La portavoz gubernamental, María Jesús Montero, ha encontrado un aliado inesperado para justificar la negativa del Ejecutivo a prorrogar el estado de alarma, eso es, el anuncio del PP de que no apoyaría parlamentariamente esa prolongación de una situación de excepcionalidad.

La ministra ha insistido en que el objetivo del Gobierno "es que tras el 9 de mayo no sea necesaria esa prórroga y es lo que hemos trasladado a las Comunidades". Y tras recordar la "complejidad" de las negociaciones en el Congreso de los Diputados para conseguir alargar el estado de alarma durante la primera ola de la pandemia, se ha felicitado de que el PP haya coincidido con la iniciativa del Gobierno, a través de unas declaraciones formuladas por el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto.

"En este tema en concreto estamos de acuerdo y las Comunidades tienen instrumentos suficientes", ha dicho la también ministra de Hacienda. En caso de que se necesite "alguna limitación de derechos fundamentales" siempre debe ser "refrendado por el poder judicial", como los cierres perimetrales, y las decisiones tomadas en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. En vista de los datos epidemiológicos "consideramos que no es necesaria" la prórroga, ha insistido, y ahora lo prioritario es que es que las Comunidades "se concentran en cómo aceleran el proceso de vacunación".

Nada de "plan b"

Lo cierto es que tanto el PP como muchos territorios han reclamado un "plan b" de reformas legales que permita no tener que acudir siempre al estado de alarma, tal y como se comprometió el Gobierno a hacer en distintos acuerdos parlamentarios con Ciudadanos, ERC y PNV, que no ha cumplido. Montero ha desmentido que el Ejecutivo contemplara en ningún momento vías alternativas y replicado que el PP votó en contra de otras prórrogas en momentos en que la situación epidemiológica era peor que la actual. El PP "está enredando y no sabe lo que quiere".

Por otro lado, se ha mostrado contraria a abrir la movilidad a las personas ya vacunadas porque pueden todavía contagiar "y eso es un peligro", como ha solicitado Galicia. De momento, no está en la agenda del Ejecutivo reunir la Conferencia de Presidentes, "pero sería bueno que los presidentes del PP se pusieran de acuerdo. Dependiendo de la Comunidad piden una cosa al Gobierno o la contraria".

Sobre el ERE anunciado por Caixabank, que puede afectar a 8.000 trabajadores, ha replicado que el Gobierno trabaja en general para el sostenimiento del empleo, pero, "dicho esto, habrá que ver las circunstancias concretas porque si no hubiera habido fusiones estaríamos hablando de un volumen de trabajadores superior" afectados por el despido. El Gobierno "apadrinó" el proceso de fusión entre Bankia y Caixabank con oposición del ex vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Y respecto a la subida de impuestos se ha defendido afirmando que no iba a llevar a los presupuestos "algo que no está adoptado", como es la subida de los impuestos. El comité de expertos nombrado que va a estudiar este tema tiene de plazo hasta el año que viene para proponer un modelo de reforma fiscal, aunque sí ha animado, en la línea del FMI, a que los grandes patrimonios se impliquen más en la lucha contra la crisis.

Juno a Montero se estrenaba en la sala de prensa de Moncloa la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, sustituta de Pablo Iglesias, Ione Belarra, que ha presentado la inyección a las Comunidades de de 730 millones de euros para la asistencia domiciliaria de las personas mayores. Se trata de propiciar un cambio del actual modelo del residencial, muy cuestionado por los estragos que ha producido entre los más mayores la pandemia del Covid.

Belarra advierte que la ley de Vivienda debe cumplir lo acordado en el pacto de coalición

Interrogada sobre la marcha de la negociación de la Ley de vivienda, que se reanuda esta semana y que la ministra lleva personalmente, ha informado que se sigue "avanzando" y se trabaja "intensamente". Advierte Belarra que el pacto de coalición "es claro" en este sentido e incluye desde un parque público de vivienda a poner techo a la subida abusiva de los precios. "No me cabe duda de que ese acuerdo será satisfactorio porque va a cumplir lo pactado".