El Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido ya su informe sobre el alcance de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por PSOE y Podemos para limitar la función de realizar nombramientos de la cúpula judicial mientras el Consejo esté en funciones y que ha contado con el respaldo de las Cortes para salir adelante.

En respuesta a la solicitud que realizó el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el Gabinete ha entregado sus conclusiones que el Pleno del órgano constitucional abordará el próximo jueves.

Según éstas, la reforma legal no sólo limita la función de realizar nombramientos discrecionales, sino que tampoco "podrá el Consejo aprobar las bases de las convocatorias de provisión de cargos judiciales de carácter discrecional, publicar las convocatorias o realizar cualquier otra actuación destinada a facilitar la resolución de un procedimiento de nombramiento discrecional de cargos judiciales", como se temían los consejeros. Una situación que bloqueará la actividad del Consejo y la renovación judicial, puesto que cada vez hay más cargos de magistrados (en el Tribunal Supremo, presidencias de Audiencias Provinciales así como de Salas de los Tribunales Superiores de Justicia) pendientes de renovación por jubilaciones y fallecimientos.

El propio Gabinete técnico considera en el informe que la falta de precisión de la Ley Orgánica 4/2021 "puede llevar a la indeseable consecuencia de la atrofia y paralización del CGPJ -que el legislador afirma expresamente que quiere evitar-, al verse privado de la posibilidad de ejercer sus facultades en los distintos ámbitos de su competencia que nada tienen que ver con el nombramiento discrecional de cargos judiciales y que en nada comprometen ni vinculan al Consejo entrante".

Red europea de consejos de Justicia

Haciendo una interpretación conforme a la Constitución Española, el Gabinete Técnico considera que el Consejo conserva las atribuciones que se derivan directamente
de la Constitución ésta, "vinculadas a las funciones constitucionales del CGPJ, como el amparo institucional a los jueces y magistrados que se sientan inquietados o perturbados en su independencia" o las "referidas a la garantía de independencia y al estatuto judicial y las que sean indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales y para garantizar el normal funcionamiento del Consejo".

Lo que ven claro que no puede hacer el CGPJ tras salir adelante la reforma legal es "designar a magistrados del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar y de cargos judiciales de la jurisdicción militar y la aprobación de bases de convocatoria" para éstos.

El documento considera que es el Tribunal Constitucional el que tiene que valorar si es posible plantear un conflicto de atribuciones entre el Poder Político y el Poder Judicial al considerar el primero que está habiendo una injerencia en la independencia judicial.

El texto se abordará en el Pleno del Consejo del próximo jueves, donde a petición de los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya, se ha incluido también en el orden del un punto para que se debata sobre la petición de colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia para que examine y se pronuncie sobre la reforma, sobre la comunicación a la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021 y sobre el examen de los mecanismos de defensa de la independencia judicial ante la limitación de competencias atribuidas constitucionalmente al órgano de gobierno de los jueces, informan desde el Poder Judicial.