El Gobierno no parece tener ninguna prisa por impulsar las medidas de gracia a los presos del 'procés'. Mientas en enero, a las puertas de las elecciones catalanas, el presidente Pedro Sánchez y distintos miembros de su gobierno hicieron manifestaciones en las que dieron por hecho que se concedería el indulto para éstos en beneficio de la «reconciliación y la convivencia en Cataluña», a estas alturas el tema parece muerto.

La formación de Gobierno en la comunidad vuelve a estar en manos de los independentistas, a expensas de la decisión de Junts, y el Ejecutivo socialista que hace tan sólo dos meses parecía estar dispuesto a sacrificar una parte de su electorado más tradicional en favor de una investidura de Salvador Illa en Cataluña ahora considera que los separatistas "tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron", como han trasladado fuentes de éste a El Independiente.

En enero, los independentistas ya reprocharon al Gobierno que en un año no había impulsado la prometida reforma del Código Penal para «acomodar» las penas para los delitos de sedición al derecho comparado de la Unión Europea. Una reforma que habría permitido que los políticos condenados por sedición y malversación en la sentencia del procés por impulsar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración fallida de independencia vieran reducidas sus penas de prisión sustancialmente. Una vía legal que, además, habría contentado más a los independentistas -sobre todo a los miembros de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), con su líder Oriol Junqueras condenado a 13 años de prisión– que el indulto, cuya maquinaria también puso en marcha el Gobierno en otoño, puesto que no implica un perdón del Estado a unos hechos de los que no se arrepienten. Los líderes de ERC siempre defendieron una ley de amnistía que tampoco ha tenido el respaldo necesario en el Congreso.

El Supremo se mostrará en contra

Los fiscales de Sala del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio por el proceso independentista ya presentaron sus informes en contra de la concesión del indulto.

Expusieron, entre otras cuestiones, que el indulto «no se trata de una medida que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia» y que está previsto para «circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública que no se dan en este caso y que nunca se deben identificar con «motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos».

La Abogacía del Estado, por su parte, parece condicionar un posicionamiento a favor del indulto a que los políticos presos hayan devuelto el dinero malversado durante el proceso independentista.

Así, teniendo en cuenta que es altamente posible que el Tribunal Supremo se muestre en contra del indulto, reafirmándose en su propia sentencia, el Gobierno tendría que ir en contra del pronunciamiento del alto tribunal para favorecer a los políticos independentistas en un momento en el que la formación de Gobierno no depende del apoyo del Partido Socialista Catalán (PSC). El entendimiento político para la región al que se apelaba a principios de año parece que tendrá que esperar.