El juzgado de Sevilla que instruye la macrocausa de los ERE ha reiterado al Ministerio de Justicia y a la Interpol que le informen acerca del estado en que se encuentra el procedimiento de extradición de Eduardo Pascual de Arxé, principal imputado en la pieza en la que se investigan las sobrecomisiones abonadas por la Junta de Andalucía a las dos compañías que intermediaban en la contratación de las pólizas de prejubilaciones y que se encuentra fugado desde el verano de 2015. El ex banquero catalán también es reclamado por la Audiencia Nacional para su enjuiciamiento en varios procedimientos penales.

En una providencia fechada el pasado 24 de marzo, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ordena la expedición de oficios recordatorios tanto a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional como a la Interpol a fin de conocer en qué situación se encuentra la petición de entrega de Eduardo Pascual, ordenada en noviembre de 2017 y de la que sigue sin tener noticias casi tres años y medio después.

El ex presidente de Eurobank del Mediterráneo se encontraba en libertad provisional por orden de la juez Mercedes Alaya tras permanecer casi 15 meses en prisión por su responsabilidad en el fraude de los ERE: ingresó en el centro penitenciario el 24 de marzo de 2013 y salió el 18 de junio de 2014 tras depositar un hermano los 6.000 euros de la fianza. En julio de 2015, Pascual de Arxé dejó de contactar con su abogado y de presentarse periódicamente en el juzgado, una de las medidas cautelares a las que estaba obligado después de que la magistrada que inició la investigación del caso ERE lo excarcelara.

Eduardo Pascual había sido llamado al procedimiento de los ERE como imputado por ser el "jefe" de una de las dos empresas que se repartían el negocio millonario de la intermediación en las pólizas de prejubilaciones que durante una década sufragó la Junta andaluza (Vitalia). En concreto, esta compañía recibió sobrecomisiones por al menos 36,2 millones de euros -según ha puesto de manifiesto la instrucción- y Pascual es uno de los 19 investigados en esta pieza separada del caso, en la que aún no se ha dictado auto de apertura de juicio oral.

Detención y fuga

La incógnita es si la Policía logrará detenerlo y las autoridades judiciales españolas conseguirán su extradición, a la vista de la habilidad que ha demostrado el ex financiero catalán para evitar su captura ante el sombrío horizonte judicial que tendría por delante debido a las causas que tiene abiertas. Para ello ha utilizado diversas identidades.

Interpol comunicó el 11 de mayo de 2017 a la Policía española el arresto preventivo de Eduardo Pascual en la capital burkinesa, Uagadugú, atendiendo a las órdenes internacionales de detención dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción 5 y 6 de la Audiencia Nacional.

Como viene informando este diario, la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Uagadugú desestimó el 21 de junio de aquel año la petición de extradición de Pascual "al no haber remitido España la solicitud de extradición con la documentación original por vía diplomática", como exige la Ley de Extradición de Extranjeros de Burkina Faso. Así se lo comunicó el fiscal general de dicho tribunal al cónsul honorario de España en Burkina Faso.

Pascual fue detenido en 2017 en Burkina Faso, pero un error de España la presentar los papeles motivó su puesta en libertad y que volviera a fugarse

Este fallo motivó que el antiguo presidente de Eurobank del Mediterráneo fuera puesto en libertad al día siguiente de su detención, si bien con la obligación de presentarse cada tres días en el citado tribunal a fin de dejar constancia de que continuaba en el país y no había vuelto a fugarse. La Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Uagadugú solicitó al Tribunal de Gran Instancia que expidiera una nueva orden de detención de Eduardo Pascual, para lo cual se fijó una vista que debió celebrarse el 2 de febrero de 2018. El fugado ya no se presentó y la Policía puso en marcha una investigación encaminada a la detención y puesta a disposición judicial de Pascual que sigue sin dar frutos.

En Burkina Faso se hacía pasar como Marcelino José Monasterios Arce, identidad boliviana que logró tras contraer matrimonio con una ciudadana de ese país suramericano. En realidad era su segundo nombre inventado: antes se hacía llamar Eduardo Monasterio Arce, como dio a conocer la Policía española tras el arresto practicado en mayo de 2017.

Próximo juicio

En mayo de 2018, El Independiente desveló en exclusiva cuál había sido el escondite de Eduardo Pascual en la capital burkinesa hasta su detención -una vivienda situada a la espalda de la Embajada de Dinamarca, cerca del Ministerio de Medio Ambiente y Calidad de Vida y no demasiado lejos de la Asamblea Nacional- y que el prófugo se había dedicado al negocio del cannabis medicinal. Tras fugarse por segunda vez, el rastro llevó a la Policía hasta la cercana República de Benín, sin que hayan trascendido pistas desde entonces de las pesquisas realizadas para localizarle y traerlo a España.

El hecho de que se encontrara ya fugado de la Justicia impidió en 2017 a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgar a Eduardo Pascual por la quiebra de Eurobank del Mediterráneo, intervenido por el Banco de España en 2003. Por estos hechos fue condenada María Vaqué -también imputada en el caso ERE- a dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de administración desleal como ex directiva del antiguo banco catalán, si bien a finales de 2018 la Sala Segunda del Tribunal Supremo elevó la pena a tres años y medio al apreciar que también cometió apropiación indebida.

Está previsto que el próximo 24 de mayo arranque en la Audiencia Nacional el juicio por las operaciones de liquidación de Eurobank, pieza separada por la que tampoco se sentará Eduardo Pascual en el banquillo de los acusados. Su paradero, de momento, sigue siendo una incógnita casi seis años después de darse a la fuga y abandonar España.