Tres años después de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo histórico que ha permitido recortar de forma considerable la brecha retributiva de policías nacionales y guardias civiles con los mossos y ertzainas, al desembolsarse 807 millones de euros para su reparto entre los funcionarios de ambos cuerpos entre 2018 y 2020, el Ministerio del Interior sigue sin dar muestras de querer cumplir varios de los compromisos asumidos por su anterior titular con los representantes de sindicatos y asociaciones profesionales.

Uno de ellos es la consignación de una partida anual de 100 millones de euros durante el citado trienio para incentivar el reingreso al servicio activo del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada. No se ha dotado a fecha de hoy "cantidad alguna", como acaba de certificar el secretario general del Consejo de Policía en el oficio con el que el pasad0 7 de abril dio respuesta a un escrito presentado por la Agrupación Reformista de Policías (ARP).

La constatación de este incumplimiento lo ha corroborado el Cuerpo Nacional en vísperas de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelva el recurso que interpuso este sindicato -constituido en 2016 y sin representación en el pleno del Consejo- para impugnar el acuerdo de equiparación salarial, firmado el 12 de marzo de 2018 y publicado en el BOE ocho días después.

La ARP entiende que dicho trato es "discriminatorio", por cuanto se diseñó de acuerdo con unos conceptos retributivos que "dejan fuera" del cobro a los funcionarios en segunda actividad que no hubieran accedido a dicha condición por enfermedad profesional o accidente en acto de servicio. El coordinador legal del sindicato, Manuel J. Soler, ha informado a este diario que ya han aportado al TSJM el oficio en el que la Policía reconoce que no ha desembolsado un solo euro de los 300 millones comprometidos.

"Desde la seriedad y el rigor sindical estamos mirando por los intereses de miles y miles de compañeros afectados. Confiamos en que se haga justicia y ese acuerdo se aplique al 100 por cien del colectivo. Más allá del compromiso político, el actual ministro del Interior tiene la obligación de cumplir un acuerdo que está firmado. El presupuesto es el problema de ellos, no nuestro", señala Soler.

El dictamen del Consejo de Estado

El equipo que dirige Grande-Marlaska ha ejecutado los tres pagos comprometidos por su antecesor en el cargo -el popular Juan Ignacio Zoido- pero no ha movido ficha para cumplir ni con el desembolso de la partida para segunda actividad ni con otras dos cláusulas que resultaron determinantes para desbloquear las negociaciones en el invierno de 2018 y que cuatro sindicatos de la Policía (SUP, CEP, SPP y UFP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y la Asociación Profesional de Cabos) rubricaran la última propuesta de acuerdo que se les puso encima de la mesa.

La incógnita no despejada de forma definitiva aún es si el actual titular de Interior se desentiende de los compromisos asumidos por Zoido, después de que el Consejo de Estado emitiera el 21 de marzo de 2019 un dictamen que avala el eventual incumplimiento de los mismos. Como desveló El Independiente, el órgano consultivo -sus pronunciamientos no son vinculantes- concluyó que el acuerdo no es "ni jurídicamente exigible ni vinculante".

La Policía certifica el incumplimiento del acuerdo de equiparación: no se ha desembolsado un solo euro para incentivar el reingreso al servicio activo de la segunda actividad

"La correcta interpretación del contenido del acuerdo de 12 de marzo de 2018 y la forma de su aplicación deben tener en cuenta, por una parte, los principios generales de la negociación colectiva y, por otra, los límites en que ésta se desenvuelve en las Administraciones públicas. En especial, la irrenunciabilidad e inderogabilidad de las potestades públicas. De esta premisa se desprende que, si bien todos los contenidos del acuerdo de 12 de marzo de 2018 deben ser aplicados de conformidad con el principio de buena fe negocial, no todos ellos tienen la misma eficacia directa, a tenor de lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el resto del grupo normativo aplicable al caso", zanjó.

Uno de los puntos incumplidos -detallado en la cláusula primera del texto- es el relativo a la realización de un estudio de las retribuciones y los puestos en los distintos cuerpos policiales a fin de asegurar que la igualdad salarial con los Mossos fuera "total y absoluta", lo que conllevaba el compromiso de aceptar las "correcciones" que fueran necesarias respecto al montante económico pactado. Interior encargó dicho trabajo, pero el resultado quedó desnaturalizado desde el momento que el departamento dirigido por Grande-Marlaska ordenó a los técnicos de la consultora externa contratada (Ernst&Young) que ciñera sus conclusiones a los 807 millones comprometidos. Ni un céntimo de euro más.

Tampoco se ha producido avance alguno en relación con el impulso de las medidas legislativas al que se comprometía el ministerio a fin de garantizar que en el futuro no se volviera a producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones, como prevé el acuerdo en su cláusula octava. Es otra de las grandes asignaturas pendientes.

La ILP de Jusapol

Fuera del bloque asociativo que pactó con Interior, la plataforma Jusapol -hoy ya con brazos en la Policía (Jupol) y la Guardia Civil (Jucil)- defiende que el único camino para lograr la equiparación salarial de manera real es mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), motivo que le llevó a recoger más de medio millón de firmas para llevarlas al Congreso de los Diputados y que pudiera tramitarse. De momento, tampoco esta vía ha surtido efecto.

El 3 de marzo de 2020, la mayoría que suman PSOE y Unidas Podemos en la Mesa del Congreso vetó su tramitación al entender que la ejecución de la medida conllevaría un gasto "inasumible" de cerca de 1.900 millones de euros y, tres meses después, los dos partidos que sustentan el Gobierno tumbaron la proposición de ley defendida por Vox para hacer efectiva la equiparación.

El pasado mes de noviembre, en plena pandemia del coronavirus, los policías nacionales y guardias civiles cobraron los 247 millones de euros correspondientes al tercer tramo con el que Interior completaba el desembolso de los 807 millones que se había pactado en marzo de 2018, meses antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa y confiara a Grande-Marlaska la cartera de Interior. En este tiempo se ha materializado una subida histórica, pero ésta no ha logrado cerrar la brecha totalmente con las policías autonómicas.