La situación anómala que vive el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no parece tener una solución próxima. Las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo mayo no son el mejor contexto para un acercamiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular para llegar por fin a un acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces. El Consejo lleva en funciones desde noviembre de 2018 con tres intentonas de aproximación entre el partido del Gobierno y el de la oposición que se fueron al traste por distintos motivos. La última, a finales de febrero, justo después de las elecciones catalanas.

Los partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Podemos, impulsaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada la semana pasada en el Senado que ha dejado "maniatado", como consideraron las asociaciones judiciales, al Poder Judicial. Una mayoría de las Cortes respaldó la decisión de ambos partidos de limitar la función de realizar nombramientos del CGPJ mientras esté en funciones. Así, desde el Poder Legislativo se impide que el Poder Judicial realice su función más importante, la de nombrar, y por tanto que se renueven puestos clave de la cúpula judicial, como los de magistrados de Sala del Tribunal Supremo que redactan sentencias de gran relevancia.

Precisamente ya se acumulan 11 nombramientos que no se podrán hacer hasta que haya un nuevo Consejo, y no parece que eso vaya a ocurrir pronto. Por un lado, el Pleno del Consejo extraordinario del 4 de marzo, último en el que se nombró, dejó en el aire las designaciones de un magistrado de la Sala Primera y otro en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo por falta de consenso entre los vocales. Además, durante el mes de marzo los consejeros escucharon a diez aspirantes para cubrir dos plazas de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tras la jubilación de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego. También entrevistaron al candidato único a la presidencia de la Audiencia de La Rioja, Ricardo Moreno, pero las tres designaciones ya no pudieron hacerse en el último Pleno del 25 de marzo al haber salido adelante la reforma de la LOPJ.

Los vocales piden al Gabinete Técnico que les indique si la reforma les impide también aprobar las bases para convocar plazas

Por otro lado, ya están aprobadas las bases y está pendiente de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de una plaza de magistrado de la Sala Quinta del Supremo; las presidencias de las Audiencias Provinciales de Lugo, Gerona y Burgos; la presidencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco. En total, 11 cargos de la cúpula judicial que quedarán sin cubrir hasta que se renueve el órgano y a las que se sumará el "atasco", como explican fuentes del órgano, que provocará tener que convocar nuevas plazas por la jubilación o fallecimiento de magistrados. Un trabajo acumulado con el que se encontrarán los miembros del próximo Consejo.

Tras el último Pleno de marzo los vocales decidieron pedir opinión al Gabinete Técnico del órgano para que les asesore sobre si además de nombrar, la reforma legal les impide seguir aprobando las bases de convocatorias de plazas para evitar esa acumulación.

El PP no tiene ninguna prisa por renovar

Mientras tanto, los partidos políticos están en polos más opuestos que en cualquier momento desde que tratan de llegar a un acuerdo. La primera vez que éste saltó por los aires fue en otoño de 2018 porque el senador del PP Ignacio Cosidó filtró a compañeros de su partido que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, sería el elegido para presidir el órgano y dicha información se publicó en prensa. Un candidato que, consideró dicho senador, permitiría al PP "controlar la Sala Segunda [que juzgó a los políticos del 'procés'] desde detrás". Marchena renunció a la propuesta del cargo y el pacto se anuló.

La segunda vez que ambos partidos estuvieron a punto de sellar el acuerdo de renovación fue el pasado verano, pero las negociaciones que en aquél momento llevaban a cabo el ministro de Justicia Juan Carlos Campo y el consejero madrileño Enrique López tampoco llegaron a buen puerto. Fuentes del Consejo y políticas trasladaron después a El Independiente que hasta que pasaran las elecciones en Cataluña no se retomaría la negociación. Y así fue. Tres días después de los comicios, directamente el presidente Pedro Sánchez se dirigió a Pablo Casado para retomar el acuerdo en los términos de reparto al 50% de verano.

En esta tercera ocasión, lo que dinamitó el acuerdo fue el empeño de Podemos, socio de Gobierno de Sánchez, de que el magistrado José Ricardo de Prada entrara en el órgano por el turno de juristas, algo a lo que los populares se negaron. El magistrado fue el autor de los argumentos de la sentencia de Gürtel Época I contra el Partido Popular que motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Unos argumentos que tanto el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo consideraron no necesarios y excesivos.

Ahora, la posibilidad de acercamiento parece lejana. El Partido Popular no tiene ninguna prisa por llegar a un acuerdo de renovación pues, además de las elecciones en Madrid, en las que esperan que Isabel Díaz Ayuso obtenga mayoría absoluta, tienen la vista puesta en un posible escenario de adelanto electoral a nivel nacional antes de que acabe el año. Mientras tanto, no se sienten incómodos con un Consejo prolongado en el que, aunque sin función de nombrar, sigue habiendo una mayoría de vocales conservadores.