideró el juez, después de tomar declaración a Val como investigada y estudiar la documentación que le remitió la defensa de Podemos, entre ella los Estatutos del partido, que el Consejo de Coordinación aprobó dichos complementos salariales y que la gerente Val tenía potestad para decidir sobre la concesión de éstos.

"Estatutos que no estaban vigentes en 2019"

Sin embargo, en el recurso presentado por Cánovas contra dicha decisión, al que ha tenido acceso El Independiente, considera que "Podemos ha aportado unos Estatutos que no estaban vigentes en el año 2019 con la intención de ocultar las competencias reales del Consejo de Coordinación en la fecha en que ocurrieron los hechos, lo cual demuestra que la Gerencia carecía de competencias para establecer complementos salariales y que el Consejo de Coordinación carecía de competencias para validar posteriormente la modificación de los salarios acordada por la Gerencia, en contra de lo que pretenden hacernos creer ahora y que el Juzgado ha aceptado erróneamente en el auto recurrido".

Según la explicación de Cánovas, el partido aportó "un reglamento de enero de 2017 y los Estatutos que exigen el presupuesto anual son de agosto de 2017 y de febrero de 2018, es decir, posteriores y por lo tanto invalidan cualquier disposición reglamentaria contraria a los mismos. En consecuencia el presupuesto cuatrimestral aprobado por el Consejo de Coordinación en el mes de marzo de 2019 es nulo".

"El partido, propiedad privada de la ejecutiva"

Para la exsenadora, que se enfrentó al partido denunciando no saber a dónde se destinaba la parte de sueldo que los cargos electos destinaban a la Caja de Solidaridad de la formación, en este caso de los supuestos sobresueldos archivados por el juez "estamos ante una corrupción de toda la cúpula del partido".

Considera Cánovas que "el partido se ha convertido en una propiedad privada de la ejecutiva, que no respeta los estatutos y valida actos de disposición patrimonial de sus miembros porque son ellos mismos quienes los cometen, porque la gerente y el tesorero son miembros de la ejecutiva del partido". Continúa viendo indicios de administración desleal y por eso recurre el archivo ante el juez y, si no lo acepta, ante la Audiencia, pidiendo la declaración en calidad de investigados de Ione Belarra, secretaria de Coordinación Ejecutiva del Secretariado de Podemos y de Denis Maguire, responsable económico-financiero en 2019, así como del gerente que propuso las tablas salariales del partido en 2017 como testigo.