2023 es la fecha límite otorgada por la CUP a ERC para extraer réditos de su Mesa de Negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez. Así consta en el preacuerdo firmado por ambos partidos para investir a Pere Aragonés presidente de la Generalitat. Un pacto en el que la CUP advierte de que, superados esos dos años, si no se ha conseguido en la Mesa que el Gobierno acepte la ley de amnistía y la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación, "la CUP y ERC se comprometen a un nuevo envite democrático, priorizando la vía del referéndum" unilateral.

Para fijar ese compromiso, ERC acepta que Aragonés someterá a una cuestión de confianza en el Parlament antes del 30 de junio de 2023. En ella, los antisistema evaluarán el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos para seguir avalando la estabilidad parlamentaria del Govern o dejarlo caer.

Hasta entonces, Esquerra y la CUP se comprometen a crear un grupo de trabajo permanente para auditar el cumplimiento de los acuerdos de legislatura. Un segundo Comité Permanente de Seguimiento evaluará la coordinación con el Govern, y se crearán además comités sectoriales para debatir, entre otros, los próximos presupuestos.

Este es el marco en el que se moverá el próximo gobierno catalán si Esquerra consigue en los próximos días incorporar a JxCat al acuerdo de legislatura firmado con la CUP. Un acuerdo que desde hoy está a disposición de las bases del partido antisistema para su debate y aprobación asamblearia el próximo jueves. Si las bases lo aceptan, Aragonés contará el viernes con los votos de los 9 diputados antisistema.

Límites al orden público

En materia de orden público, el acuerdo establece, además de la prohibición del uso de balas de foam, nuevos límites a la actuación de las unidades de orden público de los Mossos d'Esquadra. Señala que no podrán intervenir en desahucios, una condición difícil de cumplir cuando sean requeridos como policía judicial, como sucede habitualmente.

Aunque lo que más preocupará a los agentes será sin duda el compromiso de retirar a la Generalitat como acusación particular contra los participantes en manifestaciones, así como la "unificación del cuerpo de abogados del Departamento de Interior en la estructura centrar". Un epígrafe no desarrollado, pero que señala la voluntad de controlar desde Presidencia a este cuerpo de funcionarios.

Se comprometen también a no aplicar la "Ley mordaza cuando vulnere el derecho de manifestación". Y proponen a la creación de la comisión parlamentaria sobre el modelo policial propuesta por ERC.

Banca pública y prórroga automática del alquiler

En materia de política económica, ambos partidos se comprometen a convertir el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el vehículo de la Generalitat para el apoyo financiero a las empresas, en una banca pública. Un nuevo banco que deberá incorporar la "evaluación social y ambiental" a sus decisiones de financiación y vehicular los fondos europeos en Cataluña.

En cuanto a la vivienda, el otro gran caballo de batalla de los antisistema, el preacuerdo propone recuperar la Ley de acceso a la vivienda aprobada por la Generalitat y suspendida por el Tribunal Constitucional, así como una nueva regulación de los alquileres para alargar los contratos y establecer la prórroga automática obligatoria.