Desde 2012 Cataluña ha acumulado citas electorales sin parar y no está escrito que la legislatura que arranque tras los comicios del 14-F tenga garantías de ser larga y estable. Ni mucho menos. Y no porque no vaya a haber investidura de Pere Aragonès, que se da por segura en el plazo de dos meses que se ha abierto tras la primera intentona, sino porque los intereses de Junts pueden ir por otros derroteros y quiera ir a una nueva consulta no ahora, sino en el plazo de un año.
El debate que tienen en la formación de Carles Puigdemont no es si apoyar o no a Aragonès, sino el de entrar en un gobierno de coalición como en las pasadas legislaturas. A la tesis de dejar al candidato de ERC gobernar en solitario, que es la que defiende el prófugo de Waterloo, Carlos Puigdemont, se ha sumado Jordi Sánchez, del que muchos dicen que es la auténtica mano que mece la cuna.
Su salida de la Generalitat dejaría entre 200 y 300 personas sin cargo en la administración
Tanto al presidente de Junts como a Puigdemont parece importarles poco que su salida de la Generalitat suponga que entre 200 y 300 cargos nombrados por este partido tengan que dejar su cargo. Son esos segundos, terceros y cuartos niveles de la administración pujolista los que más se están resistiendo a no repetir una coalición con ERC. Les apoyan los actuales consejeros de Junts en funciones como Elsa Artadi, que se ve de vicepresidenta y responsable de Economía, como lo era Aragonès en el ejecutivo del desaparecido Quim Torra.
No es más que otra muestra de la crisis interna del independentismo que la defenestración de Cuevillas ha acentuado. Pero la idea de dejar a ERC que gobierne en solitario esconde una estrategia a medio plazo, esto es, ir desgastando al nuevo gobierno para crear las condiciones de un nuevo triunfo electoral de Junts en un año. Acorralar de tal forma a Aragonès que, en un año, puedan volver a estar electoralmente por encima de los republicanos independentistas.
Si se descarta que los de Puigdemont fuercen en un plazo de dos meses una convocatoria automática de elecciones es porque los sondeos ahora mismo no le son muy propicios. Una encuesta publicada este fin de semana apuntaba a un descenso de un diputado, mientras que el PSC de Salvador Illa y ERC empataban en escaños.
También se apunta a otra cuestión de orden interno que tiene reflejo electoral. Junts necesita tiempo para terminar de laminar al PdeCat. Ante un escenario electoral inmediato, se abriría de nuevo el debate sobre la necesidad de ir en alianza con los herederos de convergencia, que aunque no consiguieron representación el 14-F sacaron 77.000 votos. De haber ido juntos, habrían superado a ERC, pero Puigdemont quiere sus votos y a sus cuadros, muchos de ellos alcaldes, destruyendo las siglas.
Resistencia de ERC a unificar estrategias en el Congreso
A ello se une la resistencia de ERC a unificar estrategias en el Congreso de los Diputados frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez que han conseguido superar al ex presidente de la Generalitat, no quieren someterse de nuevo a sus designios, esto es, a una política de confrontación sin espacio para pactar leyes o futuros presupuestos.
Este martes, el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y diputado autonómico, Ernest Maragall, ha asumido la posibilidad de un escenario de gobierno monocolor o con la CUP. En una entrevista de Ràdio 4 y La 2 ha señalado, respecto a las negociaciones para formar un nuevo ejecutivo, que existen una "suma de diversos 'establishments' e historias pasadas que se resisten" a aceptar el resultado de ERC en las elecciones y que pueda presidir Cataluña, informa Europa Press.
"Estamos en un punto de inflexión de país, en el sentido positivo, y esto es lo que cuesta mucho de que se acepte, especialmente los que han tenido durante muchos años una posición hegemónica", ha sostenido. Y, a raíz de esta reflexión ha asegurado no asustarle parecerle "ninguna barbaridad" gobernar en minoría o con la CUP, aunque ha defendido una vía amplia que cree que es lo que más se correspondería con los resultados de las elecciones.
Tras la investidura frustrada de Aragonès el pasado 29 de marzo se abre un plazo de dos meses, hasta el 26 de mayo, para intentar una nueva investidura. Si llegado ese día no hay president, se pone en marcha de forma automática el mecanismo de convocatoria electoral, que debería celebrarse el lunes 12 de julio.
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