Ocho documentales sobre el juicio a los líderes del procés han reabierto la caja de los truenos en torno a TV3 y su uso por parte de las élites políticas y económicas catalanas. Se trata de la serie "El juicio" producida por Jaume Roures, presidente de Mediapro. Serie que el socio de Roures, Tatxo Benet, presionó para que fueran adquiridos por 800.000 euros por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) el pasado otoño, tal como quedó registrado en las escuchas de la Operación Volhov.

La cadena autonómica estrena este domingo el primer capítulo en horario de máxima audiencia. Pero la adquisición, firmada finalmente el 23 de diciembre por 440.000 euros, ha provocado la indignación tanto del sector de las productoras como de la oposición política. Especialmente el PSC, que tras las elecciones parece haber puesto en el foco a la cadena autonómica.

El propio Illa ha denunció el pasado domingo que "TV3 ha tenido un papel muy lamentable en las últimas etapas de Cataluña" en El Periódico. Y un ex cuadro del PSC, Marc Murtra, se preguntaba dos días después en La Vanguardia si TV3 "es nuestra Fox". Paralelamente, los socialistas han registrado ocho preguntas parlamentarias esta semana cuestionado el coste y la emisión de estos documentales "de parte".

Documentales "de parte"

También los costes del programa estrella del fin de semana, FAQs, en el que Pilar Rahola -biógrafa de Artur Mas y ariete de Carles Puigdemont en los medios- tiene sección fija para editorializar sobre la actualidad política catalana. La diputada Beatriz Silva es la autora de las preguntas, en las que recuerda que el Consejo del Audiovisual Catalán (CAC) dictaminó en 2013 que TV3 tenía la obligación de compensar la emisión de este tipo de documentales con otros en los que se exhibiera el punto de vista de los no independentistas. Algo que más de siete años después no ha sucedido.

"El CAC debería sancionar" ese incumplimiento, señala Silva, quien recuerda que ya ha preguntado en repetidas ocasiones al director de TV3, Vicenç Sanchis, cómo piensa compensar la emisión de documentales como "Hola Europa" por el que fue advertido por el CAC. "Cómo piensa la CCMA equilibrar la emisión de estos ocho documentales para cumplir la misión de servicio público y pluralismo que tiene encomendadas" se pregunta ahora Silva.

En sus preguntas parlamentarias cuestiona además las 57 intervenciones de Rahola entre marzo y agosto de 2020 en dos programas de TV3, con un total de 12 horas y 15 minutos de tiempo de pantalla en exclusivo para ella. "Cómo se contrapesan estas intervenciones con otros puntos de vista" cuestiona la diputada socialista.

TV3 y el "caso Pujol"

Denuncia igualmente el reportaje sobre el "caso Pujol" emitido por la autonómica el pasado domingo. Silva recuerda que la emisión responde a un mandato parlamentario, después de que el Parlament acordara con los votos de todos los partidos -excepto JxCat, que se abstuvo- que TV3 debía informar sobre los casos de corrupción política de la familia Pujol.

TV3 "ha tardado seis años" en explicar este caso de corrupción, se lamenta Silva. Y cuando lo hace, "dedica 10 de los 30 minutos a la policía patriótica. Una televisión pública debería investigar de dónde sale la fortuna de la familia Pujol Ferrusola", añade.

Respecto a la adquisición de la serie documental de Mediapro, Silva pregunta de dónde ha salido el dinero para comprarla, después de que Sanchis asegurara en el Parlament el pasado noviembre que la Corporación no tenía recursos para adquirirla. Cuestiona además la adquisición "considerando que TV3 ha cubierto extensamente todos los aspectos relacionados con el jucio del 1-O".

Presiones a la cúpula de JxCat

La compra de esta serie, aparentemente avalada tanto por ERC como por Junts, saltó a los medios gracias a las escuchas de la Operación Volhov, en las que Benet fue "pillado" requiriendo el apoyo de David Madí -ex mano derecha de Artur Mas- para cerrar la operación.

Durante la conversación pinchada por la Guardia Civil, Benet pidió a Madí que presionara a Albert Castellanos -número dos de Pere Aragonés en la Consejería Economía- para que la Generalitat aprobara una modificación presupuestaria de 800.000 euros que permitiera a TV3 comprar la serie.

«Si tienes alguna forma de hacerle llegar a Castellanos: hostia, acelera, porque esto va bien…» le decía Benet a Madí. Insistía además en que los documentales debían emitirse "antes de las elecciones" en Cataluña, supuestamente para animar a la movilización independentista.

Gasto desproporcionado

El escándalo frenó la adquisición entre quejas de los trabajadores del ente y de las asociación de productores de documentales, que recordó que ese año TV3 invirtió menos de una cuarta parte de lo que exigía Benet, 178.500 euros, en la compra de todos los documentales externos del año.

En un comunicado emitido tras hacerse pública esta conversación, Pro-Docs denunció que la compra de la serie documental suponía centrar en una sola productora más del doble del presupuesto anual de la Corporación para documentales externos. "Este último año se han contratado documentales desde Televisión de Cataluña por valor de 178.500 euros. No es ningún error. 178.500 euros es toda la inversión en coproducciones de documentales y derechos de antena en el que llevamos de 2020".

Los productores recordaban además que la tarifa habitual de la CCMA es de 20.000 euros por documental y 1.500 euros de derechos de antena por documentales ya acabados. Y lamentaban la tendencia a la baja desde 2011, cuando se contrataron documentales por valor de 1.319.000 euros y se dotaba con 60.000 la coproducción de largos documentales.