Tras la reciente decisión de la Fiscalía Anticorrupción de incluir en su lista de delitos contra los Kokorev el tráfico ilegal de armas, tal y como adelantó el diario La Razón, se abre el camino para el inicio del juicio oral contra esta familia rusa, que además tendrá que responder de otro presuntos delitos. Entre ellos se encontrarían el presunto blanqueo de capitales o la acusación de ser los testaferros de algunos miembros de la familia del dictador guineano Teodoro Obiang.  

José Antonio García Cabrera, abogado defensor de Julia Maleva, califica de montaje policial y político todas las acusaciones que pesan sobre el matrimonio y su hijo, a las que tilda de infundadas y "que obedecen más a razones de geoestrategia política que a una investigación con todas las garantías de un Estado de Derecho".

Este complejo y dilatado procedimiento comenzó en el año 2009, a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) por el abogado Manuel Ollé en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era en aquel momento Baltasar Garzón. El juez se inhibió en favor de los juzgados de las Islas Canarias. No es ningún secreto que detrás de la APDH se encuentra la figura del magnate norteamericano George Soros. 

Kalunga Company, la empresa de los Kokorev

La base de la querella fue un informe preliminar del Senado estadounidense (informe del Subcomité) sobre las actividades del banco Riggs, donde apareció la sociedad Kalunga Company, cuyos propietarios eran los Kokorev. Kalunga realizaba operaciones comerciales con Guinea Ecuatorial y el Riggs Bank gestionaba cuentas de este país. El gobierno guineano realizó pagos contra factura a Kalunga por valor de 26,5 millones de dólares, pagos que para el Informe del Subcomité resultaban "sospechosos". 

Según las autoridades españolas, Kalunga se había utilizado para blanquear fondos del gobierno guineano

Este informe fue la base, 11 años después de su elaboración, para que las autoridades españolas solicitaran la detención y extradición del matrimonio Kokorev, en 2015 en Panamá. Según las autoridades españolas, Kalunga se había utilizado para blanquear fondos del gobierno guineano. El matrimonio Kokorev y su hijo fueron extraditados a España. Tal y como afirma la defensa, ninguno de los investigados renunció al principio de especialidad, lo que impedirá que puedan ser juzgados por hechos distintos a los que motivaron su extradición, esto es, el blanqueo de capitales. La duda ahora es si el nuevo delito de los que les acusa la Fiscalía, el tráfico de armas, se puede contemplar dentro de lo pactado en la extradición. Para la defensa de ninguna manera.

Llama la atención el hecho de que "de la querella inicial dirigida contra importantes miembros de la administración guineana por supuesto blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos no queda nadie para responder ante la justicia; sólo han quedado el matrimonio Kokorev y su hijo", afirma García Cabrera.

Protestas europeas

A su llegada a España los tres miembros de la familia Kokorev pasaron más de dos años en prisión. La salud de Vladimir Kokorev se resintió gravemente y hoy se encuentra en un estado muy delicado. En el año 2017, varios parlamentarios europeos pidieron explicaciones por este caso a las autoridades españolas. No sólo por el prolongado encarcelamiento de la familia rusa, sino también por la prorroga excesiva del secreto de sumario y la imposibilidad de acceder al material informático por parte de la defensa. A día de hoy se mantienen algunas medidas cautelares, como el bloqueo de sus cuentas o la prohibición de abandonar las islas. 

Para contrarrestar la acusación de blanqueo de capitales de miembros de administración guineana, la defensa de los Kokorev ha aportado al juzgado  una carta enviada por el Fiscal General de Guinea Ecuatorial, donde se certifica que la mercantil Kalunga Company S.A. ha llevado una "actividad mercantil probada y legítima como proveedora de distintos bienes a la República de Guinea Ecuatorial". También ha aportado otro documento de la empresa pública ucraniana Ukrspecexport, donde se acredita que las "las transacciones económicas entre la compañía estatal ucraniana Ukrspecexport y la República de Guinea Ecuatorial, sobre las que se basaba la sospecha de tráfico de armas, eran totalmente legítimas". 

Por último, la defensa de los Kokorev ha aportado ante el juzgado un informe pericial en el que se afirma que los investigadores destruyeron pruebas, crearon otras y rompieron la cadena de custodia de parte del material informático. El principal testigo de cargo contra los Kokorev, el abogado panameño Ismael Gerli, es, según la defensa, un enemigo declarado del matrimonio ruso, que se apropió de sus bienes y por lo tanto goza de poca credibilidad. 

