La política cambió el verano de 2018. El recién llegado Gobierno de Pedro Sánchez acababa de llegar a La Moncloa gracias, entre otros, a la abstención de EH Bildu. La coalición también le apoyó en la aprobación de sus primeros presupuestos, en cuya negociación puso sobre la mesa “la cuestión de los presos” durante sus contactos con el PSOE. Y ‘la cuestión’ no era otra que aplicar un cambio en la política de dispersión de los reclusos de la banda que otro gobierno socialista -el de Felipe González- aprobó en 1989 para romper la concentración de reos de la banda en un reducido número de prisiones y que facilitaban el conocido como ‘frente de las cárceles’ de ETA.

En los más de dos años transcurridos, Instituciones Penitenciarias ha acercado a Euskadi o a cárceles próximas al País Vasco a 171 presos de la organización terrorista. En este tiempo, las prisiones más alejadas se han ido vaciando de estos reclusos mientras se incrementaba su presencia en las situadas más al norte del país. Actualmente, además de las tres cárceles vascas, las prisiones de Santoña (Cantabria), Logroño y las de Zuera y Daroca en Zaragoza concentran a más de la mitad de los presos de la extinta organización. El 57% del total está en alguna prisión vasca, aragonesa, riojana o cántabra.

Más aún, el centro penitenciario que actualmente tiene más reclusos de ETA cumpliendo condena es la cárcel de El Dueso, en Santoña, con 21 internos. Esta cárcel está a apenas una hora de Bilbao. Tras ella figura la prisión de Logroño, con 20 presos de la banda. Se trata de uno de los centros penitenciarios a los que más presos se ha trasladado en los últimos meses. La capital riojana se encuentra a apenas hora y media de la capital vizcaína y a algo menos desde Vitoria. Es precisamente la cárcel de la capital alavesa la que cuenta con el tercer mayor número de internos de la organización, con un total de 16. Tras ella, en las prisiones aragonesas cumplen ya condena otro número importante de reclusos, 13 internos en la prisión de Zuera y otros seis en la de Daroca.

En el caso de las cárceles vascas también el incremento que de modo semanal se han ido produciendo hacia ellas ha elevado el hasta no hace mucho reducido número de presos de ETA en las mismas. En los últimos años los tres centros carcelarios vascos, Martutene, Zaballa y Basauri se reservaban para miembros de la banda que se hubieran acogido a los programas de reinserción como la 'Vía Nanclares'. Tras la aplicación del cambio de política penitenciaria con la llegada del ministro Grande Marlaska a Interior la situación en el País Vasco ha cambiado de modo significativo. En la actualidad, en Zaballa cumplen condena 16 presos, en la vizcaína de Basauri 15 y en Martutene una decena. En algunos casos se trata de cumplimientos de condena domiciliaria o en centros asistenciales por razones de salud.

Diferencias entre víctimas

Este mes de abril está previsto que el Gobierno vasco asuma la competencia de la gestión de estas tres prisiones. El compromiso asumido por el Ejecutivo de Sánchez pasa por completar la cesión de la competencia a Euskadi a lo largo de este mes, para cuando está prevista la convocatoria de la comisión mixta de transferencias. Un traspaso que abarca la gestión de los complejos carcelarios, el personal integrado por algo menos de 800 trabajadores y la aplicación de las políticas de reinserción a una población reclusa de casi 1.300 presos y en las que el Ejecutivo de Urkullu ya trabaja. Al frente de su diseño ha situado al juez Jaime Tapia, hasta ahora presidente de la Sección Penal de la Audiencia de Álava y que presidió el juicio por el mayor escándalo de corrupción ocurrido en Euskadi, el llamado ‘Caso De Miguel’, que condenó a altos cargos del PNV a penas de hasta 13 años de cárcel.

Actualmente en las prisiones españolas cumplen condena algo menos de 200 presos de ETA. A ellos se suma apenas una treintena que lo hace en cárceles francesas. Desde la izquierda abertzale se ha reconocido el paso dado por el Gobierno de Pedro Sánchez pero se considera que es insuficiente, en ritmo y cantidad.

En sentido contrario, algunas asociaciones de víctimas han cuestionado semanalmente los acercamientos. La AVT, la principal asociación de víctimas en España, ha denunciado reiteradamente que el Gobierno se salte “líneas rojas”, como facilitar el traslado de presos con delitos de sangre y que no han colaborado con la Justicia. La AVT insiste en que los escritos en los que los presos reconocen el daño causado son meros “formularios” que completan pero sin que exista un reconocimiento sincero y acreditado. Añaden incluso que en muchos casos se han autorizado acercamientos a prisiones vascas o cercanas a Euskadi sin contar con el aval de las juntas de tratamiento de las cárceles.

