El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha cifrado en "120 euros" el gasto generado por Pablo Iglesias como titular de dicho departamento durante el pasado año, cuando se incorporó al Ejecutivo tras firmar el pacto de gobierno con Pedro Sánchez. Dicho importe corresponde con la compra de un billete de tren de ida y vuelta con motivo de un desplazamiento realizado en el día a la Comunidad Valenciana recién llegado al puesto.

Así lo ha reconocido la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030 en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia con la que este diario ha querido conocer el coste que el desarrollo de las responsabilidades asignadas a cada ministro supuso en 2020. De los 12 titulares que han contestado hasta este momento, el vicepresidente Iglesias es el que ofrece una cuantía más baja, muy lejos de los 38.934,37 euros de Carmen Calvo y los 12.744,54 de Teresa Ribera.

Hasta otros ministros de escaso peso en el gabinete de coalición han reconocido que el desarrollo de sus funciones ha supuesto un mayor gasto que el declarado por Pablo Iglesias. Son los casos de Alberto Garzón (Consumo), con 402,05 euros, y Manuel Castells (Universidades), que ha declarado 3.103,07 euros en concepto de locomoción, manutención y alojamiento.

El único gasto detallado por el hasta ahora vicepresidente segundo está fechado el 29 de enero de 2020 y tiene como concepto la compra de billetes a la compañía Renfe. El líder de Podemos llevaba 16 días en el cargo cuando se desplazó a las localidades de Denia (Alicante) y Oliva (Valencia) para comprobar en persona los estragos que la borrasca Gloria había causado en esta comunidad. En la información ofrecida por su Ministerio no consta que dicho viaje acarreara ni gasto de manutención ni de hospedaje.

Una de las principales quejas que Pablo Iglesias ha recibido de los grupos de la oposición ha sido a cuenta del papel de su ministerio ante el drama de las residencias de mayores -donde el coronavirus se cebó en las dos primeras oleadas con más de 30.000 fallecidos- y que no hubiera visitado ningún centro sociosanitario a pesar haberse encargado de coordinar los fondos extraordinarios destinados a la contratación de personal y a comprar equipos de protección para los centros sociosanitarios.

Dos ministros con mucho menos peso, como Garzón y Castells, declaran gastos superiores a los de Pablo Iglesias

A ello se suma el hecho de que, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), su departamento gestiona una veintena de centros repartidos por todo el país (Ferrol, Langreo, Soria, Guadalajara, Pozoblanco, San Fernando, Melilla, Madrid...) y dedicados a la atención de personas con discapacidades física o neurológica, en situación de dependencia, con daño cerebral o que padecen Alzheimer.

Durante 2020, Iglesias presidió tan sólo dos reuniones del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, órgano en el que las comunidades expusieron sus necesidades para hacer frente a la gestión de la crisis provocada por la pandemia. La primera tuvo lugar el 20 de marzo y a ella acudió el vicepresidente con la intención de sondear a los representantes de los gobiernos autonómicos acerca de dos cuestiones: si les parecía "sensato y adecuado" que fuera el Ejército el encargado de distribuir el material de protección y si entendían que los trabajadores de los servicios sociales tenían que tener la consideración de esenciales para solicitarlo al Ministerio de Sanidad.

También desarrollada mediante videoconferencia, la segunda cita se llevó a cabo el 2 de octubre e incluyó en su orden del día -entre otros asuntos- la propuesta de plan de choque para fortalecer el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia; ofrecer información sobre las líneas estratégicas planteadas por el ministerio con vistas a los planes de recuperación y resiliencia de la UE, así como la decisión de permitir la contratación excepcional de personal sin la cualificación profesional exigida debido a la situación sanitaria provocada por la covid-19.

Detalle ofrecido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre los gastos generados por su titular en 2020.

Los viajes realizados por el vicepresidente han motivado la presentación de preguntas en sede parlamentaria por parte de los grupos de la oposición, sin que éstos hayan logrado obtener información detallada sobre los desplazamientos llevados a cabo por Iglesias desde que asumió la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 el 13 de enero de 2020.

Relación de viajes

"¿Cuántas visitas y viajes oficiales ha realizado el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales desde su toma de posesión hasta la fecha? ¿A qué ciudades o países se ha trasladado en esas visitas y viajes oficiales y en qué fecha? ¿Cuál era el motivo de esa visita o viaje oficial? ¿Cuáles son las autoridades o directivos con los que ha mantenido reuniones en esas visitas o viajes oficiales, especificando el lugar de las mismas?", preguntaron los senadores del PP Teresa Ruiz-Sillero, Violante Tomás y Bienvenido de Arriba en una iniciativa presentada el pasado 1 de diciembre.

El Gobierno despachó el pasado 18 de enero esta petición recordando que el detalle de las agendas tanto del presidente como del resto de integrantes del gabinete es "de publicación general" y puede consultarse en la web de la Presidencia del Gobierno. Esta contestación llevó al PP dos días después a mostrar su "disconformidad" con la respuesta y a requerir nuevamente la información solicitada de manera "efectiva".

El Partido Popular presentó la pregunta escrita semanas después de que Pablo Iglesias hubiera viajado a La Paz junto a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, para acompañar a Felipe VI en la toma de posesión de Luis Arce como presidente de Bolivia. Ese desplazamiento oficial tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre y no estuvo exento de polémica por la agenda 'paralela' desarrollada por el vicepresidente segundo.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 eludió detallar el coste de dicho desplazamiento al país suramericano, con el argumento de que los detalles logísticos "se ajustaron a lo establecido por Casa Real para toda la delegación". Esta respuesta contrasta con la ofrecida por Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que cifró en  3.360,19 dólares (unos 2.770 euros al cambio) el coste generado por su comitiva.

La respuesta ofrecida por el departamento dirigido por Pablo Iglesias fue motivo de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que, en una resolución dictada el pasado 1 de marzo, amparó el derecho de acceso y concedió un plazo de cinco días hábiles a Derechos Sociales y Agenda 2030 para que ofrezca el dato solicitado. El ministerio lo ha remitido a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para que dé la respuesta, sin que ésta se haya producido aún.