"Hay trata porque hay prostitución, si no hay prostitución no hay trata". En estos términos se expresaba hace unos días la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que se declara abolicionista, en su intento de obtener el apoyo de las fuerzas políticas para aprobar una ley contra la prostitución y la trata. "La trata es algo distinto al tráfico ilegal de personas, por los elementos que implican fines de explotación, es una forma de esclavitud moderna", señala Carlos Escaño, responsable de la campaña contra la trata en Amnistía Internacional.

El Ministerio de Igualdad anunció el pasado 18 de marzo que iniciaba los trabajos para la elaboración de una Ley Integral Contra la Trata, a pesar de que llevaba desde diciembre recogiendo opiniones de expertas, según confirman desde el departamento que dirige Irene Montero. María Eugènia Gay Rosell, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, destaca en un escrito para El Independiente que se trata de un "hecho positivo", ya que "resulta apremiante -como hace tiempo venimos reivindicando- la aprobación de una norma que tenga por objeto perseguir de manera amplia y contundente los delitos relacionados con estas despreciables conductas, para que nunca más resulte tan barato a la vez que denigrante comercializar con la dignidad de los seres humanos".

Esta ley, que se encontraba en el acuerdo de gobierno, apuntaría al fin no sólo de la trata, sino también de la prostitución, ya que se elaborará previsiblemente desde una óptica abolicionista, ya que las principales referentes feministas de los partidos que conforman el Gobierno -Calvo y Montero- no pueden concebir la solución a este problema desde la regulación de la prostitución.

"Entiendo que [la ley] va desde la abolición pura y dura. En las redes hay mucha gente que dice que [las prostitutas] lo hacen libremente y esa es la excusa, igual que dicen que hay muchos hombres maltratados o que las denuncias son falsas. Todas van encaminadas a minimizar", dice el portavoz de ALMA. La líder socialista afirmó que España es un país "puntero" en número de prostíbulos y mujeres prostituidas y Gay Rosell añade que es además "uno de los países europeos de tránsito y destino más cotizados por los tratantes".

"La ley que se apruebe deberá promover asimismo mecanismos para sensibilizar a la población sobre la incidencia del consumo de servicios sexuales en la explotación de las mujeres y en la trata de mujeres y niñas en los clubes de alterne", completa la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Para que esta nueva norma alcance la protección integral de las mujeres, "debería prohibir la prostitución de una vez por todas para acabar con el consumo que alimenta la delincuencia y el crimen organizado a costa del terror y el sufrimiento de las víctimas de esta terrible forma de esclavitud", sostiene.

"En España faltan datos para conocer la magnitud del problema, no existen datos desagregados, simplificados y sistematizados, pero lo que sí que sabemos es que desde los últimos siete años hasta 2019 sólo mil de las 75.000 personas que se encontraban en riesgo de trata, según el Estado, fueron identificadas", señala Escaño. Amnistía pone el foco "en la cuestión de la identificación, que es el primer paso para que la victima de trata pueda ser protegida y para garantizar su asistencia, su acceso a la justicia y el derecho a reparación". "Si no se las identifica, los siguientes pasos son inexistentes". 

"No culpabilizarlas a ellas", no dejar flecos sueltos y dotar a esta ley de recursos económicos son los puntos esenciales que reclama a la futura norma Gregorio Gómez Mata, portavoz de la asociación contra la violencia de género ALMA. Por el momento, desde el Ministerio de Igualdad ya ha confirmado a El Independiente que colabora con Trabajo para poner en marcha "un plan de rescate y atención para las mujeres en contextos de prostitución con 10 millones de euros".

No es un crimen neutral

El Ministerio de Igualdad sostiene que el crimen de la trata "no es neutral en términos de género", porque afecta a las mujeres de manera "desproporcionada". "Cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual, el 99% de las víctimas son mujeres y niñas", indica Carlos Escaño. Como consecuencia, el departamento de Montero ha incluido en la Ley de Libertad Sexual -conocida como la ley del 'sólo sí es sí' o ley del consentimiento- la explotación sexual como una violencia contra las mujeres, al mismo tiempo que recupera la tercería locativa en el Código Penal, puesto que el PSOE la retiró en 1995.

De esta forma, los dueños de los locales y clubes en los que se ejerza prostitución y que se enriquezcan con ello serían los condenados, en vez de culpar a las mujeres. "Ellas son las que lo sufren, no son el problema", señala Gómez Mata. Asimismo, el Gobierno ha recuperado en la ley el proxenetismo no coactivo, que retiró el Partido Popular y que el Consejo Fiscal ha denunciado en sus informes de 2017 y 2018 que otorga impunidad a la industria proxeneta.