La firma se plasmará el 10 de mayo pero la competencia no será plenamente efectiva hasta el próximo 1 de octubre. Durante los cinco meses entre uno y otro momento las autoridades sanitarias ultimarán todos los aspectos necesarios para asumir la gestión de las prisiones acordada con el Gobierno de Pedro Sánchez en virtud de lo establecido en el Estatuto de Gernika de 1979. El Ejecutivo de Urkullu acumula años anunciando su propio modelo penitenciario y la semana pasada ya aseguró que se valdrá del “amplio margen” que le permite la legislación penitenciaria española a la que seguirá sometido.

El plan penitenciario contempla priorizar la reinserción de los presos y reducir, en la medida de lo posible, las estancias privados de libertad dentro de las cárceles. El País Vasco quiere incrementar las vías alternativas de cumplimiento de condenas con fórmulas como los controles telemáticos, las actividades en el exterior del centro penitenciario y otras opciones.

Fuentes próximas al colectivo de prisiones consultadas por ‘El Independiente’ aseguran que el proyecto en el que trabaja el Ejecutivo vasco, y cuyas primeras modificaciones respecto al actual modelo ya conocen, pasarían por rebajar las estancias de privación de libertad dentro de los centros penitenciarios. De este modo, en la última fase del cumplimiento de las condenas los presos en las cárceles vascas podrían acceder a formulas como los controles telemáticos, para el cumplimiento en el exterior de parte de la condena o incrementar las salidas de prisión para realizar trabajos.

La última fase de cumplimiento de las condenas son las adecuadas para abordar la fase de resocialización a la que se deberá enfrentar el recluso. “El problema es que quizá se esté pensando en un tipo de presos, con un perfil y eso se debe adecuar a las circunstancias de cada uno. Es cierto que en algunos casos prolongar la permanencia en prisión puede complicar su reinserción y en otros, con otros delitos, otro perfil y otro entorno, no tanto. Depende de cada caso”, señalan las fuentes consultadas.

1.300 presos y tres cárceles

Actualmente las tres prisiones vascas cuentan con cerca de 1.300 presos. De todos ellos apenas una cuarentena son reclusos de ETA. Como en el conjunto de las cárceles española, en la mayoría de los casos se trata de presos que se encuentran en segundo grado. En España el 80% de la población reclusa se encuentra en esta fase y apenas un 16% afronta ya el tercer grado, donde se aplicarían las vías alternativas a la privación de libertad.

En la mayoría de los casos los reclusos cumplen condena por delitos relacionados con delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. En España hay algo más de 58.500 presos, según el anuario del Ministerio del Interior de 2019. Nueve de cada diez son hombres. Los delitos contra la salud pública, fundamentalmente por condenas relacionadas con las drogas, representan el 18% de las condenas, la violencia de género el 10%, con un 7,6% los relativos a delitos contra la libertad sexual y los homicidios representan casi un 8%.

En el caso de las prisiones vascas, el futuro pasaría por incrementar el traslado de los presos de ETA a centros penitenciarios ubicados en Euskadi. Actualmente son alrededor de 185 los reclusos de la banda, de los que la inmensa mayoría cumple ya condena en prisiones próximas a Euskadi. A medio plazo, el plan en el que trabaja Interior es incrementar los traslados no sólo a cárceles cercanas al País Vasco sino a la propia Euskadi. Erkoreka aseguró que la aplicación de las políticas penitenciarias será ajustada a la ley, “no hay motivo para desconfiar”, aseguró en referencia a las acusaciones de posibles beneficios para los presos de ETA.

El modelo penitenciario, cuyas bases ya tiene perfilados el Gobierno Vasco, lo está ultimando el juez Jaime Tapia, recientemente fichado por el Ejecutivo para buscar el encaje jurídico del singular sistema penitenciario que el País Vasco quiere aplicar a los presos a partir del próximo mes de octubre. El consejero de Seguridad y vicelehendakari, Josu Erkoreka, avanzó el pasado viernes que la política penitenciaria se caracterizaría “por las tres erres”: “Resocialización, reeducación y reinserción”.

Fórmulas 'alternativas'

La apuesta por reducir las estancias en prisión y sustituirlas por fórmulas “alternativas” es una de las singularidades que Euskadi quiere desarrollar una vez asuma la gestión de las tres prisiones. La Administración vasca tendrá la titularidad sobre aspectos relacionados no sólo con el acceso a beneficios penitenciarios sino también de definición de las políticas de resocialización. El Ejecutivo tiene dibujado ya el modelo que aplicará a los presos de ETA y que considera de especial importancia no sólo para favorecer la reintegración de los reclusos de la banda que aún cumplen condena sino como un elemento que contribuya a la “convivencia” en la sociedad vasca.

El programa ‘Hitzeman’, considera que los presos de ETA merecen una atención singularizada por su especial condición. La Administración vasca cree que en su caso se puede considerar que componen un colectivo en “riesgo de exclusión” y en muchos casos con dificultades económicas para afrontar un proceso de resocialización a su salida de prisión tras muchos años privados de libertad.

El plan ‘Hitzeman’ plantea dos vías y fases de reinserción. La primera de ellas es la relativa al cumplimiento de la condena dentro de la prisión. En ese periodo los reclusos que lo deseen podrán acceder a una vía personalizada, previa acreditación desmarque de la violencia, compromiso con las vías de la paz y la convivencia y reconocer el daño causado. Una comisión evaluará esta fase en la que los reclusos podrán asistir a iniciativas académicas, talleres, cursos, apoyo a asociaciones, encuentros restaurativos y otras vías dirigidas a facilitar su regreso a la sociedad.

700 trabajadores

En una segunda fase, y una vez obtenido el aval de una comisión evaluadora el Gobierno vasco, en caso de ser necesario, podrá acceder a ayudas, subvenciones y acceso prioritario a prestaciones públicas en el ámbito sociosanitario, en el campo de la vivienda, el empleo o la sanidad.

Por ahora el Gobierno vasco debe cerrar los detalles sobre el modo en el que asumirá la competencia y con ella los cerca de 700 trabajadores penitenciarios pertenecientes a la Administración del Estado. Los sindicatos aseguran que por ahora no han recibido información ni se les ha citado para ningún encuentro “Apenas ha habido reuniones con los trabajadores”, aseguran desde la UGT.

En CCOO señalan que tampoco con ellos se han puesto en contacto para cerrar las condiciones laborales de los empleados de los centros penitenciarios, “no sabemos nada de nada”. Inicialmente el Gobierno vasco se ha comprometido a mantener las condiciones que hasta ahora tienen los empleados de las prisiones, si bien desde la centrales ya avanzan que solicitarán que se equiparen a las del resto del funcionariado dependiente de la Administración vasca, salarialmente más elevadas.