Repsol justificó en un informe interno la contratación de los servicios de la empresa controlada por el comisario hoy jubilado José Manuel Villarejo (Cenyt) porque no sólo había realizado informes de inteligencia para compañías que cotizan en el Ibex-35 sino que incluso "había trabajado para la propia Administración estatal".

Así lo expone la compañía en un informe de cumplimiento que consta en las actuaciones que dirige el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el marco de una de las piezas separadas del caso Tándem. Este Chief compliance officer lo elaboró en diciembre de 2019 la Comisión de Ética y Cumplimiento de Repsol y obra en poder de El Independiente.

Precisamente este miércoles Repsol comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la existencia de dicha auditoría interna y sus conclusiones a través de un hecho relevante. Esta comunicación se produce casi año y medio después de que se llevara a cabo el trabajo y tan sólo unos días antes de que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional tome declaración como investigado al presidente de Repsol, Antonio Brufau, por la contratación de la empresa de Villarejo para frenar a Sacyr en su intento por hacerse con el control de la petrolera de la mano de la mexicana Pemex.

Además de Brufau, también están imputados en la causa el secretario general del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo; el ex director corporativo de servicios patrimoniales de la compañía Juan de Amunátegui, y el ex director corporativo de gestión patrimonial Joaquín Uris. Según se detalla en el citado informe de cumplimiento, todos "tuvieron o pudieron tener relación con la contratación de Cenyt o con el trabajo encomendado a Cenyt".

Tras revisar los "exhaustivos trabajos internos de investigación" sobre la contratación de la empresa de Villarejo, el consejo de administración de Repsol ha reiterado este miércoles su "firme respaldo" al presidente y al consejero secretario "por su impecable actuación profesional y su total confianza en su plena honorabilidad personal". También ha expresado el compromiso de la compañía "a colaborar plenamente con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos".

'Proyecto Wine' contra Del Rivero

Se trata del mismo procedimiento en el que también tendrá que declarar como imputado el ex presidente de La Caixa Isidro Fainé. La antigua caja de ahorros catalana era el segundo accionista de Repsol -tenía en aquel momento una participación del 11,83 %- y se coordinó con la multinacional de la energía para compartir los servicios contratados a Cenyt al estar ambas afectadas por el pacto al que habían llegado Sacyr -de la mano de Luis del Rivero, entonces presidente- y Pemex para hacerse con el control de la compañía.

Desde antes de que se levantara el secreto sumarial de la causa, el juez García-Castellón ya investigaba al ex director de Seguridad de la compañía Rafael Araujo, que es quien habría servido de enlace entre Repsol y el comisario Villarejo. Es el mismo esquema que se habría seguido en La Caixa con su exjefe de Seguridad también investigado, Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Repsol comunica a la CNMV la existencia del informe casi año y medio después de que se hiciera y en vísperas de que declare Brufau

Los investigadores ven indicios de que fueron ellos quienes trasladaron a Villarejo el encargo de que espiara al expresidente de Sacyr Luis Del Rivero y que elaborara un informe de Inteligencia sobre su patrimonio y su círculo más cercano, al que denominó Proyecto Wine. Para este encargo, el comisario supuestamente se valió de información confidencial procedente de ficheros policiales gracias a la "red mafiosa" que presuntamente lideraba.

Las dos compañías, que reconocen haberse puesto de acuerdo para realizar el encargo a la compañía Cenyt del comisario y haberle pagado cientos de miles de euros por ello, niegan sin embargo que sus trabajos fueran ilegales o al menos que ellos tuvieran conocimiento en su momento de que podían incurrir en una ilegalidad por contratarle.

"Posiblemente en alguna conversación habitual entre el presidente de Repsol y el de La Caixa acordaron, cada una en su respectivo propio interés, compartir los servicios de información contratados a Cenyt, puesto que ambas entidades estaban potencialmente afectadas por el pacto Pemex-Sacyr", se puede leer en el informe interno de Repsol.

