El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, tiene sobre la mesa la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que investigue por un presunto delito de cohecho al expresidente de La Caixa Isidro Fainé y al presidente de Repsol, Antonio Brufau.
Esta solicitud, presentada el pasado viernes, supone el apoyo del Ministerio Público a la tesis que defiende el representante legal del expresidente de Sacyr Luis Del Rivero, Jaime Campaner, que no sólo pidió la imputación de los dos ejecutivos, sino también del secretario del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo, para que se demuestren lo que ve claro: que los presidentes de ambas compañías se pusieron de acuerdo para contratar a la empresa privada del comisario José Manuel Villarejo y le encargaron que espiara a Del Rivero, supiera con quién intercambiaba llamadas, qué patrimonio tenía, incluso que vigilara a su familia y amistades, porque sospechaban que quería hacerse con el control de Repsol de la mano de la petrolera mexicana Pemex.
Estos hechos se investigan en la pieza 21 del caso Tándem, bajo instrucción del Juzgado Central 6. El apoyo de la Fiscalía a la petición del letrado viene motivado por el curso de las pesquisas que se han practicado, pero principalmente por la declaración como investigado del exjefe de Seguridad del banco Miguel Ángel Fernández Rancaño el pasado mes de diciembre.
El origen de la causa
En la investigación están imputados, de momento, el comisario José Manuel Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo; los exjefes de Seguridad de Repsol y La Caixa, Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño que habrían sido el nexo entre ellos y las compañías; el subdirector de Repsol en Latinoamérica, Rafael Girona, y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García-Castaño.
Durante un tiempo, las pesquisas estuvieron bajo secreto de sumario. Cuando el juez lo levantó, se supo que éstas se iniciaron a raíz de la incautación por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de anotaciones de reuniones mantenidas entre Villarejo, su socio Redondo y el exjefe de Seguridad de La Caixa Fernández Rancaño.
De éstas se entendía, según uno de los informes de Asuntos Internos que consta en el sumario, que Villarejo había espiado a Del Rivero y había reflejado sus indagaciones en uno de los dossieres de 'Inteligencia' sobre la competencia que preparaba -como para otras empresas del Ibex 35, como BBVA- desde su empresa privada Cenyt. Precisamente el expresidente de BBVA Francisco González está investigado por presuntamente estar detrás de su contratación por parte del banco.
Según la Fiscalía, Villarejo hacía todos estos encargos de las altas esferas empresariales accediendo a datos confidenciales y bases de datos policiales gracias a su condición de funcionario del Cuerpo Nacional en activo y de la ayuda de su "red mafiosa policial", a la que compensaba con dádivas. De ahí que en la macrocausa Tándem se le investigue como presunto líder de una asociación ilícita, además de por los delitos de cohecho, revelación de secretos o blanqueo de capitales.
"Tenía que despachar con su señorito"
En una de las anotaciones que fueron incautadas al comisario, tomada en la primera reunión a la que asistió el exjefe de Seguridad del banco Miguel Ángel Fernández Rancaño, se podía leer: "MA insiste en 'determinar el perímetro' porque por la tarde tenía que despachar con su 'señorito', posiblemente por referencia a FAI [por Isidro Fainé]". Una reunión tras la que, según el oficio de Asuntos Internos, le esperaba el señor Fainé en Barcelona.
Para el abogado de Del Rivero, según el escrito en el que pidió todas las imputaciones que pide también la Fiscalía al que ha tenido acceso El Independiente, "el análisis de lo actuado en esta pieza revela la involucración del Sr. Fainé en los delitos investigados. Así, el oficio de Asuntos Internos de constante referencia, que transcribe las anotaciones incautadas en las entradas y registros, contiene elementos que permiten afirmar el indiciario conocimiento y la cenital participación del Sr. Fainé en los hechos objeto de investigación".
Repsol y La Caixa contrataron supuestamente a la empresa de Villarejo para espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero
Unos indicios que reforzó la declaración de Fernández Rancaño ante el juez el pasado 15 de diciembre, cuando a preguntas del Ministerio Fiscal afirmó: "Yo la primera reunión la mantengo con Antonio Massanell [exdirector general de Medios de CaixaBank] cuando regreso. Le explico un poco lo de la empresa y me dice: 'Este tema, en lo sucesivo, lo despachas con el presidente. Dentro de tus despachos habituales que tienes, pues lo metes como un tema más y ya está'. Entonces yo, cuando subía a ver al presidente, cuando me tocaba, pues era un punto más del orden del día".
"Vale. Entonces le comentó Antonio Massanell que a partir de entonces esos temas los tratase Vd. con el presidente. Que en aquel momento era...", preguntó el fiscal durante el interrogatorio en el juzgado. "Isidro Fainé", contestó Fernández Rancaño.
En otra de las anotaciones incautadas a Villarejo, éste reflejó el supuesto frente común entre Fainé y Brufau para frenar juntos a Del Rivero: "R2 añade que BRU no se lleva nada bien con FAI, pero que ahora hay un frente común que es LOR, (…)”; “(…) R dice que ambos BRU y FAI intercambian datos y han hablado de la conveniencia de ir juntos en este asunto".
El informe interno que implica a Brufau
El sentido de esta anotación se ve reforzado, para la representación de Del Rivero y para los investigadores, con el contenido de un informe interno elaborado en Repsol durante el secreto de las actuaciones judiciales. En una de las páginas del Chief Compliance Officer de la compañía se puede leer: "Posiblemente en alguna conversación habitual entre el Presidente de Repsol y el de la Caixa, acordaron, cada una en su respectivo propio interés, compartir los servicios de información contratados a Cenyt, puesto que ambas entidades estaban potencialmente afectadas por el pacto Pemex-Sacyr".
También según el citado informe de auditoría, la orden efectiva de contratar a Villarejo por parte de Repsol la habría tomado el secretario general del Consejo de Administración, Luis Suárez de Lezo, al que tanto Del Rivero como Anticorrupción solicitan que se cite también como investigado en esta pieza separada de la macrocausa.
Si el juez lo acuerda finalmente, la declaración de Suárez de Lezo será clave para el caso. Según recoge la representación legal de Del Rivero en el escrito con el que solicitó su imputación, Suárez de Lezó acabó "de mutuo acuerdo y a iniciativa y en interés de la compañía, y con efectos tres días después del citado informe del 28 de diciembre de 2019 como consejero-secretario general de Repsol, manteniendo su empleo de secretario general sin pérdida de sus ingresos, percibiendo una compensación económica de algo más de 11,3 millones de euros.
Además de a este directivo, Anticorrupción también solicitó el viernes al juez que imputara a Juan de Amunátegui, exdirector corporativo de servicios patrimoniales de Repsol; a Joaquín Uris, exdirector corporativo de gestión patrimonial de Repsol, y a Antonio Massanell, exdirector general de medios de CaixaBank.
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