Villarejo realizó numerosos informes

El hoy acusado comisario Villarejo hizo un exhaustivo seguimiento de todo este procedimiento. Así se recoge en la amplía documentación incautada al comisario y a la que ha tenido acceso El Independiente. 

"La querella se basa en un informe publicado en 2004 del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos y en un trabajo realizado por la Fundación estadounidense de Soros junto a la Open Society Institute (ISO) sobre actividades del Banco Riggs, el mismo en el que el dictador chileno tenía varias cuentas".

"Detrás de la querella pueden existir ciertas presiones por temas de interés petrolero". En otro de sus informes sitúa al abogado Antonio Garrigues, con conexiones con el Partido Demócrata y las multinacionales del petróleo. 

Es conveniente tener en cuenta que a principios de los 2000, señala Villarejo, el presidente Obiang firma varios acuerdos de cooperación con Pekín. El ex comisario afirma que de esta forma Obiang rompe con el monopolio de la explotación de hidrocarburos en manos americanas y detalla con precisión todas las compañías del sector petrolífero que operan en Guinea, incluyendo también a las rusas. Tampoco se le escapan al ex comisario los políticos y empresarios que visitan Guinea durante esos años, entre ellos, José Bono, Francisco Hernando, conocido como el Pocero, Moratinos, o Fraga. Sobre todos ellos realiza apuntes.

Los dos herederos de Obiang

Villarejo también sigue muy de cerca la denuncia interpuesta en Francia contra el hijo del presidente guineano, Teodorín Obiang, por la asociación Transparencia Internacional. En su cuaderno anota con fecha del 27 de marzo de 2012: "Orden de arresto internacional para Teodorín, porque existen motivos de presunta malversación de fondos y blanqueo de capitales". Y a continuación apunta los nombre de los abogados defensores del hijo del dictador en su cuaderno.  

"El gobierno francés está detrás de la denuncia de Transparencia Internacional. El hijo dice que el Ejecutivo francés está desesperado por poner al frente del Gobierno de Guinea una figura de fácil manejo y de pocos sentimientos patrióticos".  Se supone que en referencia a la preferencia francesa por su hermano en la presidencia de Guinea, Gabriel Mbega Obiang.

Finalmente, la Justicia francesa condenó a Teodorín a tres años de cárcel exentos de cumplimiento, a una multa de 30 millones de euros y le confiscó numerosas propiedades.

Operación KING

Ya en su escrito dirigido al juez Castellón el pasado mes de noviembre, Villarejo reconoció la existencia de una operación de Inteligencia en 2012 para beneficiar al hijo proespañol, Teodorín, frente a su hermano profrancés. Y aquí nos metemos de lleno en la operación Tandem, que dio origen a toda la causa Villarejo.

El juez García Castellón quiere preguntar al cuñado de Obiang, Cándido Nsue Okomo, y al directivo guineano Crispin Edu Tomo, actualmente en busca y captura, por la contratación de un encargo realizado al comisario valorado en 5,3 millones de euros y que tendría que ver con una campaña de descrédito o de trapos sucios llevada a cabo por el comisario contra el hijo profrancés de Obiang, enemigo de la familia de la primera dama guineana, al que habría acusado de blanquear dinero a través de los Kokorev.

Y es aquí donde la encrucijada guineana riza el rizo. Porque el abogado de Villarejo, abogado también de los Kokorev, opina que esa actuación fue una operación de Inteligencia y señala que a veces "en las operaciones de Inteligencia se utiliza también la mentira".

Sea como fuere el empresario y abogado arrepentido Francisco Menéndez, ya dejó entrever que la llamada operación King podría haber sido simplemente una tapadera para una operación de blanqueo de capitales. Entre 2011 y 2012, FRAMEN, la empresa de Menéndez, recibió más de 21 millones de euros. Todo indica que además Menéndez fue la persona que puso en contacto a Villarejo con Cándido Nsue Okomo. Precisamente el abogado pudo pactar la exoneración de sus delitos fiscales por contar las actividades del comisario. Como se ve, quedan aún muchos hilos de donde tirar en la vieja colonia española.