La Dirección de la Policía Nacional reconoce que paga un sobreprecio en los billetes de avión de los agentes que escoltan a los inmigrantes irregulares que son trasladados a Marruecos desde Canarias para poder disponer de las plazas necesarias "con la antelación máxima" y para que no haya problemas a la hora de que se lleve a cabo el embarque de las personas que son deportadas.

Justicia Policial (Jupol), el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional, preguntó en la reunión que la Comisión de Personal y Proyectos Normativos celebró el pasado 10 de febrero por qué se está abonando 480 euros por el trayecto Las Palmas-El Aaiún-Las Palmas de cada funcionario cuando en la web de la compañía aérea que opera esa ruta (Royal Air Maroc) se puede reservar por un importe significativamente inferior.

En concreto, el sindicato asegura que ha consultado la web de la aerolínea y ha constatado que la tarifa más cara -denominada 'Business Serenity', con posibilidad de cancelación sin cargo alguno y entrega prioritaria de equipaje entre otras ventajas- se comercializa a 393,24 euros (ida y vuelta), un 22 % por debajo de la cuantía que abona el Ministerio del Interior. La duración de cada trayecto es de unos 50 minutos.

La Dirección de la Policía justifica el sobreprecio para poder disponer de las plazas "con la máxima antelación"

"Los integrantes de las Unidades de Intervención [Policial] que realizan los traslados siempre firman el mismo importe por el concepto 'billetes agencia' que asciende a 480 euros, cuando en la web el precio máximo ida y vuelta en la tarifa superior 'Business Serenity' sería 393,24 viajando todos los trayectos en la categoría más cara todos los funcionarios. ¿Cuál es el motivo de pagar este sobreprecio en los billetes de traslados de inmigrantes irregulares a Marruecos?", preguntó Jupol.

Según ha podido conocer este diario, la División Económica y Técnica -dependiente de la Subdirección General de Logística e Innovación- ha respondido que los precios que se pagan son los acordados entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la compañía aérea y lo que se busca es "asegurar con la antelación máxima la disponibilidad de todas las plazas necesarias, la inexistencia de problemas en los embarques de los inmigrantes para su devolución y la continuidad y regularidad en las operaciones de repatriación".

En respuesta a una pregunta escrita formulada por el grupo de Vox en el Congreso, el Gobierno ha confirmado la contratación de viajes de retorno de migrantes que han llegado de manera irregular a las costas españolas por importe de 700.000 euros con Royal Air Maroc. Gestionado por la Subdirección General de Planificación, el gasto se imputa al presupuesto de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Como informó El País, Marruecos aceptó a finales del pasado año la devolución semanal de 80 inmigrantes de dicha nacionalidad que se encontraban de forma irregular en España, después de que el ministro Grande-Marlaska realizara su séptimo viaje a Rabat con la crisis migratoria que sufría Canarias c, o principal asunto a abordar. Desde la medianoche del pasado 30 de marzo, los vuelos desde y hacia España están suspendidos dentro de las medidas adoptadas por las autoridades del país magrebí para frenar la pandemia de coronavirus.

Durante el pasado año, 23.023 inmigrantes llegaron en patera al archipiélago canario, cifra que representó un incremento del 756,8 % respecto a 2019. Lejos de decaer esta tendencia, el flujo ha aumentado un 117,2 % en el primer trimestre del año, al pasarse de 1.582 a 3.336. Una gran parte de los migrantes que llegan son marroquíes.

Contrato para las deportaciones

Entretanto, Interior está a un paso de resolver el concurso que convocó el pasado 30 de diciembre para contratar los servicios de transporte aéreo para llevar a cabo las deportaciones de los inmigrantes irregulares en ejecución de las órdenes de expulsión o realizar traslados entre distintos puntos de España a fin de realizar ingresos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). El contrato se ejecutará previsiblemente entre junio de 2021 y diciembre de 2022.

Como informó este diario, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Evelop Airlines SL y Air Nostrum Línea Aéreas del Mediterráneo SA -actual prestataria del servicio- es virtualmente la adjudicataria, al ser su oferta mucho más ventajosa para la Administración que la otra que se ha valorado: la de la UTE integrada por Air Europa y Aeronova SLU.

Según se detalla en el acta de la reunión que la mesa de contratación celebró el pasado 18 de febrero, la propuesta de Evelop Airlines y Air Nostrum ha sido valorada con 100 puntos, frente a los 78,72 puntos obtenidos por su competidor. En todos los conceptos ha mejorado las condiciones ofertadas por el otro licitador, tanto en el precio unitario por hora en los cuatro tipos de aviones como en los suplementos por posicionamiento en aeropuertos tanto peninsulares como insulares y por estancia en tierra.

Para calcular el presupuesto de gasto máximo del nuevo contrato, Interior había tomado como referencia el gasto real registrado durante los años 2017 y 2018 -exactamente 12.277.838 euros, incluido el 10 % de IVA- y aplicó un incremento del 18 % para cubrir el posible incremento que hayan podido experimentar algunos costes, caso de los carburantes. Al tratarse de un contrato de 18 meses, ello arroja un límite de 10.890.000 euros, a razón de 605.000 euros mensuales.

Disposición permanente

La compañía adjudicataria deberá estar disponible de forma permanente para realizar vuelos internacionales de traslado de ciudadanos extranjeros en situación irregular a sus países de origen y de los policías encargados de su custodia. También se podrán programar desplazamientos entre distintos puntos de España.

Según se detalla en los pliegos, los servicios a bordo que tendrá que ofrecer la compañía que reciba el encargo deberán ser como mínimo "equivalentes a los de la clase turista de los vuelos comerciales de duración similar", lo que incluye servir agua mineral y comida caliente en aquellos vuelos que duren más de dos horas. En estos casos, el operador tendrá necesariamente que tener en cuenta "la peculiaridad del orden religioso o cultural" de los pasajeros.