El secretario general del sindicato Justicia Policial (Jupol), José María García, se enfrenta a una propuesta de sanción de un año de suspensión de funciones como presunto autor de una falta muy grave al haber ejercido como socio y administrador único de una empresa familiar durante dos años y medio sin contar con la preceptiva autorización de compatibilidad. Es uno de los dos procedimientos disciplinarios que el líder del sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional tiene abiertos en este momento y que, de salir adelante, le mantendrían sin empleo y sueldo durante 14 meses y medio.
Sus dos expedientes serán algunos de los que se analizarán en la reunión que celebrará la Comisión de Personal y Proyectos Normativos el próximo 14 de abril, antes de que la dirección acuerde si impone el castigo a este subinspector -con plaza en la Jefatura Superior de Asturias pero liberado para tareas sindicales- en los términos planteados por el instructor. A la vista de precedentes cercanos, la opción más factible es que se termine ratificando la propuesta.
El funcionario ha presentado ya las alegaciones y ha pedido la recusación por "enemistad manifiesta" de Francisco Pardo Piqueras, quien, como máximo responsable de la Policía Nacional, ha de firmar la propuesta de sanción. "Van a muerte a por nosotros y es normal. Yo le presento las querellas al director general y él quiere sacudirme. Tengo la conciencia muy tranquila y la cabeza muy alta de que no he hecho nada malo", ha explicado José María García a sus afiliados.
El secretario general de Jupol vincula estos expedientes disciplinarios con las acciones penales que ha interpuesto el sindicato contra Pardo Piqueras, imputado actualmente en dos causas que instruyen juzgados de Barcelona y Madrid por la posible comisión de delitos contra la seguridad de los trabajadores: una por el dispositivo desplegado en Cataluña para repeler los graves disturbios provocados por radicales independentistas tras dictar el Tribunal Supremo la sentencia del procés y otra por no proporcionar material de protección a los agentes al inicio de la expansión del coronavirus.
En aplicación de la Ley de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, el instructor interpreta que José María García ha cometido una falta muy grave -tipificada concretamente en el artículo 7.i)- por haber ejercido cargos directivos en una empresa "sin contar con autorización de compatibilidad", según se detalla en la propuesta de sanción. Para estos casos, el castigo previsto consiste en la separación del servicio, el traslado forzoso o la suspensión de funciones por un periodo que oscila entre los tres meses y un día y un máximo de seis años.
García ejerció como administrador de una empresa durante dos años y medio sin contar con la compatibilidad
El hecho que ha motivado la apertura de este expediente sancionador tiene que ver con la condición de administrador único de Excavaciones y Asfaltos Avilés SL que el hoy secretario general de Jupol mantuvo desde noviembre de 2015 -fecha en que esta empresa asturiana dedicada a la construcción y reparación de carreteras inició sus operaciones- hasta finales de abril de 2018, semanas después de la constitución del sindicato y su nombramiento como secretario general.
García compaginó su trabajo como funcionario policial con dicha responsabilidad mercantil sin que previamente lo hubiera autorizado el Ministerio del Interior, como es preceptivo. Teniendo en cuenta que cesó como administrador único de Excavaciones y Asfaltos Avilés a finales de abril de 2018 y que el plazo para las muy graves se fija en tres años, la falta no hubiera prescrito hasta finales del mes que viene.
"[La] abrí con mi primo cuando falleció mi padre y a los cuatro meses mi tío, que era hermano de mi madre. El hombre me pidió el favor, miramos en su momento el tema de la incompatibilidad y nos informaron mal. Yo me puse como administrador único. Esa empresa que nunca dio beneficios", ha justificado García. Éste no tiene dudas de que, de haberlo solicitado, le habrían concedido permiso para compaginarlo.
Corriente crítica
Esta propuesta de sanción es uno de los argumentos que está utilizando la corriente crítica existente en Jupol contra el líder de la organización, al que acusan de incumplir el código ético por no haber presentado todavía la auditoría externa que acredite si se ha empleado el dinero correctamente y haberse "desentendido" de la reivindicación de la equiparación salarial real. Éste fue el objetivo que propició el nacimiento de la plataforma Jusapol, que cuenta ya con un sindicato en la Policía (Jupol) y una asociación profesional en la Guardia Civil (Jucil).
José María García se enfrenta a una segunda propuesta de sanción, en este caso por una falta grave derivada de una "desconsideración" hacia un superior. El instructor propone que sea suspendido de funciones durante dos meses y 15 días, casi el máximo que prevé la ley: ésta establece una horquilla que va desde los cinco días a los tres meses.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de septiembre a las puertas del Congreso de los Diputados, donde Jusapol desarrolló una concentración con ataúdes simulados para denunciar la falta de un protocolo antisuicidios mientras el presidente del Gobierno lamentaba profundamente la muerte del preso de ETA Igor González.
"[El secretario general de Jupol] se dirigió a los asistentes, micrófono en mano, haciendo comentarios contra el jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP) al mando, por no dejar pasar un camión, del tenor literal siguiente: '(...) No tiene usted ni ética, ni honor, ni dignidad ninguna', volviendo a repetir más tarde 'No tiene ni ética ni moral', comenzando los manifestantes a gritar 'Fuera, fuera, fuera...'. La grabación de estos hechos ha sido publicitada en Youtube y otras redes sociales".
Se trataba de la cabina de un camión Kenworth W900 de 500 caballos de potencia -bautizado como 'Buitre negro'- que es propiedad de un simpatizante de los cuerpos policiales que ha participado en varias manifestaciones de Jusapol con la comitiva murciana.
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