La titular del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, Esperanza Collazos, investiga al expresidente -y actual vicepresidente- de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartomolé Lora Toro por un presunto delito de malversación en el rescate gubernamental a la aerolínea Plus Ultra.

La magistrada ha admitido una denuncia presentada por el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, contra Toro, el alto cargo designado por el Gobierno al frente del Consejo Gestor del fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas que decide qué ayudas conceder a las compañías afectadas por la pandemia del Covid.

Tras la presentación de la denuncia, en la que se presentaba un posible delito de malversación por la concesión de una ayuda (rescate) multimillonario a la aerolínea por parte de la sociedad estatal, la jueza ha abierto unas diligencias de investigación que también afectan a los miembros del consejo de administración de SEPI, según ha adelantado El Español y ha confirmado El Independiente en la resolución judicial con fecha de 8 de abril.

La compañía, declarada "estratégica" por el Gobierno, recibió una ayuda de 53 millones de euros, un montante diez veces superior al patrimonio total de la empresa, cuyas cuentas depositadas en el registro mercantil reflejan que posee un patrimonio neto de 5,84 millones de euros, como ya publicó este diario.

Como una de las primeras diligencias de investigación, la instructora ha solicitado a la SEPI que envíe al Juzgado "el expediente completo tramitado para la Ayuda Pública de la empresa Plus Ultra".

En su resolución, la magistrada señala que los hechos que se incluyen en la denuncia "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Por ello, y al no estar determinada ni la naturaleza de los hechos ni las personas que en ellas han intervenido, de momento acuerda la incoación de diligencias previas y la práctica de "aquellas esenciales" para realizar estas averiguaciones.

Además, da parte de la incoación de diligencias al Ministerio Fiscal, al propio Toro y al resto de miembros del consejo de Administración del SEPI "que deberán ser identificados". Contra su decisión cabe recurso en los próximos tres días.

La denuncia se presentó contra Lora por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y contra el resto de miembros del Consejo de Administración de la SEPI como cooperadores necesarios.

A juicio de los denunciantes, Lora tiene a su cargo la administración, dirección y gestión del SEPI y administra el Fondo de apoyo a la solvencia de Empresas estratégicas de 10.000 millones de euros. Como "más que razonable 'notitia criminis'", apuntan la referente a la ayuda con fondos públicos de 53 millones de euros a la Compañía Plus Ultra.

Manos Limpias cuestiona que se pueda considerar esta empresa como estratégica, "cuando operaba con el 0,03% de los vuelos en España" y ha registrado números rojos desde que se fundó en 2011, acumula unas pérdidas de 10 millones de euros y dispone de un "único avión de Plus Ultra solo ha hecho un vuelo a Venezuela (...), transporta el 0,08% de los pasajeros internacionales y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas".

"A ello hay que añadir que la dirección y el accionariado de la aerolínea, con el porcentaje del 47% está en manos de venezolanos con una amplia red de empresas en Panamá (paraíso fiscal)" y que "el escándalo ya es objeto de una investigación en estancias europeas, promovidas por el eurodiputado Luis Garicano", añade la denuncia.

La aerolínea descarta relación con el chavismo

La aerolínea Plus Ultra, a la que los partidos políticos de la oposición Partido Popular y Vox vinculan con el chavismo, emitió un comunicado en el que rechazó tener vinculación con éste u otros regímenes políticos.

La SEPI presentó los informes del banco de inversión Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) favorables al rescate gubernamental para descartar irregularidades en éste.

Plus Ultra se defiende

Una vez que se ha conocido la intervención judicial, la aerolínea ha emitido un comunicado volviendo a incidir en su total transparencia "con los datos, procesos y requerimientos de la SEPI para acceder a la ayuda temporal que se le ha concedido".

Además, Plus Ultra revela que el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea -AESA "dieron un veredicto favorable a la concesión de las ayudas públicas. La petición de la aerolínea contó, además, con la consultora PwC para elaborar el “Corporate Review” en el que se comprobaba si todos los puntos requeridos por la SEPI quedaban cumplimentados en el plan presentado por la compañía".

Es por eso que, Plus Ultra se muestra "absolutamente tranquila" una vez que ha cumplido todos los requerimientos establecidos por la SEPI "en todos y cada uno de los puntos de tales requerimientos".