Concluye la auditoría interna de Repsol que las dos contrataciones con la empresa Cenyt se desarrollaron desde "primeros de octubre de 2011 a mayo de 2012, y la segunda, muy puntual, en abril de 2014". En concreto los pagos ascendieron a 165.000 euros (más IVA) y están fechados el 2 de noviembre (45.000 euros) y el 15 de diciembre de 2011 (75.000), y el 31 de mayo de 2012 (45.000).

El consejo de administración de Repsol reitera su "firme respaldo" a Brufau por su "impecable actuación profesional"

Concluyeron también que "los dos únicos procesos de contratación llevados a efecto para la contratación de Cenyt se tramitaron con arreglo a los procedimientos habituales seguidos en las áreas responsables de su gestión (la Dirección de Seguridad Corporativa, integrada en la Dirección Corporativa de Servicios Patrimoniales, y esta a su vez en la DC de Gestión Patrimonial) para este tipo de situaciones". Una conclusión opuesta a la que llegó la Fiscalía Anticorrupción, pidiendo que se investigue al presidente de Repsol y a los directivos implicados en la contratación del comisario por presunto delito de cohecho.

Con el apoyo y colaboración de la directora de Auditoría, Control y Riesgo, el Chief Compliance Officer de la compañía expone en el documento que se revisó "la regularidad de la contratación de la agencia de investigación Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) o de personas vinculadas a ella" y que "no se han encontrado datos objetivos que evidencien que cuando Repsol contrató, a través de la Dirección de Seguridad Corporativa, con la empresa Cenyt se conociera en la Compañía que pudieran existir impedimentos legales o administrativos para tal contratación, derivados de comportamientos de JMV [José Manuel Villarejo] o de la situación profesional o administrativa de éste".

La compañía descartó también en su auditoría que en el área de Seguridad o en otra "existiera voluntad alguna de ocultar las citadas contrataciones o de eludir o limitar su conocimiento más allá del deber de preservar la confidencialidad o reserva que, por su naturaleza, tienen las investigaciones corporativas". Igualmente, informaron de que no se habían detectado comportamientos de "empleados de Repsol dirigidos a eludir, sustraerse o saltarse los mecanismos de control establecidos por la normativa interna de compras y contrataciones, ni los controles que forman parte del Modelo de Prevención de Delitos de Repsol".

Por todo ello, consideraron los expertos en cumplimiento normativo de la petrolera que no había "indicios ni evidencias objetivas de que los servicios encargados a Cenyt conllevaron o pudieron conllevar la utilización de técnicas, procedimientos o instrumentos que podrían haber violado los derechos o libertades fundamentales de terceros o ser constitutivos de conductas ilegales. Asimismo, en ningún caso, el empleo de este tipo de métodos de trabajo formó parte de ninguno de los dos encargos de Repsol efectuados a Cenyt", finalizaron.

Como ya detalló La Caixa en un informe interno, Repsol concluyó que el trabajo de Villarejo no aportó información de valor

En el mismo sentido que ya puso de manifiesto La Caixa en la auditoría interna que llevó a cabo tras estallar el caso en la prensa, Repsol reconoce en su informe de compliance que los trabajos realizados por Cenyt aportaron "ninguna información de valor". "En una de esas reuniones, Miguel Ángel Fernández Rancaño llegó a cuestionar ante Cenyt la utilidad de sus servicios, respondiendo, al parecer, José Manuel Villarejo que era lo que podía obtenerse con el limitado Servicio contratado y que más información requeriría intensificarlo y aumentar los honorarios, lo que se rechazó por parte de Rafael Araujo y Fernández Rancaño", detalla.

Ni Repsol ni La Caixa firmaron contrato por los servicios encargados a Cenyt, sustentados en acuerdos verbales. En su informe, la petrolera recuerda que la Ley de seguridad privada vigente en 2011 "no exigía para los contratos de investigación privada el requisito de que constaran por escrito", sí en los trabajos de seguridad privada. Esa obligatoriedad se introdujo en la norma que entró en vigor el 5 de junio de 2014.