De modo muy distinto se ha pronunciado otra de las principales asociaciones de víctimas, Covite, que no cuestiona el acercamiento de los presos pero sí que no se les reclame que colaboren con la Justicia para el esclarecimiento de los cientos de crímenes que aún quedan por resolver.

Cárceles sin presos de ETA

La progresiva concentración de reclusos en un pequeño grupo de prisiones vascas o próximas a Euskadi ha sido una de las reclamaciones que el PNV y el Gobierno vasco han trasladado de modo reiterado en los últimos años. Lo hizo Urkullu al Gobierno del PP de Mariano Rajoy y lo ha reiterado a Sánchez para poner fin a la dispersión de los presos de ETA. El Gobierno vasco elaboró un plan para que al menos los acercamientos permitieran que los reclusos cumplieran sus penas en cárceles ubicadas en un radio no superior a los 250 kilómetros de Euskadi. La desaparición de la banda y el castigo añadido que la dispersión supone para las familias de los presos, así como la dificultad que para la mejor reinserción de los presos supone, han sido siempre los argumentos defendidos por las formaciones nacionalistas para poner fin a esta política.

El Ejecutivo vasco viene elaborando desde 2013 un ‘Plan de Paz y Convivencia’ que entre sus medidas incluye un programa para la resocialización de los presos condenados por delitos de terrorismo. El programa ‘Hitzeman’ desarrolla los principios del ‘modelo penitenciario’ que se quiere imponer y en particular el camino que se diseña para la ‘resocialización’ de los presos de ETA. En él se establecen dos vías, una interna aún en prisión para reforzar su renuncia de las vías violentas y el reconocimiento del daño causado y otra a la salida del centro penitenciario y que incluye un plan de ayudas y recursos en caso de carecer de ellos.

Semanalmente Instituciones Penitenciarias ha procedido a autorizar el acercamiento de los presos más alejados hasta centros vascos o cercanos al País Vasco. El último ejemplo se produjo el pasado miércoles 31 de marzo. El anuncio de que Xabier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, y su pareja, Irantzu Gallastegi, ambos condenados por el asesinato de Miguel Ángel Blanco -entre otros crímenes-, eran acercados a la cárcel de León supuso dejar sin ningún preso de la banda la cárcel de Huelva. Este centro penitenciario, por estar alejado a casi 1.000 kilómetros de Euskadi, simbolizó durante muchos años el impacto de la política de dispersión.

Del sur al norte

Algo similar ha ocurrido con prisiones como las situadas en Alicante, a algo más de 750 kilómetros de Euskadi. Tras los acercamientos a Soria y Logroño de los presos José Lorenzo Ayestarán y Arkaitz Goikoetxea, respectivamente, la prisión de Villena no cuenta ya con ningún miembro de ETA entre sus internos. En la otra prisión alicantina, en Fontcalent, tan sólo queda uno, Irkus Badillo. En Valencia, la cárcel de Picassent, a casi 600 kilómetros de Euskadi, también ha quedado libre de presos de ETA tras haber sido trasladados los tres últimos a Pamplona y El Dueso. Tampoco en la prisión de Albocasser, en Castellón, quedan ya presos de la organización y apenas dos en Castellón I.

Incluso las prisiones más alejadas, a las que históricamente se ha trasladado a los presos más duros de la organización, también han visto cómo el número de reclusos de ETA se reduce. Uno de los ejemplos más recientes es el ocurrido en Cádiz. En Puerto III cumplía condena hasta hace poco uno de los presos de la banda con más condenas por asesinato, Henri Parot. El pasado día 26 de marzo se autorizó su traslado a la prisión de León. Con su salida y la de José María Dorronsoro Malaxetxebarria en las dos prisiones gaditanas, Puerto I y Puerto III, situadas a 1.000 kilómetros de Euskadi, sólo quedan 4 reclusos de la organización.

Almería, con tres reclusos y a una distancia similar, o Sevilla, Murcia y Granada, con apenas ocho reclusos entre las tres, son los centros penitenciarios más lejanos en los que aún cumplen condena presos de ETA. Anteriormente otra de las cárceles más alejadas, como la de Algeciras había quedado ya sin presos de ETA entre sus internos. Se suma así a otros centros andaluces como los de Jaén, Córdoba o Algeciras, que ya no tienen presos de la banda. Tampoco los tienen en Extremadura las cárceles de Cáceres o Badajoz o incluso en la gallega de A Lama.