La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en la causa del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid en la que se investiga si cobró comisiones procedentes de los contratos que la entidad firmó con las empresas publicitarias Publicis y Zenith para promocionar la fusión y salida a bolsa del banco.

El Ministerio Público pide más de 60 años de prisión para Rato por los delitos cometidos en la ocultación de su patrimonio personal en el extranjero. Le acusan de 11 delitos contra la Hacienda Pública, uno de blanqueo de capitales, otro de insolvencia punible, otro de corrupción en los negocios y un último de falsedad en documento mercantil.

Los represantes de Anticorrupción estiman que la cantidad que el expresidente de Bankia defraudó a Hacienda asciende a 8,6 millones de euros. Según trasladan fuentes fiscales, Rodrigo Rato, "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente…utilizó en realidad la Declaración Tributaria Especial como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior".

Para Anticorrupción, según se refleja en su escrito de acusación presentado el pasado 18 de marzo ante el juez Antonio Serrano-Arnal, "el análisis de la documentación intervenida ha permitido identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de
15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. A la luz de tal documentación, y según el informe de 7 de julio de 2020 efectuado por la Unidad de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, han resultado cuotas defraudadas por importe de 7,5 millones de euros en los ejercicios mencionados. A esta cantidad hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de servicios profesionales del acusado a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, como es el caso de los servicios prestados a Telefónica o la realización de conferencias, tras su regreso a España tras haber dirigido el Fondo Monetario Internacional".

"Patrimonio oculto a Hacienda desde 1999"

En su escrito, la Fiscalía acusa a Rato de mantener desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española, a través de diversas sociedades, entre ellas la irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Westcastle Corporation y la británica VivaWayLimited.

Utilizando tales entidades, Rato habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa "desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015".

El escrito de acusación del Fiscal describe la colaboración particularmente
relevante que en tales operaciones habrían tenido Santiago Alarcó Canosa, ex cuñado de Rato y el asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, el primero manejando sus cuentas en el extranjero y gestionando estructuras societarias que servían a los intereses de Rato y el segundo administrando la sociedad española Kradonrara, filial de VivaWayLimited y organizando la repatriación de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por el trust gibraltareño Finsbury.

La documentación intervenida en las entradas y registros efectuadas el 16 de
abril de 2015 en el domicilio de Rato y en la sede de sus empresas en Madrid,
así como en las sedes de Plaza Abogados en Madrid y Sotogrande ha permitido conocer, según expone Anticorrupción, que "Rato ha titulado también cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el Fisco español, que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y que se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas".

De acuerdo con la documentación intervenida, a partir del año 2014, "junto con el trust gibraltareño Finsbury antes referido, el acusado habría comenzado a utilizar también el trust United Trust ubicado en Curaçao y al que están vinculadas las sociedades East River en Anguila y Wheelerdale en Luxemburgo", expone la Fiscalía.

Para los investigadores, "todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de mecánicas de blanqueo por el acusado", describiéndose en el escrito de la Fiscalía hasta ocho mecanismos de blanqueo, incluyendo entre ellos el uso del llamado "crédito lombardo que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores, las propias inversiones de las sociedades de Rato en la sociedad alemana Bagerpleta Gmbh, las millonarias ampliaciones de capital en la propia VivaWay y en su filial Kradonara SL e incluso las propias declaraciones efectuadas a Hacienda bajo los modelos 750 (Declaración Tributaria Especial) y 720 (Declaraciones de bienes y derechos en el extranjero), utilizadas a los fines de limpiar el origen ilícito de los bienes, que el acusado ha tratado de reintegrar a la actividad mercantil lícita".

Rato se acogió, según se recuerda en el escrito de conclusiones provisionales, a la amnistía fiscal de 2012 declarando ser el propietario de Red Rose Finantial, omitiendo cualquier referencia a otras sociedades que él mismo tenía, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333 euros y pagando a la Hacienda española 11.533 euros.