La negociación en torno al control de los precios del alquiler ha vuelto a hacer encallar la ley de vivienda que negocia el Ministerio de José Luis Ábalos y la vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias. De hecho, el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid saldrá este martes del Gobierno, tras participar en su último Consejo de Ministros, sin haber sacado adelante esta ley.

Hoy lo han vuelto a intentar los negociadores habituales, esto es, la secretaria de Estado y futura ministra Ione Belarra, y el secretario general de Vivienda, David Lucas, y hoy también se ha saldado en fracaso, después, además, de que el equipo encabezado por Belarra "haya retrasado este encuentro durante varios días", se quejan en el Ministerio de Transportes. Desde Unidas Podemos replican que la ley está estancada "debido a la resistencia por parte el PSOE a cumplir con el acuerdo de Gobierno en lo referente a la regulación del alquiler".

Lucas ha mejorado la propuesta que presentó la semana pasada, pero nada dice de poner un tope directo a los precios del alquiler para impedir subidas abusivas en zonas especialmente tensionadas, como es el centro de las grandes ciudades, no sólo de España sino de toda Europa. Apuesta el PSOE, dicen los morados, por medidas fiscales que "antisociales" que no repercutirán en la rebaja del precio, "alienándose con el PP en lugar de hacerlo con el bloque de la investidura".

A lo sumo, la propuesta de Ábalos habla de impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, lo que se queda muy lejos de las pretensiones de Unidas Podemos, que no quiere oír además hablar de nuevas promociones inmobiliarias. El texto de Ábalos propone que al "objeto de reforzar la vivienda protegida destinada al arrendamiento, se establece un porcentaje mínimo del 50 por ciento para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública tanto en actuaciones de nueva urbanización como en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, que deberá recogerse en la legislación sobre ordenación territorial o urbanística".

Nueva definición de vivienda vacía

Asimismo, se propone una definición clara de vivienda vacía para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI a aquellos inmuebles que llevan sin habitar durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley.

Se propone, además, el que los ayuntamientos pueden modular el recargo previsto de la cuota líquida del IBI, con el objetivo de que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los Ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad.

En todo caso "seguimos dispuestos al diálogo" aseguran en el entorno de Ábalos. "Tenemos una buena propuesta sobre los incentivos y limitar los precios del alquiler no es positivo", concluyen.