La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, confesó a un alto mando del Cuerpo que la decisión de destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid estaba tomada por "Moncloa" y no tenía ya marcha atrás. Horas después de reconocer dicho extremo, el número dos del Ministerio del Interior dispuso el cese del veterano oficial, revocado ahora por la Audiencia Nacional al sentenciar que el motivo en el que se sustentaba la medida era "ilegal".

A las 21.33 horas del domingo 24 de mayo de 2020, Gámez telefoneó al teniente general Laurentino Ceña -entonces Director Adjunto Operativo (DAO), máximo responsable uniformado de la Guardia Civil- para preguntarle si sabía si el equipo de Policía Judicial que estaba investigando la causa del 8-M había entregado un informe al juzgado de Madrid que estaba instruyendo el procedimiento, tras publicarse dos días antes en un diario digital. Este caso era de máxima sensibilidad para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, puesto que llegó a estar imputado el delegado del Gobierno en Madrid (José Manuel Franco) como posible autor de un delito de prevaricación administrativa.

Según testificó ante el titular del Juzgado Central Contencioso-Administrativo 8 de la Audiencia Nacional, Ceña contestó a la directora general que lo ignoraba pero que trataría de enterarse a través de la cadena de mando. Así lo hizo. Su segundo, el teniente general Fernando Santafé, le confirmó que el coronel Pérez de los Cobos desconocía las diligencias que había solicitado la magistrada. Ésta había pedido a los guardias civiles que investigaban los hechos "cautela extrema" a fin de evitar filtraciones, instándoles a no informar de las pesquisas a sus superiores.

Justo veinte minutos después de aquella llamada, Laurentino Ceña se puso en contacto con María Gámez para trasladarle dicha información. "En una conversación de 13 minutos", detalla el magistrado Celestino Salgado en la sentencia, la máxima responsable del Cuerpo ya comunicó a su interlocutor que se iba a destituir a Pérez de los Cobos. "El testigo [Ceña] le pidió parar el cese para llevar a cabo investigaciones sobre las circunstancias y que el interesado pudiera aducir en su defensa, lo que rechazó aquélla porque la decisión estaba tomada por Moncloa y se le iba a cesar", añade.

El DAO pidió audiencia a primera hora del día siguiente a la directora general, que le hizo partícipe de la firma del cese del coronel por no haber informado de la entrega al juzgado de unas diligencias -de unos 80 folios de extensión- en el marco de la instrucción de la citada causa. Ésa fue la razón que se esgrimía en la propuesta de destitución que María Gámez elevó al secretario de Estado de Seguridad para su consumación: "(...) propongo el cese del destino del coronel D. Diego Pérez de los Cobos Orihuel como jefe de la Comandancia de Madrid (Tres Cantos-Madrid) por pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".

Fragmento de la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se detalla el testimonio de Laurentino Ceña.

El testimonio de Laurentino Ceña, que adelantó su retirada en disconformidad con la decisión de remover del puesto a Pérez de los Cobos, ha resultado determinante en la decisión de la Audiencia Nacional de revocar la destitución del coronel. No obstante, el fallo no es firme y el Ministerio del Interior se ha apresurado a anunciar que lo recurrirá.

El teniente general ya jubilado relató al juez que a efectos organizativos era innecesario que la cadena de mando comunicara a la directora general la existencia de la investigación, al tiempo que aseguró que informó "en tres ocasiones" a María Gámez sobre el procedimiento relativo a las manifestaciones feministas del 8-M de 2020 en Madrid (archivada finalmente por la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid al no apreciar indicios de delito).

Citación de testigos

La primera vez fue el 23 de marzo, contestándole -tras recabar la información en la cadena de mando- que la magistrada había recordado al equipo investigador que tenían "deber de reserva". Ceña también comunicó a la directora general que había propuesto sin éxito a la juez que se hiciera cargo de las pesquisas la Unidad Central Operativa (UCO), dada la dependencia del delegado del Gobierno en Madrid con la unidad de Policía Judicial encargada de la investigación.

La tercera ocasión se fecha entre el 6 y e 8 de abril y fue a iniciativa de la responsable político del Cuerpo. Ceña informó a ésta de que, a instancia de la juez encargada del caso, los guardias civiles estaban citando telefónicamente en calidad de testigos a personas que asistieron a las manifestaciones del 8-M para ganar tiempo y evitar contagios, puesto que semanas antes la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado ya la pandemia por covid-19 y el Gobierno había decretado el confinamiento para contener la propagación del virus.

El ex 'número dos' de la Guardia Civil informó en tres ocasiones a Gámez de la investigación del 8M y le transmitió que la juez exigía máxima reserva

En su declaración, el DAO detalló que transmitió personalmente a la directora general la orden expresa que la magistrada había dado al capitán de la Unidad de Policía Judicial sobre la reserva que habían de observar en relación con la evolución y el resultado de la investigación. Así se lo hizo saber también la juez en un escrito enviado al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

En la sentencia, el titular del Juzgado Central Contencioso-Administrativo 8 de la Audiencia Nacional aprecia que Interior incurrió en desviación de poder al apartar de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid al coronel Pérez de los Cobos por no informar del desarrollo de investigaciones, a pesar del "deber legal de reserva" y de la "orden expresa" que la instructora había dado a los agentes y que la directora general del Cuerpo conocía por boca del DAO.

"No constando en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente [el coronel] en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la Unidad Orgánica de Policía Judicial como a sus superiores, en este caso al Sr. Pérez de los Cobos, esto es, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal", expone el magistrado Celestino Salgado.

De esta forma, la Audiencia Nacional anula tanto la resolución con la que el secretario del Estado de Seguridad dispuso el cese del oficial (24 de mayo) como la que dictó el ministro Grande-Marlaska dos meses después desestimando el recurso de alzada y reconoce el derecho de Pérez de los Cobos tanto a reincorporarse al puesto del que fue apartado como a percibir las diferencias retributivas que ha dejado de ingresar en los últimos diez meses.