El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no continuará la investigación contra la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso Púnica. Archiva la investigación respecto a ella, que estaba imputada por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández.

Miembros de la Asamblea de Madrid de distintos partidos políticos que fueron citados a declarar como testigos afirmaron que no hubo irregularidades en la adjudicación de los dos contratos objeto de investigación, que según un informe policial en el que se basó la investigación impulsada por la Fiscalía partía de donaciones por parte de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Según Anticorrupción, que consideró que Cifuentes adjudicó el contrato de manera "arbitraria" al Grupo Cantoblanco, Fernández habría sido uno de los empresarios que hizo una donación dineraria al Partido Popular a través de Fundescam -presidida por Esperanza Aguirre en el año 2007 cuando Cifuentes era patrona de dicha fundación-. De ahí que la acusación pública relacionara los hechos y sostuviera que las adjudicaciones posteriores a su empresa desde la Asamblea respondieron a dicha donación. Algo que la ex presidenta madrileña negó en sede judicial.

Después de todas las diligencias realizadas, el juez concluye que no se ha acreditado que Cifuentes tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam. Según García-Castellón, la imputación de que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente".

El juez añade que no ha resultado acreditado que Cifuentes ostentara cargo alguno en la citada Fundación. En definitiva, "no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que la Sra. Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam, ni ha resultado acreditada su participación en actividad alguna que tuviera relación con las funciones de administración, gestión, o contabilidad referida a la fundación".

Por todo ello no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Arturo Fernandez, por lo que no se puede sostener que su actuación en el proceso de licitación del servicio de cafetería, cocina y comedores de la Asamblea de Madrid "estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la Fundación señalada".

Archiva la causa para todos

Así, el juez archiva la investigación para Cifuentes y también para la Letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y del presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández.

El magistrado rechaza también que Cifuentes participara en la financiación irregular del PP madrileño a través de fondos de la empresa SWAT, como se la acusaba.

Las resolución señala que la imputación se sustenta en las manifestaciones referidas por Isabel Gallego Navarrete, jefa de gabinete de la presidencia de Madrid, "que resultan manifiestamente contrarias a las referidas por la propia Cifuentes", que negó haberse reunido con el empresario Juan Miguel Madoz Echeverria (SWAT) y lo manifestado por este en el sentido que negó igualmente haberse reunido con la expresidenta.

A ello se une que de la documental obrante en las actuaciones "se constata además que la sra. Cifuentes no ostentaba cargo alguno vinculado con la contabilidad, gestión o administración de las elecciones del año 2008".