La Administración General del Estado lleva adjudicados durante la pandemia contratos 'a dedo' por un montante superior a los 3.236 millones de euros, cantidad que en un 94 % (3.034 millones) corresponde a compras de material realizadas por el Ministerio de Sanidad para luchar contra el coronavirus. A muchas de esas operaciones no se les dio publicidad hasta semanas después de formalizarse, lo que generó las críticas de la oposición y de organismos que promueven la transparencia.

De acuerdo con las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recopiladas por Civio, el Gobierno recurrió durante el pasado año en 1.207 ocasiones a la tramitación de emergencia para formalizar contrataciones. Se trata de un modalidad extraordinaria que prevé la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 120 y que faculta a la Administración a actuar "de manera inmediata" en situaciones catastróficas o de grave peligro.

En estos casos, el órgano de contratación puede "ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida" sin obligación de tramitar expediente de contratación alguno, disponiendo de un plazo máximo de 30 días para elevar al Consejo de Ministros la toma de razón de la urgencia.

También las comunidades y ciudades autónomas y las entidades locales recurrieron con frecuencia en 2020 a este procedimiento, sumando estas adjudicaciones otros 3.208 millones de euros. Como recuerda Civio, algunos de estos encargos se formalizaron antes de la declaración de la pandemia y no reúnen los presupuestos que exige la ley, como la contratación de tres camellos con transporte para la Cabalgata de Reyes Magos de 2020 en Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife).

Sanidad es el departamento ministerial que más contratos de emergencia cerró el pasado año. De los 3.236 millones que suman todos los encargos del Gobierno, 2.131 millones corresponden al acuerdo marco promovido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) el pasado mes de noviembre para garantizar el suministro de material de protección (mascarillas de diversos tipos, batas, guantes de nitrilo, gafas, kits de extracción, test de diagnóstico...) ante las nuevas oleadas que pudieran registrarse. En este macrocontrato participan también las comunidades autónomas y otros ministerios, como Defensa e Interior.

217 millones a un solo intermediario

Entre el 13 de marzo y el 1 de diciembre, el Ingesa, la Dirección General de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, la Secretaría General de Sanidad y la Secretaría General de Sanidad realizaron 175 adjudicaciones de emergencia, incluida la compra extraordinaria de vacunas contra la gripe por 3,41 millones de euros.

De los 3.034 millones comprometidos por el departamento entonces dirigido por Salvador Illa, 217,46 millones fueron para un mismo proveedor: la empresa barcelonesa FCS Select Products SL, a la que le encargó el suministro de 508 millones de mascarillas de protección respiratoria, diez millones de pares de guantes de nitrilo y 150.000 gafas.

Comunidades y ayuntamientos también recurrieron a este procedimiento de contratación, previsto para situaciones catastróficas o de grave peligro

El importe de los contratos firmados por Sanidad oscila entre los 150 millones del adjudicado a Hongkong Travis Asia Limited al principio de la pandemia para que le sirviera diverso material de protección y los 14.988 euros del encargo a Informática y Comunicaciones Avanzadas SL para que le proporcionara 600 licencias de software. Los servicios contratados incluyen también el transporte de la mercancía, el análisis de la calidad de los productos y campañas de concienciación de las medidas preventivas, entre otros conceptos.

Muchas de las contrataciones se cerraron con fabricantes o distribuidores chinos y en gran medida obligaron a desembolsar por adelantado el dinero, dada la demanda de material existente a nivel mundial por la propagación del coronavirus y la limitación de la capacidad de producción. Varias de esas compras resultaron fallidas (como respiradores y mascarillas), al no corresponderse la calidad de los artículos con las condiciones anunciadas.

Junto con Sanidad, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es el segundo que más contrataciones de emergencia formalizó durante el pasado año. En concreto, fueron 181 adjudicaciones que sumaron casi 104 millones de euros, de los que 32,5 millones los facturó la compañía zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

Los encargos de Ábalos

Así, la presidencia del organismo público Puertos del Estado acordó el 21 de marzo comprarle una remesa de mascarillas profilácticas "a efectos de prevención del contagio de la covid-19 en el ámbito del transporte y la movilidad" por un montante de 2o millones de euros. Seis días después, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas volvió a recibir otro encargo de otro departamento adscrito al ministerio dirigido por José Luis Ábalos. En concreto, el consejo de administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) le adjudicó la adquisición de cinco millones de mascarillas FPP2 por 12,5 millones de euros.

También el Ministerio del Interior eligió a esta empresa aragonesa para encargarle el suministro de 1.065.000 mascarillas FFP2. El contrato se firmó electrónicamente el 26 de abril y supuso un desembolso de 3.479.355 euros, razón de 3,27 euros cada unidad.

Defensa fue el tercer ministerio que más ha recurrido al procedimiento de emergencia durante la pandemia, con casi 300 adjudicaciones que totalizan casi 26 millones de euros. Mayoritariamente fueron para la compra de material de protección contra la covid-19, incluyéndose también la rehabilitación del baluarte IX de la Muralla de Carlos III en Cartagena (Murcia) por 233.841,12 euros.

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En un informe de supervisión de las adjudicaciones formalizadas por vía de emergencia, fechado en marzo de 2021, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) enumera diversos errores advertidos en las operaciones analizadas, como la publicación de contratos de ' tramitación urgente' u 'ordinaria' cuando eran de emergencia o la publicación acumulada de contratos.

También ha detectado "incoherencias" en las cifras de valor estimado, presupuesto base de licitación y precio de adjudicación; la publicación de contratos derivados de acuerdo marco como si fueran de emergencia; la ausencia de documentación suficiente; encargos con plazo de ejecución que burlan el carácter restrictivo de esta modalidad de contratación y "dudosas justificaciones", como alegar que está motivada por una necesidad perentoria cuando realmente obedecía a una "ausencia de planificación de la actividad u obligaciones propias de la entidad contratante".

"Esta Oficina deduce que existe una confusión por parte de los órganos de contratación al interpretar la tramitación de emergencia como un tipo de tramitación alternativo a las tramitaciones ordinaria y urgente reguladas en la LCSP [Ley de Contratos del Sector Público] y no como un procedimiento o expediente de contratación de carácter excepcional", concluye.