El sindicato Justicia Policial (JUPOL) ha preguntado al ministro del Interior si necesita un "muerto" para dotar a los agentes de los medios humanos y materiales para afrontar "con garantías de seguridad" situaciones de "terrorismo callejero" como las vividas este miércoles en el barrio madrileño de Vallecas con motivo del mitin convocado por Vox, saldadas con 25 agentes heridos.

El Ministerio del Interior, por su parte, defiende que el dispositivo policial diseñado fue el "acorde". Fuentes de Interior aseguran a Efe que el número de efectivos policiales desplegado en la plaza de la Constitución -conocida como Plaza Roja- para garantizar tanto la seguridad de los asistentes a una concentración de antifascistas como los que acudieron al mitin de la formación de Santiago Abascal fue el adecuado a estas circunstancias "complejas".

La organización mayoritaria en el Cuerpo Nacional ha criticado el operativo desplegado por Interior, dotado -en su opinión- con "un 40 por ciento menos de agentes de los necesarios para afrontar este tipo de disturbios". Jupol también ha censurado que durante el desarrollo del dispositivo se dieran órdenes de "no utilizar los medios de control necesarios como las pelotas de goma".

"Todo el mundo sabía con antelación de la gravedad de los disturbios que se podrían ocasionar en Vallecas, ya que existían varias convocatorias a través de las redes sociales. A pesar de ello, la Dirección General de la Policía decidió desplegar solamente dos grupos incompletos de la UIP [Unidad de Intervención Policial, conocidos como antidisturbios]", ha censurado. Otras fuentes policiales aseguran que hubo un refuerzo sobre el plan inicial y que finalmente se desplegaron cuatro grupos, lo que supone una fuerza de unos 160 agentes.

El portavoz de Jupol, Pablo Pérez, sostiene que "llueve sobre mojado" y recuerda que "no es la primera vez que el Ministerio del Interior y la Dirección de la Policía dejan indefensos a los policías ante las acciones de terrorismo callejero provocadas por grupos radicales, como ocurriera en octubre de 2019 en Cataluña o más recientemente en las concentraciones en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél".

Precisamente este sindicato se ha querellado contra el máximo responsable de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, por el operativo desplegado en Cataluña para repeler los disturbios (Operación Ícaro) después de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia del procés. Pardo Piqueras y el número dos del Cuerpo, José Ángel González, ya han declarado en calidad de investigados como posibles autores de un delito contra la seguridad de los trabajadores.

En este sentido, Jupol ha indicado que ya estudia la posibilidad de tomar medidas judiciales contra la Dirección General de la Policía y contra el Ministerio del Interior "por la gravedad de los hechos producidos y por las heridas sufridas por una veintena de agentes", lo que se habría evitado -a su juicio- si se hubiera dimensionado la respuesta policial al "grado de violencia" que se esperaba.

Más medios humanos y materiales

"¿Qué más le hace falta para dotar a los agentes de la Policía Nacional de los medios humanos y materiales necesarios para afrontar este tipo de actuaciones de terrorismo callejero con garantías de seguridad?", ha planteado retóricamente Pérez, que se pregunta "si lo que busca el Ministerio es un muerto entre los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía".

La condena ha sido unánime por parte del resto de sindicatos policiales, que han expresado sus deseos de recuperación a los agentes heridos y han reclamado "más y mejores medios".